LA INDEPENDENCIA Y LAS CLASES SOCIALES:
UN ENSAYO DE INTERPRETACIÓN[ 1 ]

Masae Sugawara Hikichi

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En lo referente a la periodificación de la lucha por la independencia, hemos tomado como su inicio el año de 1804 porque consideramos que "la bárbara Ley de Consolidación", que se emitió a finales de ese año, presupone el momento en. que la crisis del sistema colonial español incide en la formación socioeconómica novohispana y lleva a sus habitantes a reflexionar sobre las conveniencias e inconveniencias de seguir vinculados, a un proceso europeo que les es ajeno (deudas estatales crecientes, crisis financieras constantes y emisiones torrenciales de papel moneda que se deprecian), y que se les ha vuelto amenazador y destructivo. Las reflexiones sobre sus diferencias los llevaría a protestar contra la implantación de las medidas reales que les aumentaban desorbitadamente la carga económica que implicaba su dependencia de la monarquía hispánica. Conciencia de sí que los llevó a la acción para sí (conflictos clasistas de por medio y sus diferenciadas alternativas en los medios pero no en su finalidad independentista), a partir de julio de 1808.

Con la aparición de la ya clásica obra de Luis Villoro titulada La Revolución de la Independencia (ensayo de interpretación histórica, publicado en 1953), la obra historiográfica posterior empezó a abandonar la tradicional polémica del conflicto entre criollos y gachupines para pasar a interpretar las contradicciones clasistas y a clasificar el tipo de revolución.[ 2 ]

La renovación y discusión sobre el periodo de la lucha por la independencia fue seguida por un torrente de estudios sobre la formación socioeconómica novohispana del siglo XVIII y su incidencia sobre la lucha por la independencia.[ 3 ] A este resurgimiento del interés por el paso final de una formación socioeconómica -diríamos precapitalista o feudal- a otra diferente que podríamos clasificar como capitalista, debemos una larga serie de interpretaciones enriquecedoras sobre una problemática análoga de nuestro complejo presente: el paso final de la formación socioeconómica capitalista a la embrionaria formación socioeconómica socialista.

El proceso de la independencia -no la lucha por su consecución- se desenvuelve a través de cinco etapas, a saber:

1) las reformas borbónicas (1763-1796); 2) La crisis del sistema colonial español (1796-1808); 3) la revolución burguesa por la independencia (1810-1815); 4) la contrarrevolución triunfante y las dispersas guerrillas independentistas (1815-1820); y 5) la consumación de la independencia, el efímero Imperio de Iturbide y la conformación del estado nacional republicano. Esta interpretación del proceso de la independencia intenta corregir una visión que sitúa el comienzo en julio de 1808 y la culminación en septiembre de 1821 insistiendo en confundir las condiciones externas (mayo de 1808 y enero de 1820 en la metrópoli) y transformarlas en determinaciones históricas de la lucha por la independencia. Con esta confusión se elude el rico y complejo proceso de las determinaciones internas -novohispanas- que llevaron a la conclusión de que debía emprenderse la lucha por la independencia por diversas vías y medios; lo cual retrasa la fecha de consumación pero no elude la constante ratificación y consolidación del objetivo de consumar la independencia.

Como ya hemos anotado, la primera etapa del proceso de la independencia se inicia en 1763 y lo hemos denominado como el de las reformas borbónicas. Proponemos 1763 como origen o inicio de esta etapa porque en esta fecha se firma la Paz de París que pone, por un lado, punto final a la Guerra de Siete Años y que, por otro, da testimonio fehaciente de la debilidad militar de las monarquías borbónicas (en Francia y España) y del cambio en la correlación de fuerzas coloniales en la parte norte del continente americano. Estos fueron los acondicionantes externos que determinaron a la monarquía del despotismo ilustrado de Carlos III a iniciar un ambicioso programa de reformas en las posesiones coloniales de América.

Las reformas borbónicas, en una primera fase (1763-1771), fueron aminoradas ante la resistencia del bloque dominante en el gobierno virreinal. En una segunda fase (1771-1785) se restableció el equilibrio de poderes en el gobierno virreinal y se preparó el equipo de ilustrados que, en la tercera fase (1786-1796), llevaron a cabo la conclusión de las tareas reformistas -básicamente el establecimiento del sistema de intendencias y subdelegaciones además de "libre comercio" en el sistema colonial español- y lograron consatar su fracaso (informe del segundo conde de Revillagigedo).

En la segunda etapa, que iniciamos en 1796 y que hemos denominado como la crisis del sistema colonial español, las condiciones predominantes fueron los conflictos internacionales entre las potencias europeas (Francia e Inglaterra, básicamente) y la subordinación española a la dominación burguesa emanada de la revolución francesa de 1789. Costos financieros que llevaron a la quiebra del antiguo régimen en la península y que de hecho rompieron la vinculación directa entre la monarquía en crisis y sus florecientes posesiones coloniales. En su primera fase (1796-1804), la monarquía echó mano de los recursos metropolitanos, abusó de la emisión de papel moneda (vales reales) y se endeudó externamente (préstamos holandeses). En una segunda fase (1804-1808, amplificó los costos de la crisis hacia sus posesiones coloniales, como ya hemos señalado.[ 4 ]

Antes de entrar a la siguiente etapa, tratemos de ahondar en el significado que tuvieron las dos etapas anteriores en la formación socioeconómica novohispana. La recuperación de la población indígena en el siglo XVIII, aunada a la reorganización de la explotación minera, benefician a los propietarios de las haciendas. La nueva política comercial y el florecimiento de los centros urbanos estimulan la inversión de parte de las utilidades mineras y comerciales en la agricultura comercial y van transformando las estructuras socioeconómicas de la hacienda en las zonas más pobladas y ricas. El notable auge económico del siglo XVIII es fundamentalmente agrícola y por tanto hizo patentes las trabas que impedían la rápida expansión de esa rama de la economía. La Corona legisló a favor del trabajador agrícola y los nuevos funcionarios hispanos (San Miguel, Abad y Queijo, Riaño, Flón y Revillagigedo) señalan la importancia de las hipotecas eclesiásticas sobre las haciendas y los obstáculos que representan las vinculaciones civiles y eclesiásticas.

Si bien es cierto que han sido afectadas determinadas clases -en forma parcial e irregular- de la oligarquía novohispana (antigua burocracia virreinal, monopolio comercial e Iglesia), también es cierto que otras han salido robustecidas de la misma oligarquía (comerciantes no pertenecientes al monopolio, Iglesia terrateniente y financiera, mineros, aristocracia criolla terrateniente y terratenientes aburguesados), ya que habían reunido las condiciones internas necesarias para lograr beneficiarse de la reconstrucción del pacto español impuesto a partir de 1763.

Las clases dominantes novohispanas tenderán a resistirse ante los cambios y a integrarse con dificultad a las nuevas realidades. El monopolio comercial se vio obligado, ante la masiva presencia de un nuevo tipo de comerciantes, a aceptar la formación de los nuevos consulados de Veracruz y Guadalajara y a invertir sus ganancias en la minería y la agricultura comercial. La Iglesia, como terrateniente urbana y rural y como partícipe de los crecientes beneficios de la agricultura (a través del cobro de diezmos, primicias, censos e intereses hipotecarios), aumenta su riqueza y poder, pero su papel de institución feudal lo convierte en blanco de la política reformista que tiende a limitar sus inmensos privilegios y a secularizar la vida social novohispana. Esta política enfrenta la jerarquía eclesiástica renovadora con la tradicional e incide en las conocidas divisiones entre el alto y el bajo clero, entre el secular y el regular. Estas divisiones debilitan la resistencia corporativa ante la acometida reformista y permiten, en la etapa de la crisis y quiebra del antiguo régimen en España, que el Estado Monárquico Español obtenga una mayor participación en las enormes riquezas de la Iglesia.

Estas situaciones y sus acciones provocan la expansión, en el último tercio del siglo XVIII y primeros años del siglo XIX, de la economía novohispana que converge en el desarrollo del mercado interno. Se generan nuevas formas de división del trabajo y surgen nuevas clases sociales. La diferenciación étnica y las corporaciones juegan un papel importante, pero en última instancia subordinado a la lucha de clases. Al hablar de capitalismo en esa época debemos tener en cuenta que éste se encuentra en una etapa inicial de su desarrollo y que por eso la burguesía es una clase incipiente, todavía débil, heterogénea y dividida. En, la segunda mitad del siglo XVIII se produjo un crecimiento de las manufacturas pero poco sabemos de los dueños de éstas y su papel sociopolítico obviamente es inferior al de los gremios. Tiempo de gran desarrollo y de perfeccionamiento de la explotación colonial. Las clases trabajadoras son más explotadas y las clases dirigentes (criollas) desean todo el poder para ellas; por tanto se hace necesario distinguir entre una revolución de la prosperidad -para el poder- y una revolución de la miseria para el bienestar. Las clases superiores de la sociedad criolla se levantan a la vez contra un sistema político-social y contra un pacto colonial del que se aprovechan los funcionarios y los comerciantes venidos desde la península, cada vez más numerosos y desdeñosos. Son dos clases dirigentes que se miden; y en forma creciente para la oligarquía criolla el hecho de ser patriota significa ser antiespañol. La confrontación social, en su origen, se convierte en nacional.

La contradicción social con el dominio español es el único elemento que une a todas las clases de la naciente conformación nacional; el movimiento revolucionario es anticolonial y, a su vez, en su tercera etapa (1808-1815), es antifeudal. Existen, pues, dos contradicciones fundamentales: 1) la que existe entre el poder colonial y sus representantes locales y la incipiente conformación nacional, y 2) la que se produce entre los dueños de la tierra (laicos y eclesiásticos), del gran comercio y minería, por un lado, y la burguesía antifeudal, la pequeña burguesía y las clases trabajadoras, por el otro. Esta última, antifeudal, tiene múltiples manifestaciones programáticas: el ataque a la diferenciación étnica, la idea de una república parlamentaria y la lucha contra las trabas de carácter precapitalista en el campo, el sistema fiscal y el comercio.

Durante la lucha por la independencia (1808-1842) destacan cuatro corrientes que se disputan el poder y los destinos de la revolución; se trata, en realidad, de cuatro grandes clases: 1) la de la reacción colonialista; 2) la de los conservadores; 3) la de los liberales y 4) la del popular revolucionario. La primera tiene su base social en una alianza con la alta burocracia virreinal y los comerciantes del consulado de la capital; la segunda es la que aspira a la autonomía sin revolución social y está compuesta por los dueños del poder económico que pretenden ejercer todo el poder político. Su base social son los terratenientes, la burguesía minera y comercial (es decir, la aristocracia criolla); desde el principio, los terratenientes imponen su hegemonía. La tercera tiene su base en la pequeña burguesía urbana y en algunos sectores de los más decididos de la burguesía; su actitud política es vacilante entre los conservadores y los revolucionarios. Y la cuarta se basa en una amplia alianza, en la cual el pueblo trabajador juega un papel central, aunque la hegemonía recae en la mediana y pequeña burguesía (jacobinos).

A causa del vacío de poder en la metrópoli (1808) la ruptura del bloque en el poder se hace manifiesta; encabeza las acciones políticas la corriente conservadora independentista. Su alternativa ante la crisis del dominio español (invasión napoleónica, caída de Carlos IV, María Luisa y Manuel Godoy, ascenso y renuncia de Fernando VII, salida de la familia real hacia Bayona, arbitraje de Napoleón y su decisión de nombrar a José Bonaparte para ocupar el trono español, levantamiento popular del 2 de mayo e inicio de una guerra de independencia metropolitana y esbozo de una revolución burguesa), es dirigir el gobierno colonial por medio de un congreso que reúna a las principales autoridades coloniales, instituciones y personalidades novohispanas. Ellos dan inicio ("los cien días") a un amplio debate en el seno del bloque dominante; así la aristocracia criolla conservadora se confronta con la reacción colonialista. El rompimiento de la alianza de estos sectores descencadena una aguda lucha en el seno del bloque dominante. En ella tiene mucho que ver la actitud de abierta simpatía que el virrey José de Iturrigaray manifiesta hacia las medidas propuestas por la corriente conservadora autonomista y la creciente confrontación que tenía con la reacción colonialista.

La aristocracia criolla, la corriente conservadora autonomista, no hizo el menor intento de aliarse con las otras corrientes novohispanas independentistas y sí, en cambio, llevó al seno dividido del bloque dominante su propuesta (23 de julio de reunir un congreso o junta de las principales autoridades que deliberara sobre las medidas que se debían adoptar; solución a la que se adhirió el virrey Iturrigaray ante la creciente presión proveniente de los ayuntamientos provinciales en el mismo sentido y la actitud de desconcierto que se manifestaba entre los miembros de la Real Audiencia en torno a la propuesta del Ayuntamiento. Iturrigaray convocó (3 y 5 de agosto) a una junta previa de las autoridades de la capital para el 9 del mismo mes, misma que reunió a ochenta y dos personas y en la que surgió, por voz de Francisco Primo de Verdad, el planteamiento de que la soberanía -por falta de monarca- recaía en el pueblo y que, por tanto, había la imperiosa necesidad de formar un gobierno provisional. La reunión continuó en un ambiente tormentoso en torno a lo que se entendía por soberanía popular y se decidió convocar a otra reunión (7 de septiembre); ésta sólo sirvió para que el rompimiento se volviera definitivo y para que la reacción colonialista apurara la organización del golpe armado contra el virrey, pues éste, aparte del apoyo que daba a las medidas propuestas por el partido conservador independentista, llamó a la capital a los regimientos de Celaya y Nueva Galicia, cuyos oficiales le eran adictos. Los comerciantes, organizados por Gabriel de Yermo, dan el golpe de Estado contra Iturrigaray e imponen a Pedro Garibay, entre la noche y el amanecer del 15 y 16 de septiembre; de inmediato se lanzan a aprehender a los miembros del ayuntamiento de la ciudad y a las personas adictas al depuesto virrey.

La derrota de los connotados voceros del partido conservador independentista frente a la reacción colonialista, contó con el apoyo de los representantes de la junta de Sevilla y, más tarde, con la aprobación de los hechos consumados y correspondientes premios a los participantes por parte de la junta Central Metropolitana. En el fondo estaba también la creciente agitación novohispana creada por estos acontecimientos; mismos que serán los condicionantes para que el partido liberal independentista (pequeña burguesía urbana y los sectores más decididos de la incipiente burguesía) determine encabezar la lucha por el poder. Lucha que se manifiesta en los acontecimientos de 1809 y 1810, las conspiraciones de Valladolid de Michoacán y de Querétaro tenderían a devolver el golpe de Estado a la reacción colonialista, a mantener la necidad de la reunión de un congreso y de la formación de un gobierno provisional; además, he aquí lo importante, ante el manifiesto descontento del partido popular revolucionario recogen algunas de sus demandas más sentidas como necesarias para su neutralización en la lucha.

La hegemonía en el partido liberal independentista corresponde a la pequeña burguesía urbana y su composición abarca a sectores de los terratenientes criollos, a la mediana y pequeña burguesía rural y a sectores de la incipiente burguesía. Denunciada la conspiración de Valladolid e iniciadas las detenciones e investigaciones, surgen sus amplias ramificaciones en el territorio novohispano; mismas que llevan al virrey-arzobispo Lizana y Beaumont a adoptar una política conciliadora; actitud que exaspera al partido de la reacción colonialista y que lo lleva a pedir su inmediata remoción. El partido liberal reorganiza un nuevo centro conspirativo en Querétaro (1810); las juntas son denunciadas y se da inicio a la aprehensión e investigación de los conspiradores; enterado Ignacio Allende de las órdenes de aprehensión en su contra, se dirige a Dolores. Ahí también llega Ignacio Aldama con noticias de los arrestos en Querétaro; Hidalgo, Allende y Aldama junto con otros conspiradores debatieron largamente sobre las posibles alternativas que les planteaba la situación de haber sido descubiertos; Hidalgo puso fin a los debates diciendo: "... Caballeros, somos perdidos, no hay más remedio que ir a matar gachupines... "

Así, uno de los conspiradores del partido liberal decide llamar a la lucha, en apoyo del movimiento independentista, al partido popular revolucionario; la inmediata respuesta de los componentes de este amplio partido, en el cual el pueblo trabajador juega un papel central y la hegemonía recae en la mediana y pequeña burguesías radicales (jacobinos), define el curso del movimiento independentista de 1810 a 1815. Las fuerzas sociales motrices de este partido (pueblo trabajador) y la hegemonía de la pequeña burguesía democrática (sostén social del jacobinismo) lucharán por la independencia y contra la posición dirigente del partido conservador y la posición vacilante del partido liberal en el mismo movimiento de lucha por la independencia. A los límites impuestos por la aristocracia criolla terrateniente ("revolución sin revolución", esto es, la emancipación política sin tocar para nada la estructura social de origen colonial), vino la contundente respuesta del partido popular revolucionario: golpear al doble enemigo (externo e interno, españoles y aristocracia criolla terrateniente); imponer una "absoluta igualdad en los asuntos públicos y sociales"; y acometer siquiera la revolución burguesa, tanto en sentido socioeconómico como en su significado de institución política. Solamente bajo estas condiciones podían sobrevivir las conquistas esenciales de la revolución aun después de la restauración de la aristocracia criolla terrateniente (1815-1820). En el conflicto entre nación y propiedad, triunfa ésta última.

Hidalgo y Morelos encabezan una revolución social que deviene en una alternativa democrático-burguesa que provoca una división interna del movimiento independentista y discusiones tácticas entre los dirigentes revolucionarios que quedaban sin resolver en el momento más agudo de la crisis (Hidalgo versus Allende y Morelos versus Rayón), pero fracasan a final de cuentas por la resistencia de los partidos unidos ante la reacción colonialista, el conservador y el dividido liberal. En esta etapa (1810-1815) el fracaso es significativo: la burguesía actúa dividida, puede más su miedo al pueblo armado que sus contradicciones con el sistema feudal colonial. A pesar de que los programas de los tres partidos independentistas contenían demandas burguesas, no hubo uno solo en el cual establecieran claramente su hegemonía. Esta debilidad y fraccionamiento de la burguesía es el origen de muchas de las limitaciones en los resultados de la revolución de independencia.

Unidad y diversidad en los partidos independentistas son los factores que se encuentran inmersos en la dualidad del proceso: a) revolución por la independencia y b) independencia sin revolución. En esta etapa, los intereses de clase predominan sobre la conciencia étnica, la cohesión de las corporaciones se ve sacudida por el impacto de la lucha de clases, la reacción colonialista y la aristocracia conservadora criolla hicieron causa común contra la revolución social, pese a sus profundas desavenencias. La estructura de la transformación revolucionaria novohispana tuvo un trazo progresivo ascendente de los partidos independentistas frente a la multiplicidad de coyunturas externas e internas; a los fracasos de las alternativas del partido conservador y liberal, se debe agregar la forma en que se deriva hacia el llamamiento del partido popular revolucionario. El "Grito de Dolores" dio lugar a un primer planteamiento: lucha de "americanos" contra "españoles", o sea un llamado al levantamiento nacional de todos los partidos independentistas afectados por el dominio colonial empezando por la gran propiedad criolla hasta las masas desposeídas. De ahí que no fuese casualidad ni oportunismo el hecho de que algunos de los representantes de los círculos de la riqueza se hayan sumado al levantamiento.

El llamamiento nacional marginó a una gran parte de los componentes del partido criollo conservador, esto es, se neutralizó en parte. Pero el peso que fue adquiriendo el pueblo trabajador incorporado al llamamiento y el jacobinismo agrario de los campesinos indios determinaron la radicalización en los decretos (abolición de la esclavitud y del pago de tributos y restablecimiento de las propiedades comunales indígenas); éstos afectaron a los terratenientes y a los dueños de minas. La posibilidad de su neutralización se desvaneció pronto, el partido conservador se une a la reacción colonialista y el liberal se divide. El curso de los acontecimientos, determinado por la doble confrontación (nacional y social), metió a Hidalgo en una contradicción de clase insuperable que le imponía compromisos con los propietarios y los trabajadores; nivelarlos superaba sus fuerzas. Pero a pesar de las contradicciones que le eran propias, a medida que la revolución avanzaba, por su boca hablaba no su origen sino las fuerzas sociales que lo habían llevado al teatro de la historia. En ese caso, no era un representante político de las clases medias quien dirigía a las fuerzas populares, sino que éstas se dieron un dirigente que fue cura de pueblo, hijo de una familia de la burguesía del campo.

La precisión del programa revolucionario y la profundización social de la revolución estaba en proporción inversa al desarrollo de las operaciones militares de la guerra; por eso, el caso de Morelos es ejemplar: el ejército revolucionario del Sur se basa sobre todo en trabajadores mulatos de los ingenios y haciendas costeñas. Pero la hegemonía recae en los círculos radicales de la mediana y pequeña burguesía (jacobinos); son ellos los que transforman las masas heterogéneas en un ejército revolucionario. Muchos de ellos son rancheros o incluso hacendados medianos o pequeños como los Bravo, los Galeana, los Ortiz y los Villagrán, así como José Antonio Torres, Trujano, Ayala, Aranda, López, Guerrero, Moreno y Sánchez, para citar sólo algunos. Otros habían sido arrieros y pequeños comerciantes, como el mismo Morelos, Guerrero y Epigmenio González. Lo numeroso del grupo de eclesiásticos de modesta condición demuestra que la Iglesia se encontraba dividida. Estaban también presentes los oficiales de baja graduación y los alumnos del Colegio de Minería, así como uno que otro funcionario menor del gobierno. Esta pléyade de vigorosos representantes de la pequeña burguesía y la intelectualidad jacobina diferencia la revolución de 1810-1815 de una simple guerra campesina. Son ellos quienes recogen las demandas populares y tomando en cuenta los intereses de las clases poseedoras elaboran un programa coherente de alternativa al poder colonial. La ideología del movimiento expresa con claridad sus dos componentes: las aspiraciones campesinas que adoptan formas mesiánicas y religiosas y el liberalismo radical de los revolucionarios pequeño burgueses.

La envergadura del ejército revolucionario y sus éxitos en las operaciones militares conllevan a la claridad programática de esta corriente en México; pero ésta, además, se deriva de la coincidencia de varios factores: a) en la Nueva España no se habían producido grandes rebeliones populares como en el Perú o Colombia, derrotadas antes de la crisis del Imperio Español en 1808. Aquí los dos sucesos coinciden. La rebelión popular se produce cuando ya se ha conformado una estructura de transformación revolucionaria; b) el golpe de estado que la reacción colonialista ejecutó en 1808 para evitar la instauración paulatina y pacífica de la independencia había convencido a los sectores liberales radicales de la necesidad de recurrir a la acción revolucionaria. En ella coincidirían los liberales más decididos y las masas campesinas; y c) la revolución estalló en la región del Bajío, que por su alto desarrollo capitalista constituía un verdadero nudo de todas las contradicciones de la Nueva España y por su ubicación inmediata en todo el país. La teoría y práctica del movimiento lo van definiendo como una corriente cuyo programa incluye la independencia completa, la abolición radical de las discriminaciones étnicas que pesan sobre el pueblo indio, mestizo y mulato y todos los vestigios del despotismo tributario.

Junto a la violencia brutal de los militares, la contrarrevolución española-criolla contaba con otras armas peligrosas: concesiones obligadas por la necesidad y por la satanización del cura rebelde. Mientras Hidalgo tenía que renovar sus decretos según la suerte de la guerra, cuya influencia no podía ser calculada, las autoridades coloniales publicaban sus reglamentos de reforma hasta en idioma náhuatl para asegurarse una influencia bien amplia; podían utilizar, asimismo, las correas de transmisión del aparato gubernamental y eclesiástico en las zonas bajo su dominio. Sobre la Nueva España llovían las excomuniones, los folletos, tratados, piezas teatrales populares, poemas y canciones que hacían aparecer a Hidalgo como si fuese el anticristo en prensa. La prisión y muerte de éste, el ascenso progresivo de José María Morelos como primera figura del movimiento revolucionario provocan la crisis en la dirección de la contrarrevolución: Calleja sustituye a Venegas como virrey. La primacía de lo militar tiende hacia la concentración de todos los poderes en manos de los jefes de las operaciones militares que van definiendo zonas de influencia e intereses locales contrapuestos a la política virreinal. Así, Calleja se confronta con Cruz, amo y señor de la "pacificada" intendencia de Nueva Galicia; asimismo, se ve obligado -después de la derrota de Morelos- a prescindir de los servicios de Iturbide, dueño y señor del Bajío. Además, la lucha por el poder en la metrópoli se refleja en el sistema de dominio colonial; el poder virreinal se debilita, incurre en bruscos cambios de política que nada o poco tienen que ver con la situación local, exhibe las contradicciones que dividen a las clases poseedoras y la cambiante situación en la metrópoli. Calleja, ante la reacción absolutista que encabeza Fernando VII (1814) y la derrota militar de Morelos, inicia una política represiva contra los principales exponentes y componentes del partido liberal; misma que le permite conseguir su traslado hacia la metrópoli. En esta cuarta etapa del movimiento de independencia (1815-1820), la huella de la revolución popular radical no desaparece; se convierte en el caldo de cultivo de una guerrilla permanente; sin embargo, es cada vez más débil para que pueda determinar el contenido social de la Independencia de 1821.

Los terratenientes aseguran su hegemonía en el bloque conservador y van consolidándola en la alianza contrarrevolucionaria frente a la situación contradictoria de la reacción colonialista y la expulsión que ven mermadas las fuerzas del partido liberal. Pero en esta etapa (1815-1820) el fracaso del movimiento de independencia será superado y ello en el momento mismo en que España puede reaccionar en forma militar.

Objetivamente, la maduración del hecho nacional se realiza en la lucha. En efecto, la cohesión entre masas y minorías a menudo no es sino una consecuencia de la represión. Además, la originalidad de esta fase victoriosa es su carácter especialmente militar. Es la campaña que encabeza Iturbide la que en adelante decidirá la suerte del nuevo Estado; son los terratenientes (seculares y eclesiásticos) y su brazo armado los que logran asegurar la continuación de su dominio en el proceso independentista, al margen de las masas y en reacción contra la revolución liberal de 1820 en España. El efímero imperio de Iturbide permite a los restos del partido liberal y del popular revolucionario reorganizarse y establecer una "república representativa popular federal".

Causas, fuerzas motrices y lugar histórico permiten caracterizar las convulsiones de 1810 a 1824 como una revolución de independencia llevada a cabo en forma de guerra de liberación y que en sentido socioeconómico representa una revolución burguesa no acabada y desarrollada sólo en embrión. Se trató de una revolución sin la hegemonía de una burguesía madura: en las condiciones del feudalismo colonial la burguesía no pudo completar el salto necesario para su propia revolución, de clase en sí a clase para sí. [M. Kossok].