LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1952
UN INTENTO DE CAMBIO DEMOCRÁTICO

Elisa Servín

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El 6 de julio de 1952 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Miguel Alemán. Además del candidato del PRI, Adolfo Ruiz Cortines, las boletas electorales incluyeron otras tres opciones: Miguel Henríquez Guzmán, postulado por la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM), Vicente Lombardo Toledano, candidato del Partido Popular (PP) y Efraín González Luna, del Partido Acción Nacional (PAN). La candidatura de Ruiz Cortines era postulada también por el Partido Nacionalista Mexicano, en tanto que Henríquez Guzmán contaba con el apoyo de dos organizaciones sin registro oficial: el Partido Constitucionalista Mexicano, integrado por un grupo de viejos constituyentes del 17 y el Partido de la Revolución, cuyo dirigente y fundador, el general revolucionario Cándido Aguilar, renunció a su propia candidatura en mayo de 1952 para unirse en coalición a la de Henríquez. Por su parte, Lombardo Toledano era también candidato del Partido Comunista y del Partido Obrero Campesino Mexicano, ambos sin registro oficial.

La existencia de estas candidaturas confirmaba que México se encontraba ya en una etapa de desarrollo político en la que prevalecían las formas de la democracia sobre los conflictos armados o las disputas violentas por el poder. Tanto para quienes venían de escisiones en la "familia revolucionaria" como para quienes militaban en el PAN y en los partidos de izquierda, la participación político-electoral se conformaba como la vía privilegiada para expresar las inconformidades o las propuestas políticas alternativas, así como ruta de acceso para una eventual participación parlamentaria. Para el régimen alemanista, la participación de cuatro candidatos presidenciales y las condiciones de aparente tranquilidad en las que se llevaron a cabo la campaña y la elección contribuían a fortalecer la imagen construida a lo largo de seis años de gobierno, en el sentido de que el país arribaba finalmente a la institucionalización democrática, interpretación que por lo demás fue estruendosamente festejada por la prensa nacional e internacional. No obstante, detrás de la fachada se escondían las realidades de la vida política mexicana y, como quedaría más claro en los meses siguientes, al concluir el proceso electoral paradójicamente se cancelaba la incipiente posibilidad de que los conflictos políticos se resolvieran, en efecto, por la vía democrática.

¿Sucesión o reelección?

El gobierno de Miguel Alemán tuvo especial interés en la modernización económica del país y por lo tanto concentró sus afanes en consolidar la reformulación de la estrategia de desarrollo que iniciara su antecesor, Manuel Ávila Camacho. Como parte de este proceso, el régimen alemanista utilizó insistentemente un nuevo discurso en el que las nociones de progreso, desarrollo y democracia jugaron un papel central.[ 1 ]

La insistencia en el discurso democrático respondía también a las nuevas condiciones de la relación entre México y Estados Unidos, producto del fin de la Segunda Guerra Mundial y los inicios de la Guerra Fría. El mundo de la posguerra se dividía de acuerdo con los vencedores en dos grandes bloques, el que conformaba el llamado mundo libre, democrático, en el que Estados Unidos era líder indiscutible, y el que comprendía el ámbito de influencia de la Unión Soviética, el llamado bloque comunista. En este contexto, el gobierno mexicano intentaba asegurar un lugar en el conjunto de las naciones democráticas, con miras a participar de los beneficios de la alianza con el llamado "hemisferio occidental".

En el terreno de las prácticas políticas, sin embargo, el gobierno de Alemán se caracterizó por lo que Luis Medina ha llamado "la modernización del autoritarismo".[ 2 ] Desde los primeros días de su mandato, el presidente se aseguró de fortalecer los mecanismos de control político tanto en el interior del partido oficial como en la relación con el Congreso de la Unión y los poderes estatales. A la vez, el alemanismo se impuso sobre el conjunto de la clase política, desplazando y excluyendo a quienes venían de otras corrientes y afiliaciones y, en particular, a quienes no ocultaban su adhesión al cardenismo. En relación con los grupos y las demandas sociales, el gobierno recurrió a la manipulación e incluso a la represión cuando lo consideró necesario, con tal de imponerse sobre los liderazgos sindicales, los grupos campesinos, los estudiantes y todos aquellos sectores que insistieron en mantener su independencia del control oficial. En suma, a lo largo de los tres primeros años del sexenio se ajustaron las cuerdas del control político y, pese a la formulación y el uso recurrente de un discurso democrático, el gobierno de Miguel Alemán consolidó las prácticas más autoritarias del sistema político mexicano.

Las elecciones legislativas de 1949 confirmaron que, más allá de las formas, la democracia electoral estaba lejos de ser realidad, pese a los pretendidos esfuerzos de modernización política.[ 3 ] El recién constituido Partido Popular, dirigido por Lombardo Toledano, se enfrentó por primera vez a los obstáculos impuestos a la participación electoral desde la oposición. Tanto sus dirigentes como los del PAN denunciaron infructuosamente las notorias irregularidades cometidas en las elecciones, en las que el PRI se impuso en todos los niveles de la elección.[ 4 ] Al año siguiente, en febrero de 1950, se llevó a cabo la I Asamblea Nacional Ordinaria de este partido en la que se acordó reformar los mecanismos de elección de candidaturas, sustituyendo las elecciones primarias por el nombramiento en asambleas, lo que en la práctica facilitó la designación cupular de las candidaturas. [ 5 ] La Asamblea priista se manifestó también abiertamente en contra de las actividades políticas que empezaban a darse con motivo de la sucesión presidencial. El freno tajante al "futurismo" sería la línea que la dirigencia del PRI imponía a sus huestes, siguiendo las órdenes del presidente Alemán.

Los llamados a frenar el futurismo se explicaban ante la anticipación con la que empezó a considerarse el asunto de la sucesión. Ya desde finales de 1949 se dieron algunas señales de los caminos que tomaría este proceso en los siguientes dos años. Empezaba a flotar en el ambiente la creencia de que el férreo control político que ejercía Alemán, aunado al intenso culto a su personalidad que realizaban sus colaboradores, el grueso de la clase política y la prensa, lo llevaría a intentar buscar su permanencia en el poder.

A mediados de 1950 era claro que existía una intensa campaña reeleccionista en la que algunos vieron la mano del secretario particular de la Presidencia, el licenciado Rogerio de la Selva, y del jefe del Estado Mayor Presidencial, el general Santiago Piña Soria.[ 6 ] En junio se anunció la formación del partido, "artículo 39 constitucional", que buscaría reformar la Constitución para permitir la reelección del presidente por "mandato popular". En las semanas siguientes se incrementaron las declaraciones de diversos políticos a favor de la permanencia presidencial, las que provocaron a su vez que otros personajes, incluidos dos ex presidentes de la república, se manifestaran enérgicamente en su contra. La polémica se mantuvo hasta el 1 o. de septiembre, cuando el propio presidente negó durante su cuarto informe presidencial estar interesado en reelegirse. Además de pedir a los partidarios de la reelección que desistieran de sus actividades, Alemán insistió en requerir que se frenaran los trabajos "futuristas".[ 7 ]

A la par de los intentos reeleccionistas, desde los primeros meses de 1950 la prensa reportaba ya los incipientes trabajos políticos que empezaban a desarrollarse a favor de algunos posibles sucesores, pese a los abiertos llamados de la dirigencia del PRI en contra de estas actividades.[ 8 ] Los nombres del secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines; el gobernador de Coahuila, Raúl López Sánchez; el secretario de Hacienda, Ramón Beteta, entre otros, se mencionaban cada vez con más frecuencia en los pasillos y las columnas políticas. No obstante, destacaba entre ellos el licenciado Fernando Casas Alemán, quien ocupaba la jefatura del Departamento del Distrito Federal; sin parentesco directo con el presidente se pensaba, no obstante, que se trataba del político más identificado con el alemanismo y por lo tanto quien sin duda sería continuador de las políticas de este régimen. Por ello se le atribuyó la condición de ser el candidato del continuismo, estrategia alternativa a través de la cual también se consideraba que el alemanismo buscaría su permanencia en el poder.

La posibilidad de que el presidente o sus colaboradores más cercanos quisieran crear un ambiente propicio para la reelección, o imponer una candidatura continuista, aceleró los movimientos de quienes, marginados por el alemanismo, deseaban participar en el proceso de la sucesión presidencial para regresar a la política. Al igual que en 1944, en 1950 se inició el agrupamiento de políticos y ex funcionarios de los gobiernos cardenista y avilacamachista, quienes descontentos con el presidente empezaron a unirse en torno de la posibilidad de construir una candidatura que, ya fuese desde el PRI o desde fuera, les permitiera presionar y ganar espacios políticos en la coyuntura del cambio de gobierno.[ 9 ]

Para personajes como el ingeniero César Martino, los coroneles Wenceslao Labra y Ernesto Soto Reyes, o los licenciados Raúl Castellano y Agustín Leñero, entre otros, la precandidatura del general Miguel Henríquez Guzmán ofreció en un primer momento la posibilidad de presionar al PRI para que retomara la bandera del cardenismo y, sobre todo, los reintegrara al ámbito político. El general Henríquez formaba parte de la generación de militares de "la Revolución" que se había educado en las batallas político-militares de los años veinte y treinta. Amigo personal y colaborador cercano de Lázaro Cárdenas, en 1945 Henríquez había intentado convertirse en el candidato presidencial del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), proceso en el que fue derrotado ante el consenso generado por Ávila Camacho en torno de la candidatura presidencial de Miguel Alemán. Pese a ello, en 1946 sus partidarios organizaron un partido político, la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM), que intentó, sin conseguirlo, sostener su candidatura independiente.[ 10 ] A finales de 1949 Henríquez empezó a coquetear nuevamente con la idea de ser el próximo presidente de la república.

En julio de 1950 Wenceslao Labra y Ernesto Soto Reyes se presentaron ante la prensa como miembros del Comité de Auscultación pro Henríquez Guzmán y dieron a conocer una estrategia que parecía tener dos frentes.[ 11 ] El primero consistía en intentar abrir la sucesión, presionando a la dirigencia del PRI para que considerara la precandidatura de Henríquez y autorizara la discusión pública de todas las posibles precandidaturas. Sin embargo, si la presión en el interior del PRI no prosperaba, los henriquistas se lanzarían de cualquier manera a la competencia electoral por la presidencia de la república. Por esa razón, anunciaron también la reorganización de lo que se convertiría de nuevo en un partido político independiente, la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano.

Así, en contraste con las actividades de los otros precandidatos del PRI que trabajaban discretamente para no contrariar al presidente Alemán y a la dirigencia del partido, los henriquistas se dedicaron abiertamente a las actividades proselitistas en las cámaras de Diputados y Senadores, en los sindicatos, en las colonias populares de la ciudad de México, en la UNAM y el Politécnico, además de los trabajos que desarrollaban ya en diversos estados de la república. En todos los casos se invitaba a la población a afiliarse a los comités promotores de la precandidatura, con miras a presentarla ante la convención del PRI cuando llegara el momento de hacerlo.

Sin detenerse ante los crecientes llamados a mantener la disciplina y evitar el "futurismo", a finales de octubre los dirigentes henriquistas anunciaron en un "Mensaje al pueblo mexicano" que, ante la "entusiasta respuesta popular" en favor de su precandidato, los suscritos se proponían "coordinar y orientar las actividades cívicas en favor de dicha precandidatura". En lo que era el anuncio formal de estos trabajos, argumentaban que "no actuar sino hasta que se nos dé el permiso o la orden sería lesivo para nuestros derechos y obligaciones y oprobio para las instituciones democráticas consagradas en nuestras leyes fundamentales". Por otra parte, afirmaban también que sus actividades no perjudicaban a la administración pública ni alteraban el "ritmo de la vida nacional" y más bien respondían a una creciente preocupación colectiva en relación con el "próximo periodo presidencial".[ 12 ] Por lo demás, argumentaban en su favor que los otros aspirantes a la presidencia también se encontraban trabajando por sus candidaturas, aunque "en secreto". No obstante, pese a sus argumentos en favor de abrir el proceso de selección del candidato presidencial priista, la respuesta del aparato oficial fue negativa. A finales de 1950 la dirigencia del PRI decidió actuar en contra del henriquismo con el pretexto de los trabajos para constituir una nueva central campesina que se proponía como alternativa ante la inmovilidad de la Confederación Nacional Campesina (CNC).

El 23 de noviembre de 1950 se publicó en los periódicos el "Manifiesto a los campesinos de México" en el que se expresaba una severa crítica a la política agraria del gobierno alemanista, así como a la actitud antiagrarista de la central campesina del PRI. Quienes firmaban el documento invitaban a la formación de una organización alternativa que se proponía encabezar la lucha por las demandas campesinas y la defensa de la reforma agraria cardenista.[ 13 ] A finales de 1950 César Martino y Wenceslao Labra se encontraban ya trabajando activamente en varios estados de la república para promover a la nueva organización agrarista que después se convertiría en el sostén fundamental de la FPPM. Los organizadores de lo que habría de ser la Unión de Federaciones Campesinas de México (UFCM) manifestaron desde el inicio su interés en que la nueva central permaneciera en el PRI, aunque no ocultaron que nacía con el compromiso de actuar en favor de la precandidatura de Henríquez.

Las actividades organizativas de las federaciones campesinas estatales que formarían parte de la UFCM obligaron a la dirigencia del PRI a desplegar sus recursos en el campo, buscando fortalecer por todos los medios el control oficial sobre las organizaciones agrarias. El mensaje de la dirigencia priista enfatizó la necesidad de mantener la disciplina y la unidad frente a la propuesta henriquista. No obstante, pese a los llamados al orden, el uso de mecanismos de control político, el clientelismo y la eventual represión de autoridades locales, entre 1950 y los primeros meses de 1952 se fundaron federaciones en casi todos los estados de la república.[ 14 ]

En los primeros días de diciembre de 1950 Sánchez Taboada mostró a la prensa un mensaje firmado por César Martino en el que éste le comunicaba el establecimiento de la Federación Campesina del Estado de México y le anunciaba que en su oportunidad ingresaría al PRI :

Tal mensaje -dijo el dirigente priista- expresa que los de dicha federación no pertenecen al PRI. La única central campesina que reconocemos es la CNC [...] los únicos que se han colocado al margen del partido son los señores Martino y Labra que están actuado fuera de las normas de nuestra institución, hasta el punto de que indebidamente usan el nombre del PRI. [ 15 ]

La declaración fue el preámbulo de una posterior expulsión del partido que se extendió a Bartolomé Vargas Lugo, Ignacio García Téllez, Agustín Leñero, Raúl Castellano y Ernesto Soto Reyes. Todos fueron acusados de deslealtad e indisciplina por atentar contra la CNC y sobre todo, porque las nuevas organizaciones locales estaban trabajando abiertamente por la precandidatura henriquista.[ 16 ]

En la respuesta que a nombre del Comité Nacional de Orientación pro Henríquez Guzmán ofrecieron Soto Reyes y Labra se sintetizaba el razonamiento político que los había llevado a enfrentarse a la dirigencia priista:

El presidente del PRI puede invitar a los miembros del mismo a que aplacen la actividad política, pero no ordenar ni dar consignas categóricas impidiendo el ejercicio de los derechos cívicos comunes a todos los mexicanos, ni la práctica inherente a todo partido [...] el Comité de Orientación pro Henríquez Guzmán tiene derecho a iniciar y seguir una campaña en favor del candidato que más le satisfaga sin que exista en los estatutos del PRI ningún precepto que lo impida [...] a no ser que, de antemano, el presidente del PRI tenga su propio candidato. [ 17 ]

Tal y como habían insistido durante meses, los dirigentes henriquistas demandaban un espacio de participación política más amplio y exigían el retorno a una fórmula que parecía menos autoritaria: abrir dentro del PRI los mecanismos de discusión política en relación con las precandidaturas presidenciales. No obstante, las puertas del partido permanecieron cerradas a toda manifestación disidente.

A lo largo de 1951 la dirigencia del PRI insistió en fortalecer la disciplina como norma de conducta política. No obstante, pese a los esfuerzos por controlar a las fuerzas políticas impidiendo el juego abierto de las precandidaturas, a nivel local prosiguieron los trabajos de organización, en particular en favor de Casas Alemán y Ruiz Cortines. Éstos coincidieron con una campaña a favor de la prórroga del mandato presidencial, que sustituyó a la que se había desarrollado en 1950 en torno de la reelección. La campaña prorroguista se sostenía en la supuesta necesidad de darle continuidad a la obra desarrollista del alemanismo, así como en la amenazante coyuntura externa, producto de la guerra de Corea. Al igual que los intentos reeleccionistas, los trabajos a favor de la prórroga del mandato presidencial seguían teniendo su origen en las oficinas de la secretaría particular de la Presidencia.[ 18 ] No obstante, a mediados de 1951 esta campaña y el retraso en los trabajos para designar al candidato del PRI habían creado ya un ambiente de intranquilidad cada vez más difícil de controlar, al que se añadía la posibilidad de que el henriquismo continuara alimentándose del descontento político.

El 1 o. de septiembre, en su quinto informe presidencial, Miguel Alemán anunció su disposición para entregar la presidencia de la república al terminar su mandato a quien la hubiera ganado en las urnas. Pocos días después, el PRI dio a conocer la convocatoria a la Asamblea Nacional Ordinaria en la que se debería nombrar al candidato presidencial. Ésta era la señal de arranque anunciada en ocasiones anteriores por Sánchez Taboada para que empezaran las actividades electorales dentro de los marcos establecidos por el partido. Sin embargo, ya desde algunos días antes, varias organizaciones, seguras de la popularidad de su candidato, habían lanzado abiertamente la precandidatura de Casas Alemán con publicaciones a plana entera en la prensa capitalina.[ 19 ]

Al día siguiente de que se expidiera la convocatoria, el regente dirigió un mensaje a sus partidarios, pidiéndoles que orientaran sus preferencias a través de los canales del partido. Sin embargo, más o menos al mismo tiempo, el general Cárdenas conversaba con su amigo, el ingeniero Adolfo Orive Alba, quien le informaba que los amigos cercanos de Alemán habían rechazado la candidatura del regente. El "elemento oficial" -que incluía al ex presidente Ávila Camacho- prefería a Ruiz Cortines como candidato, pese a que algunos consideraban que su edad era un impedimento para soportar la responsabilidad de la presidencia.[ 20 ] Ciertamente, el 19 de septiembre Casas Alemán anunció que no participaría en la contienda por la candidatura del PRI.[ 21 ]

El 1 o. de octubre Sánchez Taboada terminó con la especulación al declarar que "las agrupaciones y las personas que integran nuestro partido han tomado el acuerdo de sostener en nuestra convención la candidatura de Adolfo Ruiz Cortines". Al día siguiente la cnop se limitó a proclamar su apoyo, seguida por la ctm y la CNC. En el transcurso de los días siguientes, Ruiz Cortines fue aclamado masivamente como el mejor hombre para dirigir al país y el 13 de octubre la Asamblea Nacional del PRI lo declaró unánimemente como su candidato oficial a la presidencia de la república. [ 22 ]

Las candidaturas de oposición

En los primeros días de 1951, semanas después de la expulsión de sus partidarios de las filas priistas, el general Henríquez acompañado por su amigo el general Marcelino García Barragán anunció en una conferencia de prensa su decisión de aceptar la invitación de sus seguidores para participar en la contienda presidencial. Aunque no quedaba del todo claro si persistiría en buscar la candidatura del PRI, lo cierto es que a partir de ese momento se aceleraron los trabajos de reorganización de la FPPM.

La Asamblea Nacional Constitutiva de este organismo se llevó a cabo del 29 al 31 de marzo de 1951 con la asistencia de casi cuatrocientos delegados de todo el país.[ 23 ] El 4 de junio la Federación quedó registrada como partido político nacional permanente en la Secretaría de Gobernación. Sus dirigentes demostraron la celebración de asambleas constitutivas en veintiocho estados de la república, así como la membresía de 43 403 ciudadanos, resultado de varios meses de un acucioso trabajo de afiliación por todo el país.[ 24 ] La reconstitución de la FPPM como partido político permanente respaldó la participación del henriquismo en el proceso electoral, sujetándolo a los mecanismos de la formalidad democrática con los que aparentemente se resolvería la contienda presidencial. Enarbolando un discurso democrático, los henriquistas llamaron a la participación electoral como vía de manifestación del descontento y como opción de cambio político.

Ciertamente, a esas alturas el henriquismo había logrado movilizar a diversos grupos sociales en distintos puntos del país, los que reconocían en la FPPM un canal de expresión para la inconformidad política y social de la que habría de beneficiarse el henriquismo a lo largo de la campaña. Más aún, para algunos de sus militantes, la FPPM debía convertirse en una instancia permanente que trascendiera la coyuntura electoral y reivindicara cotidianamente el proyecto revolucionario. En una peculiar coincidencia con la propuesta que había desembocado en la creación del Partido Popular en 1947, había quienes desde el henriquismo trataban de darle a la contienda política una opción formal, institucional, que operara como alternativa al PRI. Así lo expresaba el periodista Francisco Martínez de la Vega, henriquista prominente, en sus editoriales en el semanario Hoy :

Si (la FPPM) insiste en la defensa de esos postulados y hace de ellos su plataforma y su guía, tendremos en la política mexicana, por primera vez desde 1910, el caso de un partido revolucionario independiente, cuya aparición hay que saludar con alborozo, siempre que se trate de un esfuerzo permanente y no de un partido circunstancial, concebido y limitado para una sola elección. [ 25 ]

Los henriquistas no fueron los únicos que en aras de los reacomodos sucesorios y la disputa por el poder reivindicaron su origen y su vocación revolucionaria. A lo largo de 1951 se llevaron también a cabo los trabajos a favor de la candidatura presidencial del general Cándido Aguilar, el viejo revolucionario veracruzano. Amigo personal de Miguel Alemán, el general Aguilar fue designado vocal ejecutivo de la Comisión Coordinadora de Asuntos Campesinos de la Presidencia al iniciarse el gobierno alemanista. No obstante, Aguilar renunció en 1948 a esta comisión, alegando falta de apoyo presidencial.[ 26 ] Cuando las maniobras reeleccionistas empezaron a hacerse evidentes, Aguilar manifestó públicamente su absoluto rechazo e inició los preparativos para lanzar su propia candidatura a la presidencia. Éstos se legitimaron en la defensa de los principios básicos de la Revolución.

En los primeros meses de 1951 Aguilar coqueteó con la posibilidad de ser el candidato del incipiente Partido Constitucionalista Mexicano, formado a finales de 1950 por un grupo de constituyentes del Congreso de 1917, entre quienes resaltaban Ignacio Ramos Praslow, Andrés Magallón, Francisco J. Múgica y Amílcar Vidal, entre otros.[ 27 ] Los constitucionalistas también se mostraban particularmente preocupados por los intentos reeleccionistas y se aprestaban a la defensa de los principios constitucionales, en especial el de la "no reelección". No obstante, el acuerdo con los constitucionalistas no prosperó y Aguilar concentró sus fuerzas en la organización de su propio partido, integrado fundamentalmente por grupos campesinos de Tamaulipas y Veracruz, sus zonas de influencia. El 3 y 4 de abril de 1951 se llevó a cabo la Convención para constituir al Partido de la Revolución. Aunque sus dirigentes presentaron las treinta mil afiliaciones que señalaba la ley como requisito, en julio la Secretaría de Gobernación les negó el registro como partido político nacional.[ 28 ] De cualquier manera, el 20 de noviembre el Partido de la Revolución postuló a Cándido Aguilar como su candidato a la presidencia de la república, durante los trabajos de su II Asamblea Nacional realizada en Córdoba, Veracruz, y a la que asistieron 22 delegaciones estatales.[ 29 ]

Las actividades políticas de henriquistas, constitucionalistas y aguilaristas dejaron ver que para la autodenominada "oposición revolucionaria" el problema político central consistiría en encontrar la forma de unificarse en torno de una propuesta política y una candidatura presidencial común. Además de Henríquez Guzmán y Cándido Aguilar, Vicente Lombardo Toledano también quiso disputar la candidatura que podría articular lo que quedaba de la izquierda oficial.

Pese a los llamados a la unidad que se realizaron a lo largo de 1951, lo cierto es que la candidatura de Henríquez no resultaba atractiva para las fuerzas de izquierda. Por su parte, la candidatura de Lombardo era previsible prácticamente desde que se fundó el Partido Popular, aunque él anunció personalmente al general Cárdenas su intención de ser candidato presidencial en julio de 1950.[ 30 ] Pese a que Lombardo había insistido desde entonces en la necesidad de que las "fuerzas progresistas" tuvieran un solo candidato de unidad, lo cierto es que su designación como candidato presidencial del PP en una asamblea realizada el 15 de diciembre agudizó la rivalidad entre las fuerzas que competían por el apoyo de las bases sindicales y campesinas que se mantenían fuera del control priista. Éstas se verían obligadas a fraccionar su lealtad y sus votos, como sucedió por ejemplo con los sindicatos que formaban parte de la UGOCM. Por lo demás, a finales de diciembre el Partido Comunista se sumó a la candidatura de Lombardo y manifestó su acuerdo con la plataforma electoral del Partido Popular. Un mes después se unió también el Partido Obrero Campesino Mexicano.

Por su parte, el 20 de noviembre Efraín González Luna se convirtió en el primer candidato presidencial del PAN, designado en una convención del partido a la que asistieron cuatro mil delegados.[ 31 ] Por primera vez en su historia, Acción Nacional optaba por la participación en una elección presidencial con un candidato propio y rechazaba la actitud abstencionista que había caracterizado a un núcleo importante de sus fundadores y dirigentes. Con la candidatura de González Luna se completaba el cuadro de candidatos que, desde posiciones ideológicas bien definidas y ajustándose a los parámetros de la democracia formal, intentaron combatir el monopolio electoral priista.

La campaña presidencial

La existencia de cinco candidatos presidenciales en la primera etapa de la campaña la definió como la gira más competida de la historia posrevolucionaria hasta 1982, en que se postularon siete candidatos. El gobierno federal recalcó su respeto por las reglas de la democracia, discurso acorde con la propuesta modernizadora del alemanismo. No obstante, los mecanismos para aprobar una nueva reforma de la legislación electoral y las confrontaciones que se dieron desde los inicios de la campaña a nivel local mostraron que más allá del discurso gubernamental, las prácticas políticas reales resultaron ser particularmente autoritarias.

Desde agosto de 1951 se empezó a plantear la posibilidad de una alianza de los partidos de oposición a favor de una nueva reforma a la Ley Electoral que permitiera avanzar por el camino del sufragio efectivo. A finales de octubre los partidos políticos, con excepción del PRI y el PAN, firmaron un pacto de acción conjunta en ese sentido. Proponían darle mayor peso a los partidos en los órganos electorales y disminuir la presencia gubernamental y del PRI. Proponían también incluir la representación proporcional en el Congreso.[ 32 ] El Senado fue escenario de una intensa discusión entre representantes del PP y el PRI, en la que se expusieron los argumentos en favor de la reforma electoral que proponía la oposición. No obstante, el 3 de diciembre se aprobó sin cambios la iniciativa presidencial para una nueva Ley Electoral, cuyas modificaciones fundamentales eran la creación de la Comisión Federal Electoral y del Registro Federal de Electores. El PRI, el PAN y la FPPM obtuvieron representación en la Comisión.

En julio de 1951 el general Henríquez tomó posesión formalmente como candidato a la presidencia postulado por la FPPM. El 19 de agosto inició su gira electoral en la ciudad de Colima. Aprovechando la pretendida inmovilidad política de los priistas que aún no tenían candidato, los dirigentes del henriquismo radicalizaron el tono oposicionista con miras a obtener el triunfo electoral. Desde los inicios de la campaña destacó la participación de personajes como César Martino, José Muñoz Cota, Marcelino García Barragán, Francisco Martínez de la Vega, Graciano Sánchez, Francisco J. Múgica, Ernesto Soto Reyes, Celestino Gasca y otros políticos y representantes estudiantiles, juveniles y femeniles relevantes a nivel regional y local.

A lo largo de los casi once meses que duró su campaña, los henriquistas proclamaron una y otra vez sus críticas contra el gobierno alemanista, asumiéndose como los herederos legítimos de la Revolución. La mayoría de los discursos que se pronunciaron durante la gira hacían hincapié en la necesidad de retomar el proyecto revolucionario, al que consideraban traicionado por el gobierno de Alemán. Así, se volvieron temas centrales de la campaña las críticas a la redefinición de la política agraria y las relaciones entre el gobierno y los sindicatos, así como los cuestionamientos a la corrupción gubernamental y la creciente cerrazón de los procesos electorales. Además, los henriquistas reivindicaron la defensa de la soberanía, la democracia y el nacionalismo.

En el transcurso de los meses siguientes se incorporaron a la campaña los otros candidatos, quienes también recorrieron a lo largo y ancho el país en busca de votos en su favor. No obstante, pronto se hizo evidente que la principal fuerza de oposición se concentraba en la movilización henriquista. Apoyados en los vastos recursos económicos de la familia Henríquez Guzmán, los dirigentes de la FPPM lograron movilizar el descontento social y político contra el gobierno de Alemán. En los estados donde la campaña resultó más exitosa en términos de movilización social, se contaba con la simpatía e incluso la abierta militancia de ex gobernadores o políticos prominentes de la región, quienes, marginados del juego político por la exclusividad alemanista, pusieron al servicio del henriquismo los recursos y la fuerza política con los que todavía contaban.[ 33 ]

Las campañas de la oposición en su conjunto tuvieron como eje común la reivindicación de los derechos democráticos de los ciudadanos y el rechazo a la imposición de un candidato oficial. Tanto Henríquez y Aguilar como Lombardo Toledano y González Luna hicieron de la campaña un foro para expresar su desacuerdo con el autoritarismo priista y proponer la democratización de la vida política mexicana. Las propuestas democratizadoras de la oposición contrastaron con el hostigamiento y la violencia que se presentaron en distintos momentos de la gira. A lo largo de la campaña se hizo evidente la enorme distancia entre el discurso emanado del gobierno federal y las prácticas políticas reales, particularmente en los pueblos y localidades del interior del país. Pese al aparente respeto a las reglas formales de la democracia proclamado por el gobierno alemanista, desde un principio y a lo largo de la campaña se presentaron dificultades con las autoridades locales y los gobiernos estatales, mismas que fueron denunciadas invariablemente por la dirigencia henriquista y los otros partidos de oposición.[ 34 ] El hostigamiento más violento se dio en contra de los partidarios del general Henríquez, pero incluyó también las descalificaciones en contra de Lombardo Toledano y González Luna, acusados cotidianamente en la prensa de ser los candidatos del "comunismo" y la "reacción". Los obstáculos a las candidaturas de oposición, y en especial a la henriquista, contrastaron con el favoritismo de las autoridades a la candidatura oficial, lo que contribuyó a alimentar el encono y la violencia con la que se enfrentaron priistas y henriquistas en algunas zonas.[ 35 ] A lo largo de la campaña electoral, la oposición criticó una y otra vez el despliegue de recursos que generaba la gira del candidato del PRI. Pese a su poca popularidad, Adolfo Ruiz Cortines contó con toda la fuerza del aparato oficial.

En la medida en que creció la movilización henriquista, tanto el Partido Popular como el Partido de la Revolución consideraron la posibilidad de una alianza en torno de la candidatura de Henríquez que favoreciera la derrota electoral del PRI. Ciertamente, a lo largo de la campaña el henriquismo se había inclinado gradualmente hacia la izquierda, buscando un acercamiento que redundara en una candidatura presidencial común. Ya desde finales de 1951 Lombardo Toledano y Cándido Aguilar habían formalizado una alianza en torno de una plataforma electoral que sostendrían conjuntamente el Partido Popular, el Partido de la Revolución y el Partido Comunista Mexicano. En los primeros días de enero de 1952 se llevó a cabo en Querétaro la Convención del Partido Constitucionalista Mexicano, en la que participaron contingentes tanto de este partido como de la FPPM, del Partido Popular y del Partido de la Revolución. Los representantes del PP enfatizaron en la convención constitucionalista su interés por que se conociera y discutiera la plataforma mínima electoral que el Partido Popular proponía como camino hacia la unificación de la "oposición revolucionaria". No obstante, el 6 de enero la Convención tomó la protesta al general Henríquez como su candidato presidencial, quien se comprometió a cumplir con la declaración de principios y el programa de acción de este partido.[ 36 ]

Después de varias semanas de negociaciones, el 31 de marzo representantes del PP, el pr y la FPPM anunciaron un acuerdo para formular en común una plataforma mínima electoral, así como para definir una lista común de candidaturas a diputados y senadores. El 2 de abril se reunieron a comer los tres candidatos presidenciales acompañados de altos dirigentes de sus partidos.[ 37 ] Al término de la comida los tres candidatos firmaron un texto manuscrito elaborado por Lombardo y al que sólo cambiaron la palabra "progresistas" por la de "revolucionarias". El documento decía:

El día de hoy nos hemos reunido, acompañados por miembros dirigentes de nuestros respectivos partidos, para cambiar impresiones sobre la situación política nacional y significar nuestro común propósito de contribuir a una resolución democrática y pacífica del problema de la sucesión presidencial. Nos hemos reunido con el ánimo de servir leal y resueltamente a los intereses del pueblo y de la nación. Comprobamos con satisfacción los progresos logrados en el camino de unificar a las fuerzas revolucionarias en torno a una plataforma de principios, para responder al profundo anhelo que nuestro pueblo siente de un cambio decisivo en la situación económica, social y política del país. Nos complace enviar a todos los mexicanos un mensaje de fe y aliento por el buen éxito de su histórica lucha por la libertad. [ 38 ]

De acuerdo con lo dicho por el general Aguilar casi un mes después, en esta comida Lombardo y Aguilar habrían acordado de manera informal apoyar la candidatura de Henríquez, quien ciertamente ofrecía mayores posibilidades de triunfo.[ 39 ] No obstante, en mayo, al cerrarse el plazo para el registro de candidaturas, Lombardo rompió el presunto acuerdo y se registró como candidato del Partido Popular argumentando que así lo habían decidido las bases del partido. A mediados de mayo, después de realizar fuertes críticas a Lombardo acusándolo de romper el pacto de unidad, Aguilar retiró formalmente su candidatura a la presidencia y anunció que el 25 de mayo daría el apoyo formal a la candidatura de Henríquez Guzmán. También los líderes del Partido Comunista acusaron a Lombardo de divisionista cuando se negó a retirar su candidatura para entrar en coalición con la Federación de Partidos.[ 40 ]

El 16 de mayo la FPPM dio a conocer la planilla de sus candidatos a senadores y diputados, en la que se incluyeron los representantes de los otros partidos que sostenían la candidatura de Henríquez.[ 41 ] Entre ellos destacaban como candidatos a senadores Teódulo García, del Partido de la Revolución, por Guanajuato; Dionisio Encinas Rodríguez, secretario del Partido Comunista, por Coahuila -lo que anticipó el apoyo que este partido daría después de las elecciones al general Henríquez-, y los constitucionalistas Francisco J. Múgica por Michoacán y Porfirio del Castillo por Puebla, entre otros.[ 42 ]

Hacia el final de la campaña los dirigentes de la oposición incrementaron sus acusaciones en contra de un posible fraude electoral, al denunciar, por ejemplo, que algunos líderes sindicales y presidentes de comisariados ejidales recogían indebidamente credenciales de elector.[ 43 ] El 2 de julio la dirigencia de la FPPM sostuvo una entrevista con Alemán para expresar su preocupación por las irregularidades en la organización electoral.[ 44 ] El presidente prometió respeto a las reglas de la democracia.

No obstante, a pesar de sus reivindicaciones democráticas y sus proclamados principios cívicos, los henriquistas eran acusados cada vez más de incitar a la violencia y de prepararse para una revuelta armada después de las elecciones. Propiciaba estas acusaciones el hecho de que Henríquez Guzmán y algunos de los principales dirigentes de la FPPM fueran militares, quienes a lo largo de la gira realizaron múltiples llamados a defender la revolución y el supuesto triunfo electoral por cualquier vía. A principios de junio tanto el presidente Alemán como el general Gilberto R. Limón, secretario de la Defensa Nacional, insistieron en señalar que las elecciones serían pacíficas y ordenadas. Pese a que el discurso oficial hablaba de la madurez cívica del pueblo mexicano y aseguraba el avance democrático, en los hechos se notaba el nerviosismo gubernamental ante la posibilidad de que se presentaran conatos de violencia postelectoral en algunas zonas del país.

A finales de junio, la Comisión Federal Electoral determinó que el ejército se hiciera cargo de cuidar el orden público durante el proceso electoral, decisión a la que se opuso el representante de la FPPM.[ 45 ] En un ambiente de tensión y acusaciones mutuas, la Secretaría de Educación Pública ordenó que se suspendieran las clases en secundarias, normales y universidades desde el 20 de junio y hasta después de las elecciones para prevenir que los estudiantes sucumbieran al clima de agitación y contribuyeran a alimentar posibles reacciones de violencia electoral.[ 46 ]

Las elecciones del 6 de julio

A lo largo de la campaña tanto el gobierno como los partidos políticos exhortaron a la población para que se empadronara y demostrara su madurez política ejerciendo sus derechos ciudadanos. En los días previos al domingo 6 de julio el discurso oficial enfatizó los llamados a sostener unas elecciones limpias y ordenadas que demostraran el avance democrático del país y la distancia frente a los tiempos en que los militares se hacían del poder por la fuerza de las armas. La prensa estadounidense señalaba desde meses antes de la elección que México se acercaba a la democracia al mejorar su legislación electoral, al darle mayor participación a la oposición y al abrir la posibilidad de que ésta obtuviera una verdadera representación legislativa. Aunque no se ponía en duda el triunfo presidencial del PRI, se consideraba que la oposición avanzaría en los resultados electorales legislativos y que el gobierno tendría la madurez política para reconocer esos triunfos.[ 47 ]Ciertamente, la elección se presentaba como una excelente oportunidad para darle representación política institucional a quienes optaban por manifestar de esa manera su descontento.

La pretendida imparcialidad que pregonaba el gobierno federal contrastó sin embargo con los preparativos electorales que en la práctica implementaba la maquinaria oficial. Los procesos de elaboración del padrón así como el nombramiento de los funcionarios de casillas y la ubicación de las mismas adolecieron de múltiples irregularidades e hicieron evidente que los primeros interesados en pasar por encima de la nueva legislación electoral eran las autoridades locales y los representantes del PRI.

En mayo se anunció con gran despliegue publicitario que el padrón electoral ascendía a 4 922 468 ciudadanos, lo que superaba en más de un 100% al registro electoral anterior y hablaba de la madurez política de los mexicanos.[ 48 ] No se señaló, sin embargo, que en muchos estados de la república el proceso de empadronamiento quedó en manos de las autoridades municipales que trabajaron con el PRI para levantar el padrón electoral. Quienes pertenecían a la oposición fueron marginados inicialmente del registro o simplemente no recibieron su credencial de elector. Además del padrón, los nombramientos de representantes de casilla y la ubicación de las mismas se dieron pasando por encima de diversos artículos de la Ley Electoral. En el caso de los funcionarios de casilla se nombraron exclusivamente personas propuestas por el PRI. Pocos días antes de las elecciones ni la ubicación exacta de la casillas ni las listas de electores se daban a conocer a la oposición, cuyos representantes no pudieron tener control del número de boletas correspondientes a cada casilla.[ 49 ]

Las elecciones se llevaron a cabo en un ambiente de aparente tranquilidad sobre todo en las ciudades más importantes del país. Aunque las declaraciones oficiales señalaron que ésa había sido la jornada electoral más tranquila de los últimos cincuenta años, lo cierto es que más de ochenta mil soldados y policías fueron apostados en las casillas de todo el país para prevenir cualquier estallido de violencia.[ 50 ]

El domingo 6 por la noche la oficina de prensa de la Presidencia ofreció los primeros informes de cifras electorales en los que se atribuía a Ruiz Cortines una ventaja de casi cuatro a uno sobre sus contrincantes. Casi inmediatamente después de que la votación hubiera terminado, el PRI también anunció el triunfo de su candidato y empezó a dar a conocer cifras preliminares. No obstante, las versiones de Presidencia y del PRI contrastaban con los informes que empezaron a llegar a las oficinas henriquistas el domingo en la noche y en el transcurso de los días siguientes, en donde se notificaba el triunfo de la candidatura presidencial henriquista y/o de los candidatos a la legislatura en diversos puntos del país, a la vez que se daban a conocer las irregularidades que habían percibido los representantes de la oposición.[ 51 ]

En efecto, en el transcurso de la jornada electoral se presentaron múltiples denuncias y quejas por violaciones a la ley en todas las casillas donde hubo presencia de la FPPM, el PAN y el PP, mismas que se agudizaron al terminar este proceso. En la mayoría de los casos los representantes de los partidos de oposición y/o de sus candidatos vieron obstaculizadas sus actividades y no pudieron impedir que los encargados de las casillas, casi siempre en asociación con los representantes del PRI, manejaran las elecciones a su antojo.

De acuerdo con los reportes que llegaron a las oficinas de la FPPM, en el Distrito Federal la mayoría de los representantes de la oposición no fueron aceptados por los presidentes de casilla, casi siempre aduciendo que su nombramiento no estaba correctamente registrado. En muchos casos las autoridades de las casillas realizaron el conteo de los votos sin permitir el acceso a la oposición y/o sin darle a sus representantes copia de las actas de escrutinio, especialmente cuando la votación favoreció a la oposición. Por otra parte, se denunciaron diversas formas de coacción del voto, así como la constante presencia de brigadas ambulantes de trabajadores que votaron por el PRI en varias casillas de la ciudad. En las ciudades del interior y en el campo las irregularidades se repitieron, sólo que en forma más burda y cuidando menos las apariencias de una elección democrática.[ 52 ] En este caso también, la alianza entre las autoridades locales y los representantes del PRI facilitó la alteración de los resultados. El hecho de que el ejército se encargara de custodiar el transporte de las ánforas a las oficinas distritales facilitó en muchos casos la alteración de los resultados originales.[ 53 ]

En los días siguientes a las elecciones llegaron a las oficinas de la Presidencia de la República múltiples denuncias desde distintos puntos del país en las que se repetían las irregularidades y se exigía al presidente que cumpliera con su palabra de respetar los resultados electorales y promover su transparencia.[ 54 ] No obstante, el hecho de que los resultados favorables a la FPPM o a otros partidos de oposición se alteraran desde el momento del escrutinio, o el que se cambiaran las ánforas, provocó que los resultados no fueran reconocidos en los comités distritales y mucho menos en las sesiones de la Comisión Federal Electoral. La documentación probatoria de los triunfos locales de la oposición desapareció justamente desde el día de la elección.

El conflicto postelectoral

El lunes 7 de julio los dirigentes de la FPPM convocaron a sus partidarios a celebrar la "fiesta de la victoria" en la Alameda Central. La manifestación fue brutalmente reprimida, mostrando la intención gubernamental de suprimir lo más rápido posible y en definitiva la movilización henriquista, una vez concluida la elección. Súbitamente transformados por el discurso oficial de manifestantes políticos en "agitadores profesionales", los henriquistas se encontraban solamente al principio de una feroz campaña de hostigamiento que se tornó cada vez más violenta. Parecía como si la FPPM hubiera dejado de ser un partido político registrado y las actividades de sus partidarios hubieran quedado proscritas por la ley de un día para otro.

El principal argumento de las autoridades para justificar la represión se centró en la acusación de que los henriquistas organizaban una revuelta armada. Las extremas medidas de seguridad bajo las que se habían llevado a cabo las elecciones, y las que se implementaron en los días y meses siguientes, mostraban la inquietud gubernamental frente al riesgo que podía representar el henriquismo si se desencadenaban nuevamente los estallidos de violencia política que tanto trabajo había costado aplacar en las décadas anteriores. De ahí que el gobierno se planteara frenar sin miramientos cualquier intento de movilización postelectoral.

Abrumados por la represión y la desorganización, los dirigentes de la FPPM no pudieron articular tampoco una estrategia clara de defensa de sus triunfos electorales por vías pacíficas e institucionales. Impedidos de recurrir nuevamente a la movilización ante la respuesta represiva, condenados públicamente por todas las instancias oficiales, sometidos a las amenazas de encarcelamiento y acusados de organizar una revuelta, el general Henríquez y sus principales colaboradores se encontraron con un estrecho margen de maniobra política y capacidad de negociación.

Cautelosos de no provocar la furia gubernamental, especialmente contra las figuras más prominentes de la Federación, Henríquez y sus colaboradores intentaron dar una respuesta política al fraude, la que consistió en mantenerse al margen del proceso de calificación de los resultados electorales. El 30 de julio los dirigentes de la FPPM publicaron un Manifiesto a la nación en el que después de enumerar una larga serie de actos fraudulentos, anunciaban el retiro de su comisionado ante la Comisión Federal Electoral, pues la FPPM no podía contribuir a darle "visos de legalidad al atentado cometido en contra de la soberanía popular". De cualquier forma presentarían la documentación que probaba el fraude electoral.[ 55 ]

Pese a las múltiples denuncias de la oposición en su conjunto, no hubo manera de impedir que el 12 de septiembre el Colegio Electoral declarara oficialmente triunfador al licenciado Adolfo Ruiz Cortines, con 2 713 419 votos en su favor, 74.31% de la votación total. Henríquez obtuvo oficialmente 579 745 votos, el 15.87% del total. Por su parte, Lombardo Toledano recibió 72 482 votos, 2% del total y González Luna 285 555 votos, 7.9% del total de sufragios.[ 56 ] Por otra parte, la oposición obtuvo 10 diputados, cinco del PAN, dos del PP, dos del PNM y uno de la FPPM, en tanto que el Senado permaneció unánimemente priista.[ 57 ]

Pese a las expectativas que había despertado la elección en el sentido de abrir la representación legislativa a la oposición, los resultados oficiales evidenciaron que esto no sería así. La fuerza política que llegó a acumular el henriquismo en los días en que se realizaron las elecciones, así como la fuerza de la oposición en su conjunto, no quedaron representadas en las cifras, pese a que el Colegio Electoral "sacrificó" a algunos priistas para conceder varias diputaciones al PAN y al PP. El hecho de que los escaños reconocidos a la oposición formaran parte más de una negociación política que del conteo de una elección limpia contribuyó a conformar a una "oposición leal", que se subordinó a la lógica autoritaria del sistema político. Paradójicamente, aunque la FPPM quedaba como segunda fuerza electoral en los resultados oficiales, sólo obtuvo un escaño en la Cámara, producto de la negociación personal de un candidato a diputado que se negó a seguir la línea dictada por los dirigentes de la Federación. El único caso en el que se reconoció la fuerza de la oposición en los resultados oficiales fue el Distrito Federal, donde la suma de los votos en favor de la oposición fue mayor a la del PRI.[ 58 ]

La estrepitosa derrota electoral del henriquismo que mostraron las cifras oficiales así como los porcentajes mínimos obtenidos por el PAN y el PP señalaron que el camino de la democracia formal era prácticamente inútil para quienes quisieran dirimir por esa vía su descontento con las acciones gubernamentales o conformarse como una oposición real en términos de la competencia por el poder. Pese a la pretendida modernización política que proclamó el discurso oficial antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 6 de julio de 1952, lo cierto es que los grupos de oposición, surgidos o no de previas disidencias internas, no encontraron espacio institucional para resolver sus diferencias.

Conclusiones

La existencia de cuatro candidatos presidenciales pertenecientes a partidos políticos con propuestas políticas diferenciadas en la campaña de 1952 abrió la posibilidad de darle al proceso electoral una validez real en el terreno de la representatividad política, dando a la oposición mayor espacio en el terreno legislativo. No obstante, pese a la pretendida modernización democrática que proclamaba el alemanismo, la oportunidad se canceló en aras de consolidar los mecanismos de un sistema político basado en la lógica de partido único. Así, los triunfos legislativos que se reconocieron a la oposición se dieron como concesiones para el PAN y el PP, la "oposición leal". Los triunfos obtenidos por la FPPM fueron invalidados.

A lo largo de la campaña electoral los dirigentes del henriquismo manifestaron su intención de consolidar a la FPPM como un partido permanente con fuerza social y política que, sin salirse de los marcos de la "Revolución", se proponía ser crítico de las prácticas gubernamentales que se desviaran de este proyecto. Compartía en ese sentido las metas políticas del Partido Popular. No obstante, la pasividad y el oportunismo postelectoral de buena parte de sus dirigentes impidieron que el proyecto trascendiera. Indudablemente, también contribuyó el embate represivo en contra del henriquismo, pues no hubo condiciones para consolidar a la organización partidista. Los líderes regionales o locales y los militantes de base fueron quienes más resintieron el peso de la represión y la desintegración posterior del movimiento, pues quedaron totalmente aislados y enfrentados con las fuerzas represivas.

Surgido de una escisión política, el henriquismo se transformó en un movimiento popular de oposición que, pese a los errores y oportunismo de sus dirigentes, se planteó al igual que el Partido Popular y el PAN el fin del monopolio priista y la posibilidad de democratizar los espacios de representación, dando cabida a las disidencias y las oposiciones que también conformaban el espacio político de principios de los años cincuenta. No obstante, la derrota y la represión alimentaron el escepticismo frente a las realidades de la participación electoral desde la oposición, mismo que predominó en la cultura política mexicana en las siguientes tres décadas. Pese al compromiso con el incipiente ejercicio democrático que se dio entre los cuadros de base de la oposición, sus militantes y algunos de sus líderes, ni las dirigencias partidarias ni el gobierno alemanista fueron capaces de responder a la reivindicación de la democracia, ejercida en la vía de los hechos. Resultó evidente entonces que quienes no estaban preparadas para un intento de cambio democrático eran, fundamentalmente, las elites políticas.