LA TRANSICIÓN DEL IMPERIO A LA REPÚBLICA
O LA PARTICIPACIÓN INDISCRIMINADA (1821-1823)

Luis Alberto de la Garza

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Son muchos los textos que se refieren a la guerra de Independencia y muchos, igualmente, los que tratan sobre su consumación y los primeros años del México independiente. El presente ensayo busca situar los acontecimientos de 1821 a 1823 en un marco de análisis global de la transformación del régimen colonial a la formulación del Estado nacional durante la primera mitad del siglo XIX. Por lo mismo, no se trata de detallar el cambio del régimen imperial al sistema republicano, sino de ver cómo la crisis del sistema tradicional de dominación, que explota entre 1808 y 1820, tiene que ubicarse en un panorama mucho más amplio, que va desde la época del reformismo borbónico hasta el momento del triunfo de la reforma liberal.

Partimos igualmente de la idea de que en la transición del Imperio a la República aparecen los elementos de pugna entre los diferentes grupos que se disputan el poder, aunque sus diversos intereses y proyectos de construcción del Estado no se vean todavía plenamente definidos, así como las limitaciones que pospusieron por más de tres décadas la transformación del aparato estatal.

En esta perspectiva, los cuarenta años posteriores a la independencia se caracterizarán por un intento casi permanente de conciliación de diversos si no es que antagónicos intereses y por tanto de oscilaciones en torno a la construcción de una forma de Estado que respondiera a esos intereses.

Este intento, angustioso y desesperado, se fundamentaba sin embargo en un acuerdo de principio en que los problemas fueran resueltos en la cúpula, entre los diversos representantes de las clases dominantes. De aquí que los temas fundamentales que los separaba no fueran discutidos abiertamente, para no provocar un enfrentamiento que se trató de evitar hasta lo último, sobre todo después de la experiencia revolucionaria de los primeros años de la guerra de Independencia.

Se creyó que la actitud conciliatoria acabaría convenciendo a los reacios, y por lo tanto se podrían establecer los ajustes y reformas de manera pacífica y gradual, aunque esta actitud demostraría, a la larga, exactamente el fenómeno inverso; no sería casual por ejemplo que tanto los cambios en la forma de gobierno como las reformas más importantes elaboradas por los diversos grupos se hicieran durante o inmediatamente después de momentos de enfrentamiento armado, cuando las actitudes conciliatorias se habían dejado de lado.[ 1 ]

En el momento del triunfo de la independencia descubrimos que la tarea de adecuación o construcción de un nuevo Estado se dio en un marco de ambigüedad y moderación que marcaría por mucho tiempo la política mexicana, dejando a un lado las transformaciones radicales planteadas ya en los años iniciales de la lucha por la independencia o las elaboradas por el constitucionalismo de la España liberal.

Tal parece que una de las condiciones del éxito político consistió en la habilidad personal para colocarse y mantenerse en el poder, a pesar de los cambios de orientación del sistema. Durante mucho tiempo, mientras no se acabaron de definir las tendencias ni las alianzas entre los diversos sectores que controlaban el poder en México, la política nacional se definió como Emilio Rabasa llamaba en una de sus novelas, La gran ciencia, que consistía en no caer a pesar de las turbulencias revolucionarias. Como señala Costeloe, la elite del periodo era

de hombres ilustrados y con frecuencia de mentes muy claras la que dominaba la esfera política, y era en ésta en donde habían revelado e iban a continuar revelando sus opiniones ideológicas divergentes. Sobreviviendo a las derrotas militares y políticas, al derrumbamiento de las constituciones, el exilio personal y hasta el relativo empobrecimiento, muchos de ellos aparecerían y reaparecerían durante las tres primeras décadas de la independencia.[ 2 ]

Las muchas razones a las que puede ser atribuida la inestabilidad mexicana de la centuria pasada sin duda se vio reforzada por esta indefinición o titubeo no comprometido -salvo excepciones- de los hombres dedicados a las actividades políticas. El problema se torna aún más complicado si tomamos en cuenta que la mayoría de la población se mantuvo totalmente al margen de las actividades políticas formales, lo cual facilitó sobremanera lo que podemos llamar pleito de familia, con sus revoluciones, cuartelazos, planes, golpes de Estado, etcétera, y el consecuente reacomodamiento o habilidad equilibrista que les seguían.

Creemos que lo que más se puede asemejar a una participación militante aproximada es la que definió José María Luis Mora como los partidarios del progreso y del retroceso refiriéndose a los que defendían el sistema tradicional y se oponían a cualquier intento de transformación radical; y los que por el contrario deseaban reformar las bases sobre las que descansaba el país. Pero incluso dentro de esta división, la realidad de la acción política reflejaría una gama considerable de matices. Trataremos de ver el desarrollo de esta situación a partir del triunfo de la causa independiente en 1821.

Es sabido que las actitudes progresistas del liberalismo gaditano y las de un grupo importante de diputados novohispanos, partidarios de las reformas, no fueron bien vistas por las clases dominantes tradicionales, sea por sus convicciones y tendencias, sea porque se sintieron amenazados en sus intereses ante el temor que les causaba la transformación de la estructura social de la colonia. Por ello, la revolución española de 1820 vino a propiciar el movimiento que condujo al país a su independencia.

Los autores intelectuales y materiales de aquel acontecimiento se encontraban entre diversos sectores de la población colonial: viejos y nuevos insurgentes, unidos sólo por el deseo común de la independencia, pero con posturas diversas y aun contrarias respecto a su objeto. El cómo fue posible el entendimiento entre grupos tan diversos sólo puede explicarse a través de su empeño conjunto de liberarse del dominio español que obstaculizaba sus aspiraciones de poder.

Obviamente este entendimiento pasajero hizo forzosa una nueva distribución de papeles en lo que se refiere al comportamiento sociopolítico y económico que, desde el principio, ninguno de los grupos estuvo dispuesto a respetar.

Los promotores de la contrarrevolución de 1821 no estaban siquiera de acuerdo con la finalidad de ella. Las juntas de la Profesa, que inicialmente fueron una reacción a las medidas liberales de España, se convirtieron bien pronto en una defensa decisiva de la independencia, y su mano ejecutora, el oficial criollo Agustín de Iturbide, no actuó ciegamente de acuerdo con los proyectos iniciales de los que trataban de evitar a toda costa la implantación del sistema constitucional, y lo que en principio se planteaba únicamente como una situación semejante a la de 1808 en cuanto a mantener aislada a la colonia mientras el rey no podía gobernar libremente, se convirtió en el camino a la independencia.

Estos grupos, sin embargo, no fueron impermeables a la penetración de los que buscaban desde muchos años antes la emancipación. Entre los autores de las juntas de la Profesa, los absolutistas temían más lo que se denominó

las doctrinas desorganizadoras de las Cortes que los peligros de una nueva insurrección [...] y se preparaban para presentarse [...] como su defensor más decidido en odio a los cambios que se hacían en la península y de los cuales temía que viviese la irreligión y la ruina de todo lo que se tenía por respetable y sagrado entre los mexicanos.[ 3 ]

Junto a ellos conspiraban en apoyo de la independencia personajes que la habían defendido desde muchos años antes como Juan José Espinosa de los Monteros, que aprovechó la situación para modificar las juntas y encaminarlas a la obtención de la emancipación; a él se le atribuye la responsabilidad del Plan de Iguala.[ 4 ]

Lo que es indudable, por lo menos en parte, es que la campaña de Iturbide y la forma más o menos pacífica en que se desarrolló se debió a la participación de todos los grupos interesados en la separación de España en cualquiera de sus formas, facilitando por lo pronto la contrarrevolución, pero asegurando la independencia. En la actuación del ex comandante realista encarnaron las aspiraciones colectivas de diversos grupos sociales del país. La gran elasticidad y habilidad de Iturbide le permitieron en un momento dado aprovecharse de la coyuntura para lograr la independencia. No es que con su movimiento se unieran efectivamente los grupos antagónicos, sino que todos veían en él la oportunidad de imponer sus propias convicciones. De hecho, no era posible la desaparición de sus diferencias en aquel momento y mucho menos en el periodo siguiente. También es evidente que algunos grupos veían con recelo el movimiento emancipador; por ejemplo, en una carta que dirige Pedro Celestino Negrete a Iturbide afirma que "aunque todos desean la independencia no están de acuerdo en la forma: muchos no la entienden [...] y ya hay demasiados datos para conocer que el populacho entiende por libertad el libertinaje". [ 5 ]

Ese temor que durante tantos años había frenado la independencia y seguía siendo su más fuerte obstáculo estaba ya previsto, y como respuesta a esta inquietud generalizada entre los propietarios, Iturbide definió la dirección de sus metas lejanas por supuesto a cualquier acción de revolución social en una entrevista con el marqués de Vivanco, al que convenció de la necesidad de que se uniera al movimiento " no menos por obligación que por interés, pues siendo una de las personas más influyentes por su carácter y por las propiedades de su esposa, debía tratar de que la suerte del país dependiese siempre de los sujetos más a propósito para gobernarlo".[ 6 ]

La falta de acuerdo entre los diversos grupos fue reconocida aun en aquellos momentos, y por ello en un fugaz intento de lograr el consenso general se preparó el Plan de Iguala que proponía una garantía a los intereses tradicionales, la conservación y respeto a la riqueza, privilegios, empleos, etcétera, al mismo tiempo que les ofrecía un campo abierto a sus intereses y mayores oportunidades.

La primera gran obra de los maromeros -y en muchos sentidos inspiración de otros proyectos y tentativas de conciliación-, el Plan de Iguala pretendía dejar satisfechos a todos: a muchos la independencia y la formación de un cuerpo legislativo les abría las puertas de la política; a los tradicionalistas por el sistema monárquico con un príncipe europeo, la unión de españoles y americanos y el respeto a sus bienes y riquezas; y al clero, la milicia y la burocracia por la conservación de sus fueros, privilegios, propiedades y empleos.

Para el sistema de gobierno se adoptaba provisionalmente la Constitución española en lo que no se opusiera el referido plan, y mientras se reunieran las Cortes para elaborar la propia. Por último, el proyecto de Iguala no dejaba de hecho otra alternativa de cambio que la que él proponía, pues quienes intentaran sembrar "la división se reputarán como conspiradores contra la independencia". Este monopolio sobre el interés nacional y sobre la "esencia de su peculiar organización" desde entonces se empezó a disputar como exclusivo e incompatible con otros grupos o tendencias por lo que creemos que favoreció la actitud de equilibristas que se vieron presionados a tomar muchos de los políticos mexicanos.

Las ideas de Iguala, sin embargo, no persistieron después de consumada la independencia, pues los grupos que la realizaron no podían permanecer unidos. Los preceptos del plan trigarante se convirtieron entonces en principios de discordia para aquellos que deseaban el establecimiento de otro tipo de régimen. Ya desde fines de 1821 se empezaron a atacar sus bases, pues algunos pensaban que éstos constituían una prolongación de las formas de vida colonial, ya que su "idioma no es de este siglo y lucha con los conocimientos del día. Desgraciado el imperio en caso de serlo, y en caso de que tuviesen efecto las perversas intenciones del señor Iturbide".[ 7 ]

Celebrados los Tratados de Córdoba, tomada la ciudad de México, gracias al auxilio de O'Donojú, y consumada ya la independencia, empezaron a surgir las luchas "entre las clases mismas que habían sido llamadas para constituir y dar dirección a la máquina política [...] allí debía hacerse sentir la pugna de los principios contradictorios que proclamaba el Plan [de Iguala]".[ 8 ]

Se estimó que a pesar de esta situación, la rivalidad podía ser superada si se rodeaba al monarca de consejeros y ministros adecuados a las formas liberales, y si aquel "sin violar sus juramentos y faltar al pacto social, adoptaba [...], porque es preciso convenir que no había pugnado y aún se amoldaba entonces a las costumbres del pueblo y los hábitos e inspiración de la legislación en México".[ 9 ]

Y muchos que habían mostrado inclinación por la república, se embriagaron con la idea imperial declarándose en su favor y aun proponiendo modos y formas curiosas y descabelladas para elegir emperador.

Desde el principio del plan de emancipación los grupos privilegiados rechazaron por incompatibilidad la liga con el viejo grupo insurgente, pues no en balde muchos de ellos habían combatido la insurrección popular a pesar de sus simpatías con la causa independiente. La unión con Vicente Guerrero fue más que nada una cuestión circunstancial, y una hábil maniobra por paste de ambos grupos, pero no fue una alianza efectiva ni duradera.

Los diversos elementos que componían la alianza de Iguala tuvieron que amoldarse a diversas situaciones, cambiando sus orientaciones y pactos, pasando de uno a otro grupo según las circunstancias. La política de la "gran ciencia" o del "tente en el aire", sin embargo, se fue haciendo cada vez más difícil al hacerse evidentes los fines perseguidos por cada corriente, a pesar de sus "equilibrios" iniciales, muchos tuvieron a la larga que comprometerse y alistarse en un partido para no ser arrastrados por los violentos y contradictorios movimientos del periodo.

El resultado de las promesas de Iguala no se hizo esperar demasiado y, uno tras otro, los jefes militares de provincia se unieron al movimiento empujados y secundados por la mayor parte de las autoridades civiles y eclesiásticas de cada una de sus comandancias. Desde las Provincias Internas del Norte hasta la de Chiapas, perteneciente ésta a Guatemala, cundió la "En un solo día se hubiera sacudido el yugo la América Septentrional si la distancia de un lugar a otro no hubiera estorbado a que llegasen las noticias tales cuales ellas eran".[ 10 ]

De pronto, todos aquellos que habían defendido el régimen colonial, por cuanto garantizaba la posesión de sus riquezas e influencia, se tornaron en acérrimos defensores de la independencia. El cambio no era, según observamos antes, una actitud meramente oportunista por parte de muchos, pues su adhesión a la causa independiente no significaba en absoluto un acuerdo con la revolución campesina y mucho menos con los actos de violencia y radicalismo por parte de ésta. Por otro lado, las circunstancias de cada provincia no pueden generalizarse, ya que fue el Bajío la región que soportó el mayor paso de la lucha y la explosión revolucionaria por sus propias características.

En ella encontró el movimiento iturbidista sus más firmes seguidores. Jefes militares con carreras similares a las del caudillo de Iguala -como Cortázar, Bustamante y Negrete- fueron piezas clave en el hábil y audaz movimiento de la contrarrevolución independentista. La militarización progresiva del país a partir de la época de reformismo ilustrado, ampliada y fortalecida por la lucha revolucionaria, hizo de estos jefes verdaderos amos de las regiones en que tenían mando, contando en general con la adhesión casi incondicional de sus subalternos, pero siendo a su vez en muchas ocasiones dócil instrumento de los grupos o facciones que controlaban económica y socialmente la provincia.

Las relaciones y resortes políticos de Iturbide, extendidos por la zona del Bajío, llevaron muy pronto la independencia a aquella región:

la provincia de Guanajuato se hizo independiente a la sola voz de sus caudillos [...] Nueva Galicia, por fortuna al lado de sus tiranos, mantenía al señor brigadier don Pedro Celestino Negrete [...], jefe enemigo de la arbitrariedad [...], resolvió hacer la felicidad de aquella provincia que en pocas horas por medio de sus órdenes, vio sustituido a su antiguo despótico gobierno [por] el dulce, suave y benéfico que corresponde a las luces presentes.[ 11 ]

También en Guadalajara el obispo Cabañas apoyó eficazmente la labor de Iturbide, proporcionando al movimiento veinticinco mil pesos en los momentos más críticos,[ 12 ] y su ejemplo no fue un caso especial dentro de los miembros del alto clero: por el contrario la mayor parte de los obispos y altas autoridades eclesiásticas estuvieron involucradas directamente en el movimiento.

El desarrollo interior de muchas provincias, su gradual descentralización con respecto a las autoridades de la ciudad de México, el notable crecimiento de la conciencia regionalista, la debilidad mostrada durante el proceso revolucionario por las mismas autoridades de la capital, había producido formas incipientes de autogobierno. Todo ello, más el fomento al control del poder local proporcionado por las demandas internas y las concesiones de las Cortes españolas, permitió un apoyo sustancial a la actividad iturbidista.

Ya las Cortes en España habían decretado el establecimiento de diputaciones provinciales en cada una de las intendencias. Ante esa situación el Ayuntamiento de Valladolid, por ejemplo, manifestó la conveniencia de establecer la suya en febrero de 1821, que había sido decretada en España a fines del año anterior. Sin embargo, no pudo cumplir sus deseos debido al estado de agitación y desconcierto producido por la proclamación del Plan de Iguala. En cambio, en Puebla, las mismas circunstancias aceleraron la creación de su diputación con el permiso de Iturbide, quien entró a la ciudad en agosto del mismo año. La provincia de Chiapas estableció también su propia diputación en octubre, comenzando de inmediato a tomar su propia diputación en octubre y medidas para asegurar su independencia de Guatemala y su unión con México, enviando a un representante a la capital del Imperio mexicano.[ 13 ]

Esta dinámica interna no sólo favoreció el impulso liberador, sino que permitió además un crecimiento más libre de las provincias una vez eliminada la presión política exterior proveniente de la monarquía española. Precisamente este apoyo básico de algunas provincias fue una de las causas más importantes en el rápido triunfo de la independencia. La pronta unión de las provincias fue una de las causas más importantes en el rápido triunfo de independencia. La rápida anexión de las provincias como Yucatán, Chiapas y más tarde las de Centroamérica se debió en gran parte a que el Plan de Iguala ofrecía una amplia seguridad a los intereses creados y el mantenimiento de las autoridades establecidas. En este sentido la promesa del imperio suponía la unidad, la estabilidad, la protección y el desarrollo de los grupos de poder locales, una vez liquidada la cada vez más asfixiante relación con España:

Las demás provincias del florido reino de Guatemala, penetradas de cuanto les interesa agregarse al grande Imperio Mexicano para poder progresar [...] seguirán las huellas de la provincia de Chiapas, y la independencia se hará en ellas por medio del convencimiento y no de armas.[ 14 ]

Ya el maromerismo de algunos cuerpos e instituciones era manifiesto en ese momento. De acuerdo con el Plan de Iguala, jefes administrativos, burócratas, eclesiásticos, etcétera, de la noche a la mañana se declaraban públicamente defensores decididos de la libertad contra el ominoso yugo del despotismo español que había subyugado al país por espacio de trescientos años, cuando poco antes se referían al régimen español como "el más dulce y benéfico". En agosto de 1821, un fraile de Guadalajara predicó, en la catedral de dicha ciudad, un sermón contra la independencia, considerado sedicioso por las autoridades gubernamentales. Ello provocó la intervención del obispo, quien ordenó proceder "en contra del religioso perturbador" de acuerdo con leyes españolas que trataban del castigo y el abuso de eclesiásticos en el ejercicio de su ministerio y del "juramento de fidelidad que se debe a las leyes fundamentales del Estado".[ 15 ]

El mismo Iturbide, que en Plan de Iguala había sostenido la causa natural de la emancipación y se refería al dominio español como "la tutela de la nación más Católica, piadosa, heroica y magnánima [...] que [nos] educó y engrandeció", y que se hacía eco de aquellos que proclamaban horrores del liberalismo en la península y el temor de que de ella "llegara la impiedad", poco tiempo después manifestaba que "la última revolución de la península española nacida del exceso de opresión de que se quejaban sus moradores: los principios en que se apegaba la legitimidad de este levantamiento eran visiblemente aplicables a nuestras circunstancias políticas".[ 16 ]

Durante el periodo de lucha, los voceros oficiales de Puebla atacaban duramente a Iturbide, a quien acusaban de pérfido, monstruo, hipócrita, traidor, etcétera, al tenor de las acusaciones virreinales. Es elocuente la sucesión de noticias entre julio y agosto de 1821, pues de estas acusaciones de "ingratitud" en que el "traidor" se acercaba a la ciudad, al momento en que entra a la misma cambian radicalmente las opiniones; se le declaraba entonces padre de la patria, libertador e incluso en el tedéum ofrecido en la catedral de dicha ciudad se afirmó que se escucharon las primeras manifestaciones en torno a su proclamación como emperador.

Es interesante anotar un ejemplo más de esta habilidad maromera en los órganos informativos de la época. Se trata ahora de un periódico de la capital, La Gacet a. Manejada por Alejandro Valdés, La Gaceta del Gobierno de México era el vocero oficial de las autoridades virreinales, y antes de la entrada del Ejército Trigarante a la ciudad de México observamos en ella las mismas acusaciones condenatorias contra Iturbide y sus proyectos. En septiembre, una vez ocupada la ciudad, La Gaceta servía ya a la causa del país y en ella se publicaron las proclamas más encendidas acerca de la reciente libertad del país. Convertida en Gaceta Imperial de México, la imprenta también aumentó su categoría convirtiéndose en Imperial de Valdés. Desde ella se combatió enérgicamente la idea republicana y en ella aparecieron publicadas las leyes contra los conspiradores ordenadas por el gobierno de Iturbide. Con la caída de éste y el establecimiento de la república La Gaceta se metamorfoseó nuevamente y frente al sentimiento y proclamas de igualdad pasó a ser la Gaceta del Gobierno Supremo de México, mientras que don Alejandro transformaba su imprenta en la del Ciudadano Valdés.

Defensor y propagandista del sistema en turno, el ejemplo de Valdés fue bastante común en la época, en que los hombres pasaban rápidamente del fanatismo religioso y la defensa apasionada de la monarquía a los extremos del liberalismo republicano.

Permitido debe ser -afirmaba Lucas Alamán- ceder hasta cierto punto a la fuerza de las circunstancias, principalmente en tiempos de frecuentes vaivenes políticos y para hombres que ocupan una alta posición; pero nunca puede serlo ponerse en contradicción consigo mismo, y proclamar hoy lo contrario de lo que ayer se había recomendado.[ 17 ]

Con el triunfo del movimiento independiente y ocupada ya la capital del nuevo imperio, se procedió a constituir el gobierno de la unión, para lo cual se nombró a una Junta Provisional Gubernativa, integrada por hombres de muy diversas tendencias y partidos, los "más notables de la ciudad por su nacimiento, fama de instrucción y empleos que ocupaban";[ 18 ] en verdad, una rara mezcla de absolutistas partidarios de un Borbón, fieles a Iturbide y enemigos del mismo, criollos aristócratas y partidarios decididos del constitucionalismo y el sistema liberal, con exclusión completa de antiguos militantes insurgentes. Con ellos empezó la práctica política de tener "por único objeto las personas ocupándose poco o nada de las cosas".[ 19 ]

Demasiado heterogénea esa reunión de hombres que representaba opiniones e intereses antagónicos, desde los primeros momentos de la existencia de esa junta comenzó una lucha enconada entre ellos, ya que pugnaban por establecer sus propios puntos de vista enfrentándose al mismo Iturbide que los había nombrado.

Las enconadas disputas respecto a la forma en que deberían realizarse las elecciones para diputados al Congreso Constituyente reflejaron, por ejemplo, la rivalidad existente entre los miembros de la Regencia y de la junta de Iturbide, y entre los individuos de la junta misma, lo cual trajo como resultado la incorporación de un número considerable de representantes de tendencias reformadoras. Sin embargo, encontramos en el Congreso la misma pugna que veíamos en la junta gubernativa, pues en el seno de la asamblea se encontraban junto a hombres bien conocidos por su adhesión al movimiento revolucionario, los representantes "del alto clero, de la notabilidad de la milicia [...], de la carrera pública, de los propietarios y de todas las clases que constituían la antigua sociedad mexicana [...] [por ello] se dividieron y lucharon entre sí, y con el infortunado caudillo de Iguala".[ 20 ]

Por otra parte, el Congreso no podía funcionar efectivamente como constituyente, puesto que para ello era menester que estuviera en completa libertad para constituir a la nación, y, como advierte un autor, existía una grave contradicción debido a que, "siendo constituyente [el] Congreso, entrase a funcionar verdaderamente constituido, según lo demuestra el tenor del juramento, prestado por los diputados, que exigía constituir a la nación bajo las bases del Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba".[ 21 ]

Además, era un contrasentido el tratar de que el Congreso conservara efectivamente el orden colonial, ya que éste no podía ser obligado, por su composición misma,

a respetar viejas preocupaciones, que ya no tenían cabida ni aun entre nuestros dominadores. Quería sacudir totalmente el yugo: deseaba salir del aislamiento y pupilaje [...] rehusaba que las clases privilegiadas fueran su señor: y en una palabra aborrecía lo antiguo y quería lo nuevo por imitación, por necesidad; con una impaciencia verdaderamente singular [...], la nación había sido sojuzgada por un partido [...] formado por aquellos que aspiraban a conservarse en su posición social.[ 22 ]

En efecto, habíamos visto que el triunfo del iturbidismo se debió a las garantías que ofreció a las clases privilegiadas de mantener su condición, pero ello mismo mostraba la debilidad del aparato estatal que se trataba de establecer al mostrar su incapacidad para implementar un nuevo sistema impositivo capaz de atender sus funciones. Ante el hecho mismo de que en las alianzas políticas participaron de manera efectiva los representantes del viejo orden colonial, el nuevo régimen se vio incapaz de proseguir inmediatamente con las medidas desamortizadoras iniciadas por el reformismo borbónico y continuadas por las Cortes españolas, pues con ello atacaban frontalmente a los que se consideraban pilares fundamentales del sistema.

Esto sería, por otra parte, uno de los impedimentos mayores en el México independiente de la primera mitad del siglo XIX, en donde el Estado se enfrentaría a una doble debilidad: aquella que procedía de tratar de gobernar con el consenso de las viejas y poco articuladas clases propietarias, que redujo su capacidad de acción política, y aquella motivada por la crónica falta de recursos financieros, apoyada a lo largo del periodo en el cobro de derechos de aduana y en el agio.[ 23 ] Por otra parte, la instalación del Congreso Constituyente permitió una efectiva representación provincial, cuyos miembros, al igual que habían hecho ya en España, pugnaban por una efectiva autonomía administrativa local contra la preponderancia inveterada del centro.

Contradicciones profundas entre la capital y las provincias, entre grupos tradicionalistas y transformadores, españoles y criollos, borbonistas y republicanos, etcétera, hicieron imposible cualquier acuerdo y, por consiguiente, un desarrollo normal del primer constituyente. La mayoría, sin embargo, estaba de acuerdo en un punto: el de no amoldarse a las pretensiones de Iturbide y sus seguidores, por lo cual "no es de admirar que ya casi fuese manifiesta la pugna entre esta corporación y el gobierno".[ 24 ]

A poco de establecido el Congreso, llegaron a México las noticias del rechazo de España a los Tratados de Córdoba y la negativa de la monarquía hispana a reconocer, o siquiera tratar, cualquier asunto relacionado con la independencia de las provincias americanas. Esa actitud del gobierno español favoreció las ambiciones de la aristocracia criolla al mismo tiempo que frustraba las esperanzas de los borbonistas y alentaba a los republicanos a vigorizar su lucha por el establecimiento del régimen que sostenían. Para los sostenedores de Iturbide, ése fue el momento adecuado, aunque ya desde antes hubo varias tentativas para nombrarlo emperador. Una gran cantidad de folletos apareció entonces, que propugnaban elegir un monarca americano, pues se alegaba que, siendo injusta e ilegal la dominación española, no había por qué llamar a un príncipe extranjero.

Entre los panfletos de la primera etapa, cabe destacar por su importancia la carta del "Pensador Mexicano" a Iturbide, en la cual manifestaba los deseos públicos para que aquél aceptara convertirse en emperador, ya que en el caso contrario la independencia carecía de sentido

no queremos ser libres, afirmaba, si vuestra excelencia no ha de estar al frente de sus paisanos [...]; si no es emperador de la América, la anarquía o el despotismo nos acechan [...] el ejército y el pueblo desean que vuestra excelencia sea el emperador [...] no falta sino que el ejército lo haga con violencia, o que el reino lo declare por medio de sus representantes reunidos en Cortes [...]. La soberanía reside en la nación y bajo este brillantísimo principio, a ella le toca darse leyes y señalarse [el] emperador que le acomode [...]. La patria necesita su persona y vuestra excelencia debe sacrificarse por la patria.[ 25 ]

La gran cantidad de este tipo de folletos y artículos, aunada al rechazo español a los Tratados de Córdoba, facilitaron a Iturbide proclamarse emperador mediante un audaz golpe que hizo que el Congreso, "aunque en minoría", lo aprobara. Sin embargo, una vez recuperado ese cuerpo de la sorpresa del acto, acentuó su hostilidad contra el nuevo monarca.

Frente a la humillación a que fue sometido, el Congreso se vio obligado a justificar su acción a través de un "Manifiesto a la nación" en el cual afirmaba que

El Congreso procuró prepararse de todos modos para deliberación tan importante, pero las reclamaciones vehementes y cada vez más inflamadas lo convencieron de la necesidad de tomar en consideración la dignidad y derechos imprescriptibles de la nación [...] el Congreso en facultad de usar de las facultades designadas [artículo 3o. de los Tratados de Córdoba] [...] mucho más si se reflexiona que en las naciones que de nuevo se constituyen, nadie tiene la acción legítima para obtener, ni solicitar la supremacía de su gobierno, sino aquel que fuere proclamado por la voluntad nacional.

No, mexicanos: vuestro Congreso creyó corresponder más dignamente a la comisión que le confiasteis, y entre la abnegación de España y la felicidad de su patria no tuvo que titubear, pues consideraba a ésta en el primer instante de su ser político [...] proclamó emperador constitucional de ella al señor don Agustín de Iturbide [...]. Así lo reclamaba imperiosamente el voto uniforme de muchos pueblos y provincias, expresado antes de ahora; y así lo manifestó de una manera positiva y evidente al pueblo de México y el ejército que lo ocupa.[ 26 ]

Con el pretexto de ser los únicos representantes de la nación, los diputados se adjudicaron desde un principio la soberanía haciendo notar que ellos habían nombrado al emperador, chocando casi con las pretensiones de Iturbide de abrogarse la misma soberanía. Esta situación originó graves enfrentamientos entre el ejecutivo y el legislativo por la posesión de la soberanía que, al hacerse pública, arrastró a los partidarios de ambos.

La existencia de una pretendida soberanía dual representaba en el fondo la oposición entre los grupos que constituían el gobierno independiente y provocó la pugna en la que se tendría que eliminar a uno de ellos.

Las actividades del Congreso en contra del emperador Iturbide originaron una amplia campaña para desprestigiarlo, iniciada por el mismo gobierno, pues, a pesar de los meses transcurridos desde su establecimiento, poco o nada había trabajado para establecer la Constitución que era su objeto. De nuevo el terror de que se pudiera alterar legalmente el régimen llevó a formular declaraciones tales como que se considerarían

tan enemigos de la patria, tan reos de esa nación, tan abominables a la razón y a la justicia, cree y son en efecto, los que maquinan contra su independencia y libertad política, como los que atentan contra el gobierno establecido, reconocido y jurado; contra el soberano Congreso, contra el emperador; contra alguna de las garantías que abrazó el pueblo, muy luego de proclamado el Plan de Iguala.[ 27 ]

A pesar de estas amenazantes declaraciones se conspiraba contra todo: el Congreso contra el emperador y éste contra aquél.

En esta situación, convertido el Congreso en centro de agitación y baluarte de la disconformidad contra el ejecutivo, su labor legislativa era conscientemente demorada ya que, como hemos visto, por el tenor de la convocatoria estaba obligado a seguir las pautas de los preceptos del Plan de Iguala y de los Tratados de Córdoba. Ni él ni Iturbide podían o querían ejercer sus funciones, empeñados ambos en apropiarse del Estado e imponer sus puntos de vista para el arreglo de sus ejercicios, y de abrogarse el título de la soberanía en forma exclusiva.

Frente al emperador y los ministros, el constituyente se veía empujado a la insurrección, mientras que aquél, frente al Congreso, se vio obligado a realizar un golpe de Estado, pues no disponía de ningún medio legal para disolverlo. Poco antes del choque un diputado advertía: "Extravían al emperador y temo una catástrofe. El Congreso no está seguro [...]. Yo pienso que al fin se nos disolverá; pero que tampoco quedará el promotor [Iturbide] en su puesto".[ 28 ]

El golpe comenzó con la prisión de algunos diputados con el pretexto de que conspiraban contra el régimen, pero no se presentaron pruebas concretas de esta acusación. El Congreso irritado y temeroso a la vez reclamó para sí la investigación y juicio de los diputados presos acusando de ilegalidad al ministerio. Valentín Gómez Farías, diputado por Zacatecas, que había sido uno de los primeros en reconocer la investidura de Iturbide como monarca, protestó por dicha detención afirmando que su reconocimiento al emperador y al ejército eran hechos notorios así como su decisión porque Iturbide ocupara el trono y que por ello se atrevía a culpar el ministerio de tan ilegal proceder, pues "ni el Congreso ni el público saben el motivo de arresto de los diputados" por lo cual exigía su pronta libertad y el respeto a sus personas y carácter de representantes.[ 29 ]

Es importante señalar aquí la actitud asumida por Gómez Farías, pues ésta reflejaría sus vacilaciones a largo plazo, prisionero de la "legalidad" o frente, al temor a la movilización popular que lo llevarían como a muchos otros a buscar otras formas de modificar la situación sin recurrir a aquélla. Como la mayoría de los diputados, incluso los más radicales, Gómez Farías pertenecía a un grupo selecto de propietarios o miembros de la clase dirigente por fortuna o por status, viejos terratenientes, comerciantes, sacerdotes, profesionales, etcétera, individuos que frente al terror externo de la reconquista española, o frente al miedo interno al fantasma de la lucha popular de 1810, estuvieron rápidamente de acuerdo en pactar, a fin de no "suscitar otra nueva revolución y guerra civil quizá más desastrosa que la sufrida por doce años de devastación, de sangre, de carnicería y mortandad cuyas consecuencias estamos todavía experimentando". [ 30 ]

En última instancia esta primera actitud de Gómez Farías anticipa su actuación posterior de 1833, 1840 y 1846, en que optó por tratar de transformar el sistema desde arriba, y terminó por ceder el paso a los mantenedores del status, antes que tolerar el proceso de radicalización revolucionaria que le parecía advertir a su alrededor. Es evidente que él, como una buena parte de los reformistas, quería cambiar el país, pero no por la violencia a la manera de 1810, sino proponiendo soluciones razonables y moderadas que todos pudieran aceptar, sin darse cuenta de la debilidad de sus proposiciones. Al rechazar la revolución social fueron incapaces de implementar reformas más profundas que hubieran logrado un apoyo social considerable. En palabras del padre Mier

cuando se trata del destino de una nación, me guardaré bien de embarcarme en teorías nuevas, cuya futura experiencia puede sumergir la libertad por siglos, o sumergirnos en un océano de calamidades y de sangre. Caro, y muy caro, costaron a los franceses las nuevas teorías constitucionales. En esta materia mientras menos invención más seguridad. Camino carretero, señor.[ 31 ]

En contestación a la acusación de Gómez Farías, el gobierno publicó un folleto en el cual explicaba que la detención se debía a que

todos saben que hay un partido republicano que, empeñado en establecer esta forma de gobierno, no emite medios ni arbitrios para verificarlo; nadie ignora -continuaba- que muchos diputados son de este partido, y que lo han manifestado dentro y fuera de este Congreso [...]; se puede decir, sin peligro de errar, que la mayoría del Congreso al dar su ascenso, si emitió el voto de sus comitentes, fue sacrificando su opinión particular. [ 32 ]

Es evidente que a pesar de esta pretendida explicación, la detención de los diputados era ilegal, pues éstos no podían ser detenidos por manifestar sus ideas; por ello el ejecutivo se encontraba atado de manos y tuvo que recurrir a un acto a todas luces arbitrario. (Si recordamos un poco, la misma impotencia había invadido a Calleja durante las elecciones de diputados a Cortes, cuando se quejaba de estar imposibilitado para actuar contra ellos a pesar de sus simpatías abiertas por la revolución).

Animado por su primer triunfo, Iturbide decidió eliminar definitivamente al Congreso, estableciendo en su lugar una Junta Nacional Instituyente para cubrir las apariencias legales de la disolución del primero. La opinión de "un ciudadano imparcial" festejaba la caída del Congreso en un artículo titulado "Cuando un Congreso delinque ¿quién lo ha de castigar?" En él señalaba que, a pesar de su respetabilidad, el Congreso no era superior a la nación, ni "deja de delinquir cuando contraría su voluntad [...], y para quitarlo y elegir otro, ¿de qué medio nos valdríamos?" Proponía para ello dos formas a saber: "o la rebelión masiva de las provincias quienes tienen sin disputa ni duda alguna la soberanía", o el encargado del poder ejecutivo (aclara que fuera en república o en monarquía) "bajo la voluntad presunta de la nación, procede a disolver el Congreso". Las ventajas de una y otra forma son presentadas, pero arguye que si el fin debía ser el mismo, era preferible la segunda forma ante "todo los inconvenientes y males que trae consigo una revolución".

Por el contrario, aseguraba, la disolución del Congreso por el ejecutivo tendría la ventaja de que sólo debía hacerse "en circunstancias muy apuradas [...] bajo la responsabilidad de los ministros, dejando una representación supletoria, y convocando luego un nuevo Congreso [a fin de] conservar el gobierno moderado [...] aunque se varíen las personas que forman la representación nacional".[ 33 ] Más aventurados, otros panfletistas exigían su desaparición definitiva en bien de la nación o negarle y despojarlo de la soberanía en caso de ser reinstalado el Congreso, ya que era incompatible con la soberanía que solamente podía ser atributo del emperador, pues "¿cómo puede en un cuerpo, cual es la nación, haber dos soberanos o cabezas?"[ 34 ]

El objeto fundamental de la disolución del Congreso era excluir a los enemigos del sistema del poder, pero al mismo tiempo ello significaba, por lo menos en parte, la ruptura de la alianza entre los diferentes grupos que se habían unido para consumar la independencia del país, y la exclusión de aquellos que no se conformaban con el simple cambio de la situación política en favor de los sectores más tradicionalistas.

El voto particular de Lorenzo de Zavala sobre el proyecto de reglamento político del Imperio, decía que

al disolver el emperador el Congreso y al establecer la Junta Instituyente tuvo por objeto como lo manifestó [...] atajar los males que a juicio de su majestad amenazaban a la patria, por el genio republicano de muchos diputados y usando de los derechos que le daba al título de libertador a que no podía renunciar, resumía por un momento [...] un poder extraordinario para luego transmitir a esta junta una parte del poder legislativo [...]. Desde luego yo fui de la opinión que esta junta nunca podía llamarse cuerpo legislativo [y nunca] he creído que fuese un instrumento del gobierno para hacer lo que aquél propusiese, bueno o malo.

En resumen, Zavala pedía que en caso de que se diese al país una Constitución en lugar de la de Cádiz fuese el emperador el autor, ya que

consideraría más legal este paso, que dándola la junta [pues aquel] que se puso a la cabeza de la nación, que los pueblos lo reconocieron como su libertador, tenía en derecho a la cuatitud [ sic ] y a los votos de la nación que acababa de liberar [y] eran los más seguros garantes de que jamás daría a los pueblos una Constitución iliberal [...]. Pero ¿qué títulos tiene la junta para excusarse a los terribles cargos que hará la nación? [...] Acordémonos de que jamás puede pecar el emperador.[ 35 ]

La introducción a dicho proyecto sostiene que la Constitución gaditana era peculiar de España y la causa de sus males y agitación en que se encontraba, por lo cual

la experiencia ha demostrado que sus disposiciones en general son inadaptables a nuestros intereses y costumbres y especialmente a nuestras circunstancias; y porque con tan sólidos fundamentos, el emperador ha manifestado la urgentísima necesidad que teníamos de un reglamento propio para la administración, buen orden y seguridad interna y externa del Estado, mientras que se forma y sanciona la Constitución política que ha de ser la base fundamental de nuestra felicidad y la suma de nuestros derechos sociales.[ 36 ]

El proyecto refleja en buena medida un retroceso con respecto a ciertas disposiciones tomadas por las Cortes españolas posteriores a la revolución de 1820. De hecho, ciertas medidas que trataban de solucionar el viejo problema de la falta de recursos en la hacienda pública, mediante la aplicación de una política de contratación de empréstitos con garantías hipotecarias en los bienes garantías desamortizados fueron desechadas. Otro tanto sucedió con los decretos relativos a la supresión de monacales, reforma de regulares, supresión de todo espacio de vinculaciones por el cual quedaban suprimidos los mayorazgos, fideicomisos, patronatos y cualquier otra especie de vinculaciones de bienes raíces, muebles, semovientes, censos, juros y foros; además se prohibía fundar patronatos, obras pías y capellanías, así como adquirir bienes raíces de "manos muertas", etcétera. Cabe señalar que no sólo las medidas imperiales apuntaban en dicha dirección, pues a la caída de Iturbide el Congreso derogó los artículos referentes a los bienes eclesiásticos, dejando vigentes las antiguas leyes sobre adquisición de bienes raíces y amortización.[ 37 ]

A pesar de que la desaparición del constituyente sirvió como pretexto para la subversión del Imperio, el hecho en sí no causó un gran impacto debido en gran parte al desprestigio y la falta de acción que aquél había demostrado llevándolo incluso hasta el ridículo por su soberbia y actos contradictorios. El hecho, por otra parte, fue visto con aceptación por los enemigos de la monarquía criolla, quienes pensaban que en esta forma se precipitaría la caída de Iturbide y podrían ellos alcanzar sus metas partidarias. Por su parte, los adictos a Iturbide deseaban deshacerse de sus rivales y dejar en libertad a su jefe.

La transición de un gobierno a otro -se decía- ha sido en todos los países una época muy delicada. Los que tenían su suerte lazada al gobierno antiguo desean su restablecimiento; los que esperan bienes del nuevo desean su conservación. Hay divergencia de opiniones, de ideas; hay lucha de intereses; corre tiempo y es preciso que corra para uniformar los sentimientos, dar a la opinión el carácter de unidad.[ 38 ]

De nuevo se trataba de lograr un consenso que en la realidad resultaba imposible, pues precisamente el choque abierto de los supremos poderes se debió en gran medida a que los grupos del poder no estaban dispuestos a constituirse de acuerdo con las normas del Plan de Iguala. Otra vez, como en 1808, se recurrió a la arbitrariedad y a la violación de la legalidad en nombre de la soberanía popular. Con ello se daba el ejemplo del golpe de fuerza para defender la situación que rara vez terminó, incapaz de continuar su obra.

Por ello, el sistema político de México fue durante toda esa época un problema central. La búsqueda de una alianza estable y duradera tendió a que, como resultado inmediato, los grupos se acomodaran en el partido que mejor les conviniera y garantizara su situación, cambiando cuando el de turno no cumpliera esos requisitos o cuando hábilmente se vela su inevitable caída. De ahí que fuese engañosa la unidad proclamada por el Plan de Iguala, y lógica la oposición entre Iturbide y el Congreso. No se trataba en realidad de buscar la continuidad entre el gobierno y las costumbres tradicionales o la implantación de formas "extrañas" y novedosas, sino de mantener una estructura inoperante ya desde años atrás que había resistido los embates del reformismo, el constitucionalismo y la revolución, o de buscar, moldes administrativos y jurídicos para una realidad concreta surgida de un constante y muchas veces violento proceso de transformación.

El régimen republicano no significaba como proclamaban sus adversarios "la entrega a la interminable lucha de la anarquía" ni tampoco la panacea a todos los males del país como sostenían sus partidarios, era, sí, la adecuación a una realidad que se había venido imponiendo a pesar de los controles de la estructura legal y de la oposición de aquellos que no deseaban compartir el control del poder. El compromiso final nos demuestra que a pesar de todo los nuevos grupos podían por el momento aprovechar totalmente la situación en su favor y se estableció entonces una alianza, frágil y pasajera, entre ellos y los grupos consagrados.

Desembarazados de las trabas peninsulares, la aristocracia criolla y los españoles que se habían unido al Imperio trataban de conservar su situación de predominio y por ello chocaban con las tendencias del Congreso, quien no aceptaba constituir al país de acuerdo con una corriente desfavorable sino con sus convicciones y con sus intereses, y por eso pasaba el tiempo en cuestiones superficiales y altercados buscando los medios para derribar al emperador. Con razón el gobierno proclamaba la existencia de "planes revolucionarios que conspiraban a la introducción del sistema republicano que alegaban la nación estaba tan distante de adoptar";[ 39 ] y trataba por todos los medios a su alcance de probar la aceptación, legalidad y conveniencia del sistema imperial. Ante estas afirmaciones se respondía por la parte opuesta que si los mexicanos estaban "escarmentados ya [por] tres siglos de reyes ¡por qué no ensayar la experiencia de una república!" más acorde con la política del momento.[ 40 ]

La falta del Congreso, la arbitrariedad del emperador y la ausencia de soluciones adecuadas para los graves problemas por los que atravesaba el país aumentaron las conspiraciones y los proyectos para cambiar el sistema imperial. Desde septiembre de 1822 surgieron los primeros atisbos de la revolución; en Soto la Marina se había rebelado el brigadier Felipe de la Garza, un propietario de los más ricos y de mayor influencia en la región de Tamaulipas,[ 41 ] contra el emperador y en defensa del disuelto Congreso. En su representación enviada a Iturbide afirmaba: "Hemos jurado un gobierno constitucional, y no tratamos de alterarlo; pero sí deseamos y pretendemos que no degenere en absoluto". Anotada por un miembro del gobierno, la representación era tachada de subversiva por ocultar su concordancia con los proyectos revolucionarios del grupo republicano "república quieren, y la dificultad de la empresa les hace decir que sostienen el gobierno monárquico moderado. No nos engañan con palabras".[ 42 ]

La rebelión de De la Garza, aunque sofocada por las fuerzas imperiales, fue el comienzo de la agitación armada y de una predisposición a cooperar de nuevo para derribar el Imperio mexicano. Instigada -según algunos- por Miguel Ramos Arizpe,[ 43 ] esta sublevación era la prueba de las hábiles maniobras para establecer la República que realizaban los partidarios del sistema. Ganada una parte del ejército por estas fuerzas, se trataba, como en la independencia, de cambiarlo de frente para lograr sus objetivos.

Ganado también por los republicanos el jefe militar de Veracruz, Antonio López de Santa Anna, general que "poseía una peculiar condición, una innata versatilidad, por lo cual lo hemos visto hacer una rápida transición de unos principios políticos a los diametralmente contrarios",[ 44 ] proclamó un plan en la dicha ciudad por el cual se dejaba en libertad al pueblo para "elegir el gobierno que más le acomode y convenga a las cualidades heterogéneas de la nación",[ 45 ] que por supuesto excluía totalmente el gobierno monárquico.

El argumento central del Plan de Veracruz consistía en formar las bases para un nuevo gobierno a través del "único órgano de soberanía: el Congreso", y el desconocimiento de Iturbide por ser su elección producto de la violencia. En el resto, se asemejaba al Plan de Iguala, en cuanto que ofrecía respetar los empleos civiles, políticos y militantes de todos, excepto aquellos que "se opongan al actual sistema" proclamado por el plan; ofrecía igualmente la unión entre americanos y europeos y transformaba al Ejército Trigarante en libertador, con los "cuerpos ya formados que se adhieran al sistema de libertad verdadera". Por lo que sabemos, a pesar de que el plan estaba firmado por Santa Anna y Guadalupe Victoria, su autor fue Miguel de Santa María, quien había sido expulsado del país por el gobierno iturbidista debido a sus conexiones con los grupos republicanos.[ 46 ]

Habrá que subrayar que esta tendencia a "respetar" los empleos, civiles, políticos y militares -dada ya con anterioridad- se repetiría a lo largo de la época. Aunque la administración del Estado no era numéricamente muy amplia, estaba plagada de empleomanía, mal endémico del país, debido a que el Estado mismo era uno de los primeros objetos de presa. Esta situación se explicaba, en parte, debido a las características mismas de una sociedad altamente fragmentada, en la cual era prácticamente imposible la hegemonía de alguno de sus sectores mediante las formas típicas del poder económico y por lo tanto impedía su reproducción como sistema dominante.

La formación de un grupo hegemónico estaría condicionada entonces a su posibilidad de imponerse en la sociedad política, a través de su inserción o relación estrecha con el propio Estado. El triunfo de las diversas agitaciones políticas se traducía invariablemente en un nuevo reparto del botín de guerra, en la medida, en que éstas no incidían en las condiciones estructurales de la sociedad. El ejemplo que ofrece el decreto del 5 de octubre de 1821, por el cual se habilitaba y confirmaba a todas las autoridades del régimen colonial derrocado para legitimar sus funciones ante la nueva situación, dio al Estado una presencia vital que se repetiría en cada una de las convulsiones que afectaron al país a lo largo de la primera mitad del siglo.[ 47 ]

Para combatir la nueva insurrección, Iturbide confió el mando del ejército a José Antonio Echávarri, uno de los leales del emperador y jefe inmediato de Santa Anna como capitán general de Puebla y Veracruz. Las primeras maniobras parecían encaminadas a sofocar la sublevación de Santa Anna; una proclama publicada por Echávarri acusaba de traidor a Santa Anna y trataba de desprestigiarlo ante sus tropas afirmando:

Miente infamante cuando se atreve a calumniar con sus labios sacrílegos la augusta persona del emperador: el Plan de Iguala que jurasteis, el Tratado de Córdoba en que convinisteis, están en su fuerza y vigor: si Agustín Primero ocupa el trono de Moctezuma, la nación y vosotros se lo dieron, repugnándolo él y haciendo los mayores esfuerzos para evadirse de tan insoportable pesadumbre: si el Congreso dejó de existir en su totalidad, impútese así mismo por su apatía, por su abandono, por su intriga, por la ilegalidad de su elección, por sus miras facciosas y destructoras del orden: y eligiese por siempre la sabiduría de un emperador que supo evitar males sin destruir la representación nacional, respetando sus juramentos y la voluntad de los pueblos [...]. El mismo Santa Anna, que ahora quiere fascinarnos con estos pretextos especiosos, se presentó mil veces al emperador espontáneamente para destruir al Congreso en lo absoluto, con estrépito, con escándalo y aun con sangre [...]. Ese Santa Anna que ahora predica la República nunca tuvo las virtudes de un republicano: vano, presumido [...] lo animan otros deseos que el de dominar sobre infelices.[ 48 ]

Menos de dos meses después, la situación cambiaba radicalmente; el 1 de febrero de 1823, Echávarri y sus hombres proclamaban el Plan de Casa Mata que exigía la formación de un nuevo Congreso Constituyente, ya que del antiguo hubo algunos diputados

que por sus ideas liberales y firmeza de carácter se hicieron acreedores al aprecio público, al paso que otros no correspondieron debidamente a la confianza que en ellos se depositó, tendrán las provincias la libre facultad de reelegir a los primeros, y sustituir a los segundos con sujetos más idóneos para el desempeño de sus arduas obligaciones. [Artículo 3 o.]

El citado plan fue redactado por el coronel Gregorio Arana, secretario y guarda de honor de Echávarri. Se afirma, sin embargo, que las bases se habían venido elaborando en las logias masónicas del país, por hombres como Ramos Arizpe y Michelena, de quienes Echávarri y sus oficiales eran tan sólo lugartenientes.[ 49 ]

El Plan fue rápidamente distribuido en todas las diputaciones provinciales, los ayuntamientos de las capitales de cada provincia y los jefes militares de todo el país. "La rapidez con que fueron entregadas y la inmediata adhesión al plan, tiende a confirmar la idea de que el trabajo fundamental había sido preparado."[ 50 ] Así, vemos que la disolución del Congreso no dio más que el pretexto para la rebelión que ya se venía gestando, y que aprovechando este estado de agitación y sirviéndose del ejército, el grupo republicano procedió a derribar la monarquía nativa, precipitada por los planes de Veracruz y Casa Mata.

Es reconocido el resultado de que los dirigentes políticos se hubiesen servido del ejército como un "tercero en discordia",[ 51 ] sin embargo aún tenemos muchas lagunas sobre el papel efectivo de la institución. Si en realidad estos hombres querían cambiar el país pero descartaban por principio la revolución social, proponiendo en cambio soluciones razonables para el conjunto de los sectores dominantes, el mantenimiento del ejército además de muchas otras motivaciones, respondió también al miedo social de una nueva agitación revolucionaria. Esto se vería claramente durante la primera administración de Bustamante, en que se trató de establecer una política de terror militar para hacer imperar el orden y que incluyó el asesinato de Vicente Guerrero, ante el temor de que éste pudiera encabezar una sublevación popular en el sur.

Mientras los vicios inherentes a este ejército no pudiesen ser superados con la creación de un nuevo ejército, proyecto clave de los reformistas con las milicias nacionales o los cuerpos cívicos, su desaparición era remota. El extendido temor a los movimientos campesinos, actuó paradójicamente como una fuerza centrípeta sobre los grupos de poder, que dictó la necesidad de disponer de una fuerza militar centralizada a pesar de los conflictos y males que se le atribuían.

Reinstalado por Iturbide, el Congreso, en un último acto para apaciguar la rebelión, se negó a cualquier deliberación mientras no estuviera protegido; una vez libre de Iturbide se procedió a declarar, según los planes anteriores, que el Congreso se encontraba en libertad para elegir la forma de gobierno más adaptable y conveniente al país, pero sin separarse de "las tres bases de religión católica, independencia absoluta y unión verdadera de españoles y americanos [dejando la] suerte en manos de esos dignos representantes que elegiréis para que traten de hacernos felices".[ 52 ]

Un número considerable de hombres, grupos e instituciones que habían proclamado y celebrado poco antes la coronación de Iturbide y la forma monárquica como la única conveniente para el país, ahora se declaraban contrarios a ese régimen y execraban la figura del tirano.

La disolución del Imperio dio así lugar al primer reajuste político del México independiente. El equilibrio, se decía ya entonces, "ha tornado en esta Corte el mayor incremento y se ha puesto de moda a pesar de los que dicen que el oficio es de truhanes, pero permite vivir y es utilizado por todos".[ 53 ]

Ante el restablecido Congreso, Iturbide abdicó a la Corona en un vano intento por salvar el orden y mantener la situación favorable a sus partidarios, pero ocupada la capital por el ejército libertador, se procedió a declarar la nulidad del nombramiento y por ende el reconocimiento de la abdicación, que hubiera significado conservar el sistema que se había combatido. Así, se alegaba "que aunque Iturbide hubiese sido legítimamente un monarca constituido [que no lo fue] en el mismo hecho de haber faltado al muy sagrado juramento que hizo al tiempo de su coronación, por el cual estaba obligado a proteger al público, igualmente que las leyes, hubiera dejado de ser rey".[ 54 ]

El primer paso legal del cambio de situación fue el declarar ilegal la abdicación de la Corona. El Congreso se justificaba de hecho con la discusión de dicha nulidad, y haría aparecer la coronación de Iturbide como un error lógico de la consumación de la Independencia, ya que el gozo de la nación con el bien que acababa de conseguir no le hizo percibir en toda su extensión que, al adquirir su independencia, no había entrado en el goce pleno de sus derechos [...] aún no conocía la diferencia entre independencia y libertad", salvo por supuesto el benemérito Congreso que trabajaba por la prosperidad del país y que ya había previsto "las desgracias que amenazaban a la patria.

Más adelante algunos diputados aducen lo mismo -y en esto por lo menos con sobrada razón-: que "no pudieron expresar su voluntad libremente sobre la forma de gobierno que les convenía" a causa de las estipulaciones del Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. Sin embargo, exageraban notablemente cuando alegaban la situación de fuerza y violencia con que fue obligada a aceptar la proclamación de Iturbide, alegando que el Congreso se encontraba "reducido a la situación del senado romano en tiempos de Tiberio. Por la opresión en la que se le tenía -continua- declaró la sucesión hereditaria; se le exigió igualmente la creación de títulos y condecoraciones y creó príncipes y consejeros".[ 55 ]

Este sentimiento de patricios humillados por la imposición pretoriana y plebeya es otro fenómeno de singular importancia, pues refleja el manejo y manipulación temprana de algunos sectores urbanos desclasados en las maniobras políticas de la elite. Bien sabido es cómo se empleó a estos grupos en los procesos electorales para la designación de diputados a Cortes en los últimos años del régimen colonial,[ 56 ] así como su "soldadesca y populacho". Es difícil precisar con claridad la composición social de estos sectores, pues carecemos de investigaciones al respecto, pero resulta muy significativo el hecho de su constante participación en los acontecimientos del periodo.

Para individuos como Gómez Farías, alejados de los momentos radicales de la insurgencia, a la que se incorpora hasta 1821, resultó de gran importancia su vinculación con aquellos sectores. A decir de muchos observadores de la época, tenía un gran ascendiente sobre el "populacho"; Guillermo Prieto, entre otros, comentaba "que las masas instintivamente [lo] proclamaban y seguían, tenía un verdadero ejército de descamisados que estaban a sus órdenes".[ 57 ]

Otros señalaban que "este personaje ha logrado tener la aceptación de una parte del pueblo bajo, a la vez que otra parte de este mismo pueblo lo detesta".[ 58 ] Sin embargo, resulta sorprendente que nunca se atreviera por decisión propia o de sus -partidarios- a utilizar su influencia sobre estos sectores para impulsar sus proyectos y en última instancia la solución quedó en manos del sector "ilustrado" y del ejército.

Poco después afirmaban los diputados que su disolución demostraba hasta la evidencia el hecho de que el Congreso había perdido "los resortes de acción, y este monstruoso acto de despotismo fue la mayor autorización que podía tener el gobierno de las provincias para la insurrección".[ 59 ] De ello se debía inferir la nulidad de la elección, de la sucesión hereditaria y por supuesto de la abdicación, por ser viciosa en su origen".[ 60 ]

Por último, señalaba que

no hay renuncia que no suponga derecho a la cosa renunciada; y la comisión cree haber probado bastantemente, que ni el señor Iturbide ni ningún otro hombre tiene derecho al gobierno de una nación, que habiendo hecho su independencia para gobernarse por sí sola, ella sola debe libre y espontáneamente elegir la forma de gobierno que más le acomode y sea conforme a sus verdaderos intereses.[ 61 ]

Para evitar problemas con la presencia de Iturbide, la misma comisión aconsejaba su pronta salida del territorio mexicano, así como la donación de una asignación "decente para su manutención y la de su familia" con la sola condición de que permaneciera en el sitio que se le impusiere como destino. Pocas voces se alzaron entonces para defender a Iturbide, siendo por supuesto acalladas por el estrépito del triunfo republicano. La mayoría de los empleados públicos, militares y eclesiásticos se mantuvieron en sus puestos, gracias a su acercamiento veloz con los triunfadores aplaudiendo su voltereta.

La opinión mayoritaria se pronunció en favor de la declaración de la nulidad del Imperio, y para evitar un nuevo atentado a la soberanía nacional o de que se tratase a los ciudadanos como si fuesen "una horda de tártaros nómadas" declaraba que era necesario no separarse

del principio luminoso, que es incompatible una testa coronada con la libertad civil: son dos fuerzas opuestas que pugnan por destruirse [...]. Convenimos en que México no puede ser una monarquía sino una república, porque la monarquía es opuesta a la naturaleza; a las leyes del siglo y a nuestra situación geográfica en medio de cinco repúblicas. [ 62 ]

Una gran cantidad de expresiones contrarias al sistema monárquico y a Iturbide, tantas como se habían publicado en su favor y elogio, se publicaron y circularon profusamente en aquellos días en que se hacía necesaria la pública declaración de fe republicana. Algunas eran de los enemigos constantes y consecuentes de Iturbide; otras muchas de los que poco antes lo habían sostenido antes de cambiar rápidamente de partido.

Incluso esta situación paradójica y contradictoria se reconocía por lo que se refiere al papel del ejército.

Ya hace algunos años -se decía- que el ejército está en posesión de disponer de nuestra suerte, obrando unas veces en pro y otras en contra de la nación. La mayoría del ejército fue la que prolongó por doce años nuestro cautiverio, sosteniendo la odiosa dominación española, hasta vueltos en sí de su error algunos jefes y oficiales se reunieron al jefe de Iguala para aniquilar la causa que habían defendido, y levantar sobre su ruina la de la libertad o independencia de Anáhuac. El ejército fue el primero que proclamó de emperador al jefe supremo del Imperio, y el ejército es el que acaba ahora de abandonarle en parte, con justicia o sin ella, lo que a las provincias toca declarar, como también si de grado o por fuerza convinieron ellas en jurarle.[ 63 ]

Y hasta aquellos que cautelosamente se habían manifestado en favor del gobierno monárquico, aunque "con tales precauciones que no han sido imaginadas hasta ahora por ningún político", se actualizaban rápidamente y acomodaban sus estudios al arte de la maromería, declarando que

la política es una ciencia tan inmutable en sus principios como la geometría; y así como sería un absurdo decir que cada pueblo debe tener su geometría particular, también lo es que cada uno debe tener su política o su Constitución. Todas las formas de gobierno se encuentran reducidas a una [...]. Tal es la que el autor presenta a sus compatriotas, y una demostración práctica de esa verdad es el que la misma Constitución que se había compuesto para el gobierno monárquico constitucional de Iturbide, es la misma que hoy se propone para una forma la más republicana que pueda imaginarse, y que reúne todas las ventajas y caracteres de central y federal.[ 64 ]

De acuerdo con la nueva situación, el pacto entre los diversos grupos dominantes no podía establecerse sin marcar claramente los límites a los que podía y debía llegarse con base en el respeto a los intereses creados, y así el país quedaba en libertad para pronunciarse por la forma de gobierno más adecuada a sus circunstancias.

Mudado al aspecto político del gran pueblo mexicano, sus obligaciones han cesado ya respecto del sistema pasado [...]. La nación del antiguo régimen ha desaparecido, y una nueva nación la reemplaza. Un terreno nuevo pide a grandes voces nuevas instituciones (otros tiempos otras costumbres), cordura es examinar la organización política que le conviene, y ésta es nuestra ocupación actual.[ 65 ]

El rápido desmoronamiento del Imperio sacaría a la luz la gravedad de la crisis latente y mostraría claramente que era ya imposible seguir manteniendo el viejo edificio de raíces coloniales; que era necesario comenzar de inmediato la construcción de otro que reflejara la nueva situación producida por las transformaciones sociales que se habían iniciado desde la época del reformismo borbónico; se trataba, a fin de cuentas, de construir una nueva sociedad en donde los viejos privilegios no ahogaran la posibilidad del progreso.

A partir de la caída del imperio iturbidista se multiplicaron los desacuerdos regionales. La rivalidad entre ciudades y provincias reflejaba no sólo el profundo malestar de los grupos locales, sino que también pudieron verse en ella la oposición de viejos intereses y los intentos de transformar la situación en favor de los nuevos grupos del poder; la misma rivalidad encubría mal las tendencias políticas en favor del centralismo o el federalismo tan peculiares del periodo.

Frente al triunfo revolucionario, los partidarios del cambio exigían el cumplimiento del Plan de Casa Mata, la rápida formación de un nuevo Congreso y urgía al establecido a que respetara el papel de convocante que se le había asignado. El estado de confusión y rivalidad entre las facciones, aunado a la impopularidad y desprestigio en que había caído el Congreso, hizo dificultosa la implantación del sistema republicano.

A pesar de las muchas presiones, los diputados se resistían a poner en tela de juicio la soberanía de que se habían apropiado y mediante la cual controlaban las funciones del ejecutivo; y se negaban también a convocar a otra asamblea que estuviera más acorde con las nuevas circunstancias. Los diputados seguían sosteniendo que sus poderes eran irrevocables:

una provincia no los puede retirar ni suspender: no los pueden hacer variar provincias: la nación entera podrá remover alguno o algunos, mas no a todos los diputados. Los poderes de los diputados son ilimitados: no ya una autoridad ilegítima, pero si la nación misma puede poner límites a los representantes que diputa para constituirla [...]. Los pueblos en quietud no tienen más voluntad que la del Congreso: los pueblos en paz no pueden dejar de obedecer las decisiones del Congreso, sean cuales fueren: el único recurso que tienen los pueblos para resistir las leyes tiránicas y opresoras es el de revolucionar.[ 66 ]

Los grupos sectoriales y regionales reclamaban su inclusión en el poder y para lograrlo exigieron la desaparición y sustitución del Congreso, utilizando incluso la presión y las amenazas. Las autoridades de Nueva Galicia manifestaban por ejemplo que estaban convencidas de la libertad en que se encontraban para reclamarle al Congreso el cumplimiento del Plan de Casa Mata en cuanto a la integración de una nueva asamblea legislativa

manifestándole que todo acto es nulo e ilegítimo, supuesto que se excede la única facultad que se le concedió para su reinstalación. Los pueblos todos convencidos por experiencia de que este cuerpo no puede hacer la felicidad de la nación, por impedirlo las facciones pugnantes en que desde su primera vez está dividido, tampoco pueden dejar su futura suerte en aquellas manos. Fatigados ya de las convulsiones que frecuentemente ha suscitado la falta de un gobierno permanente, no quieren fijar su forma a la actual reunión. A voces llenas demuestra la desconfianza de que ella tienen, y aunque no hubiese otro motivo de nulidad que la que conviene a su nombramiento a todas luces coartado y dispuesto bajo las ilegales bases del Plan de Iguala y Tratados de Córdoba, en cuyos artículos según toda su extensión no pudo ni debió convenir la nación, esto sólo bastaría para probar la necesidad que hay de una nueva convocatoria [...]. Sabido es el empeño que tiene una muy corta facción del reinstalado Congreso para adoptar una república central, y como éste es opuesto a los intereses de las provincias resulta de este conocimiento que ninguna de ellas debe convenir en tal forma.[ 67 ]

Ninguno de los grupos rivales podía esconder sus aspiraciones en forma tal que confundiera a su enemigo, más aún, cuando las circunstancias del país reflejaban las profundas contradicciones y diferencias sociales y los asuntos de la política estaban reservados a la escasa minoría dominante. Este grupo en su mayor parte heredaba su posición de la época colonial; fue por ello que, según Tornel, el conflicto entre el federalismo y el centralismo fue en realidad más de intereses que de opiniones.[ 68 ]

En el momento en que se reunió el nuevo Congreso Constituyente "el país se hallaba todavía agitado [...]; las provincias, que casi en su totalidad estaban separadas del gobierno central de México, habían organizado sus respectivos gobiernos interiores, y en algunas ya estaban reunidos o convocados los congresos que debían constituirlas como estados federales".[ 69 ]

Para el triunfo del federalismo fue decisiva la presión ejercida por las provincias que redujo a la impotencia a los partidarios del centralismo al precipitar los acontecimientos presentando el Acta Constitutiva que aseguraba de facto el establecimiento de la federación. En realidad, la adopción de este sistema fue una simple cuestión de formalismo que venía a legalizar una situación concreta que se había gestado en el transcurso de muchos años. Por ello, "la discusión del acta fue sumamente ligera y superficial, ofreciéndose un ligero debate pocas veces y sólo en algún punto importante y del mayor interés y con más frecuencia ciertamente se discutía y se empeñaba la asamblea en otros asuntos de poco o ningún interés social".[ 70 ]

A pesar de las diferencias de detalle, era un hecho la adopción del federalismo, "somos federalistas -se aseguraba- pero federalistas cautos que no nos alistaremos en ningún partido sin pleno conocimiento de la justicia de su causa: que no perdonaremos trabajo ni fatiga para acertar en los medios que deben emplearse para que la federación produzca bienes".[ 71 ]

En el fondo su establecimiento trataba, como hemos dicho, de actualizar las instituciones del país de acuerdo con el crecimiento de nuevos grupos y tendencias que se habían desarrollado en marcos legales que obstaculizaban su evolución. Así, se ve la urgente necesidad de cambiar de sistema, de realizar un nuevo entendimiento entre los diversos grupos del poder con base en el federalismo, pero "sin prescribir a los que desgraciadamente erraron; sin perseguir a los débiles; sin difamar a los hombres honrados por diferencias de opiniones, ayudémonos todos y marchemos [...] por la senda que hemos abierto. Seamos todos federalistas [...] de previsión [...], franqueza [...], armonía y no por ciega imitación".[ 72 ]

Sin embargo, nuevas oportunidades para los equilibristas se seguirían presentando. Las pretendidas soluciones eclécticas no pudieron llevarse a cabo, dado que no eran operables en la realidad sin eliminar antes las trabas que los obstaculizaban y que les enfrentaban necesariamente con los cuerpos tradicionalistas. La inestabilidad subsistió permitiendo a los maromeros lucir todas sus habilidades, pues el participar en un solo grupo definido significaba la exclusión de las actividades políticas. Los que objetaron duramente este equilibrio por egoístas y no consecuentes con sus principios fueron los menos, al final se decía: "si señor gatiquijote [...], si señor hipócrita, gato tonto, si los compañeros siguieran vuestros consejos y no los míos, morirían con honor pero sin blanca [...] Conservaran las virtudes [...] pero perderán el equilibrio, y en las convulsiones políticas rara vez caerán parados, sino casi siempre de cabeza, haciéndose pedazos las costillas".[ 73 ]

Este equilibrio se fundamentaba en dos aspectos principales, el miedo social heredado de la revolución de independencia, y la contemplación del Estado como objeto de asalto. La desarticulación de las clases en el poder, su incapacidad para reproducir formas de dominación ya obsoletas o por generar eficazmente unas nuevas, dieron como resultado un Estado inestable pero no anárquico -según la vieja interpretación de los historiadores de fin de siglo-, en donde todos los funcionarios podían comprarse para establecer tendencias y principios diversos. La corrupción de las diversas instancias del aparato estatal puede entenderse, a lo largo del periodo, como una forma de operación en donde este Estado resulta un lugar de compra donde se obtienen o se incrementan otros tipos de poder económico y social, o donde se garantiza un empleo fijo. La tardanza para construir un efectivo poder centralizado no surgía entonces del miedo al poder tiránico, con que se acusaban mutuamente los grupos que se disputaban el poder, sino a un miedo más real de que este Estado pudiera constituirse efectivamente como un poder imparcial, burocrático y racionalizado -el viejo sueño del reformismo borbónico- por encima y más allí del juego depredador practicado por individuos y grupos de interés, capitalinos y regionales, civiles o militares y de los potenciales beneficiarios que se encontraban dentro de los límites de dependencia con respecto a todos ellos, solicitando puestos o favores. Sometidos e imposibilitados para ocupar un papel social acorde a su situación y pretensiones, encontrando obstáculos para una carrera abierta, estos nuevos sectores generarían un profundo malestar que caracterizaría a una gran parte del radicalismo político e intelectual hacia mediados de siglo.

Este ambiente hostil al establecimiento pleno de un poder estatal centralizado se ilustra con la descripción de Luis de la Rosa:

No creo que pueda establecerse jamás un sistema de hacienda [...] en un país en que cada jefe de partido, al proclamar una revolución, pueda apoderarse del tesoro público como de una presa y distribuirlo entre sus partidos, como si fuese su herencia o patrimonio. Al llegar a su desenlace cada guerra civil, la nación ha pagado los caudales que prodigaron los sublevados para atacar al gobierno, y los que prodigo el gobierno para sostener su poder [...] también [...] un nuevo gravamen de empleos, de premios y de recompensas, que han aumentado excesivamente los gastos del erario [...] los jefes de [la guerra civil] han impuesto nuevas contribuciones o abolido [otras] han extorsionado a los ciudadanos con embargos y expropiaciones [...] los empleados que tenían a su cargo las ventas públicas, han tornado parte en las revoluciones, o las han promovido o las han costeado tal vez con los mismos caudales de la nación, únicamente para dilapidar los fondos del erario, o para cubrir las dilapidaciones de ya se habían hecho responsables. Muchas veces los poderosos contrabandistas han suscitado una revolución [...] únicamente para ganar un tanto por ciento más en sus mercancías [...]. Durante las discusiones apasionadas que preceden [...] a una guerra civil, la imprenta ha combatido como ruinosas todas las contribuciones establecidas para desacreditarlas y privar así de recursos al gobierno, que sin ellas no puede sostenerse.[ 74 ]

Y a pesar de todo ello, el Estado subsistió sin sufrir los procesos de fragmentación típicos de otras zonas del continente y se dio el crecimiento del país a pesar de la crisis político-institucional permanente.

Finalmente, pensamos que esta misma imposibilidad de establecer un poder centralizado explica igualmente la gran adaptabilidad de quienes se dedicaban a la política, que en ocasiones resulta asombrosa, de aquí su caracterización como "maromeros".

El hecho de la gran inestabilidad y de la rápida sucesión de gobiernos entre 1821 y 1855 no puede explicarse simplemente por una actitud temperamental o caprichosa de quienes participaban en la vida política, sino en su imposibilidad de cumplir exitosamente con la tarea, prácticamente irrealizable, de apuntalar un Estado en las condiciones de desarticulación en que éste se encontraba. Imposibilidad que no puede explicarse tampoco por su inexperiencia o falta de lucidez, pues entre muchos había de ambas, a pesar de la ineptitud de otros tratos, si no se tiene en cuenta que, en el campo de la realidad, tratar de mantener un sistema político basado en las componendas y la conciliación de posturas antagónicas no podía tener resultados duraderos. Una y otra vez, tales acuerdos pusieron de manifiesto que la transacción era inaceptable para unos y otros, por razonable que fuese la actitud asumida por ellos.

En esta misma imposibilidad de una solución razonable estaría la explicación que nos permite comprender estos años turbulentos y da coherencia a esta aparente anarquía en donde todo parece una sucesión irracional de cambios y bandazos.