MICHOACÁN: TRES DÉCADAS DE HISTORIA MILITAR
Gerardo Sánchez Díaz
José Alfredo Uribe Salas
José Napoleón Guzmán Ávila
Introducción
Hasta la fecha, la historiografía mexicana, salvo contadas excepciones, ha desdeñado el estudio y análisis de la historia militar sin tomar en cuenta la riqueza que ésta nos ofrece. Los pocos trabajos que se han realizado son, en la mayoría de los casos, memorias escritas por algunos militares o fragmentos de alguna batalla significativa. Pese a todo, justo es reconocer su valía, pero es necesario incidir sobre la necesidad cada vez más apremiante de elaborar investigaciones que, desde una perspectiva más amplia, traten no solamente de explicar los hechos militares, sino también de situarlos en una sociedad determinada regida por sus correspondientes leyes económicas y sociales. En ese sentido, la primera mitad del siglo XIX es rica en testimonios. En Michoacán, como en buena parte del país, este periodo se caracterizó por la inestabilidad económica, política y social que propició continuas revueltas, pronunciamientos y asonadas. En general, el ejército jugó un papel muy importante; en él se reflejaron muchas de las contradicciones que agobiaban a la naciente república y si algo debemos tener muy presente es su diversa composición social.
Tal situación fue la que despertó nuestro interés por rastrear el comportamiento de las fuerzas armadas en Michoacán en las primeras décadas de vida independiente, y así procuramos adentrarnos en la estructura y composición de los cuerpos armados, su reglamentación, distribución, armamento y equipo, y, en ocasiones, describimos algunas acciones concretas en las que tomaron parte los diversos cuerpos militares, valiéndonos para ello de fuentes variadas de información como la Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares expedidas en el Estado de Michoacán que a fines del siglo pasado formó y anotó Amador Coromina; esta última es obra valiosa por la rica información oficial que aporta y que comprende desde los reglamentos hasta el presupuesto destinado al mantenimiento del ejército en el estado.
Asimismo, nos fueron de mucha utilidad los Apuntes para la historia de Michoacán escritos por el teniente coronel Manuel Barbosa, publicados en 1905; éstos condensan los diversos acontecimientos militares acaecidos en Michoacán entre 1829 y 1872, en gran parte recogen la propia experiencia de Barbosa dentro del ejército. Fue provechosa también la consulta de los Apuntes para la historia del Batallón Matamoros de Morelia, redactados por el teniente Isidro Alemán, en 1890, y que aún permanecen inéditos. De esta obra extrajimos nombres, fechas y valiosos informes sobre la participación michoacana en contra de la intervención norteamericana de 1847. Los datos sacados de los textos anteriores se vieron complementados con los que obtuvimos de las diferentes Memorias de Gobierno de 1827 a 1849, y con la consulta del libro Continuación del cuadro histórico de la revolución mexicana de Carlos Maria de Bustamante.
En la prensa de la época encontramos noticias sobre pronunciamientos, planes políticos y acciones militares, así como las continuas discusiones sobre el centralismo y el federalismo; los periódicos revisados fueron El Astro Moreliano, 1829-1830; El Michoacano Libre, 1830-1831, y El Filógrafo, 1838.
La información documental utilizada para este ensayo procede del Archivo del Congreso del Estado, sobre todo la que se refiere al problema suscitado con motivo de la expulsión de los españoles; también se utilizaron algunos expedientes del ramo de Policía y Guerra del Archivo Manuel Castañeda R. que se encuentra en la Casa de Morelos, lo mismo que el Libro General de Despachos, 1827-1847, depositado en el Archivo del Poder Ejecutivo del Estado, que contiene los nombramientos de oficiales del Batallón Matamoros de Morelia, y las aprobaciones que hizo Melchor Ocampo para la formación de grupos guerrilleros de resistencia en 1847.
El presente ensayo se inicia con un breve panorama del estado económico, social y político de Michoacán entre 1822 y 1848; continua con un apartado sobre la estructura del ejército y las milicias, el problema de la expulsión de los españoles, la invasión de Barradas, la participación de los cuerpos armados en la disputa del poder político y termina con la actividad formada por los michoacanos frente a la intervención norteamericana de 1847.
Economía y sociedad en Michoacán
durante la primera mitad del siglo XIX
En Michoacán, como en el resto del país, una vez llegado a su fin el movimiento de independencia de 1821 que ahondó la crisis de la estructura económica y social ya iniciada en las últimas décadas del siglo XVIII, y que prosiguió durante la primera mitad del siglo XIX, se inició una nueva lucha entre los diversos grupos de poder (alias jerarquías eclesiásticas, militares, oligarquías regionales, y los restos, todavía poderosos, de la oligarquía indiana), interesados todos en restaurar fueros y privilegios de corte colonial, o bien en impulsar un nuevo orden social que eliminara de la escena histórica tres siglos de dominación española. La reorganización jurídica del nuevo Estado-nación y del aparato productivo, tenía que pasar a través de la capacidad política de la fracción nueva de propietarios para estructurar un bloque de poder aliándose o suprimiendo a las oligarquías indianas o regionales. Esta situación, que perduró a lo largo de las primeras décadas de vida independiente, estuvo signada por la lucha entre monarquistas y republicanos, centralistas y federalistas, liberales y conservadores, poniendo de manifiesto la debilidad política del Estado para lograr concentrar y armonizar el poder y los intereses particulares de las distintas fracciones de propietarios, así como de fortalecerse económicamente. Producto de esta realidad fue la creación -entre otras cosas- de un Imperio Mexicano (1821-1822), dos repúblicas federales (1824-1835 y 1840-1853) y dos centralistas (1835-1840 y 1853-1855), en cuyo lapso Michoacán tuvo cuarenta gobernadores, veintinueve de ellos durante los regímenes federales y once durante los centrales. Así, la dispersión del poder político y la ausencia de un grupo hegemónico, como se puede apreciar, tuvo como causa y consecuencia la gran depresión económica de origen colonial y la dispersión de los ingresos estatales que el movimiento armado de 1810-1821 terminó por desarticular.
En 1824, según el Acta Constitutiva de la Federación, la antigua provincia de Michoacán pasó a formar parte de los diecisiete estados de la federación. Éste, a su vez, por acuerdo del Primer Congreso Constituyente del estado de Michoacán (15 de marzo de 1825), quedó dividido para su mejor organización económica política en 4 departamentos, 22 partidos y 63 municipalidades. El departamento norte quedó compuesto por 6 partidos: Valladolid, Tiripitío, Charo, Cuitzeo, Huaniqueo y Pátzcuaro; el del poniente, por 5: Zamora, Tlazazalca, Jiquilpan, Puruándiro y La Piedad; el del sur, por 7: Uruapan, Taretan, Antiguo Paracho, Ario, Apatzingán y Coahuayana, y el oriente, en Zitácuaro, Tlalpujahua, Zinapécuaro y Huetamo. Esta división sufrió algunas modificaciones por decreto del 19 de diciembre de 1831.[ 1 ] Al frente de cada departamento fungía como autoridad máxima un pretexto encargado de supervisar a las autoridades municipales de su jurisdicción, mantener el orden y hacer cumplir y respetar las disposiciones del ejecutivo y del Congreso local, apoyándose, para el caso, en las milicias cívicas de su localidad. Destacaban entre otras muchas de sus obligaciones, las de impulsar todo tipo de obras públicas (caminos, puentes, escuelas, etcétera); promover y auspiciar entre los propietarios la agricultura, la industria y el comercio, así como remitir al gobierno censos de población, estadísticas de propiedad, de producción y de comercio, etcétera.[ 2 ] Sin embargo, bien poco o nada se logró en este sentido durante el periodo de estudio. El movimiento armado había dislocado completamente el aparato productivo. La agricultura, la minería, las artes y los oficios y el comercio, que habían experimentado un desarrollo durante los últimos años de dominio español, se encontraban en un estado de postración o paralización total que difícilmente pudo reactivarse con la serie de medidas tomadas por el gobierno. La población, al igual que los capitales y la producción, había disminuido sustancialmente por efectos de la guerra.
En 1822, la población total de Michoacán era de 365 080 habitantes que se distribuían en 3 ciudades, 3 villas, 265 pueblos, 83 parroquias, 68 vicarías, 333 haciendas, 1 365 ranchos, 110 estancias y 91 ayuntamientos. De ellos, 178 052 eran hombres y 187 028 eran mujeres. De estas últimas, 19 757 habían perdido a sus maridos durante el conflicto armado.[ 3 ] La ciudad de Valladolid que en 1803 tenía una población de 18 000 almas y a principios de la revolución más de 20 000, "al año siguiente no llegaba a 3 000 con toda la tropa de guarnición; así no parece de extrañarse de que hoy consta de los estados".[ 4 ] Años después, la población experimentaría un sensible aumento. En 1828 se registró una población de 103 101 en el departamento norte, 99 296 en el departamento de oriente, 72 398 en el del sur y 147 677 en el del poniente. En conjunto sumaban 422 472 habitantes.[ 5 ] Según los datos, en menos de siete años la población había experimentado un aumento de más de 50 000 habitantes. Con todo, a decir del gobierno,
se palpa sin equívoco que todos, o casi todos, se hallan fuera de su lugar, porque la revolución destruyó sus capitales, porque el giro que tomó el comercio les arrebató su industria y su amor al trabajo, porque el movimiento general ha exigido en todas variaciones a que no han podido todos acomodarse, [...] porque una gran parte de los mexicanos de hoy no estaban en su lugar fijo en el año de diez ni en el de veinte, y hasta ahora no han podido atinar con cuál debe ser su verdadera posición.[ 6 ]
Esta situación se vio acentuada por la inestabilidad económica y política del estado y del país, y por los conflictos con España, Francia y los Estados Unidos. Al término de la primera mitad del siglo XIX, aún eran patentes las dificultades para establecer estadísticas de población creíbles. Entre 1845-1849 se calculó una población de 554 585 habitantes. Pese a ello, se afirmaba que
la población, que deba ser objeto de tantas observaciones, la base de tantos cálculos, el punto de vista permanente de los legisladores y de los gobiernos, el atractivo [...] de todas las empresas, y que, en fin, es el principio de la respetabilidad o del desprecio con que se mira a una nación, en la nuestra sólo ha sido objeto de una u otra medida sustancial y de algunas órdenes contraídas a la reunión de datos.[ 7 ]
Respecto al aparato productivo, el movimiento de independencia primero, y luego los continuos alzamientos y asonadas militares que se sucedieron por espacio de treinta años, lo mantuvieron en un permanente desequilibrio. Las zonas agrícolas, junto con los centros mineros, fueron los mayormente afectados. Muchas de las 333 haciendas que existían en 1822 habían quedado despobladas, destruidos sus bordos y canales de riego, saqueados sus ganados y graneros y arrasadas o quemadas sus cosechas.[ 8 ] Todavía en 1829, y en los años siguientes, el estado de la actividad agrícola en Michoacán sería reflejo de las condiciones de inestabilidad política y económica del momento. "La falta de seguridad, el estado triste de los caminos, en cierto modo la falta de mercado y, sobre todo, la gran escasez de capitales, la desconfianza de los empresarios en cuanto al estado político de la nación, la inmoralidad de nuestro pueblo, y la ignorancia de los verdaderos principios de la economía de las empresas",[ 9 ] eran factores, a decir del gobierno, que mantenían postrada a la agricultura, principal fuente de riqueza y de ocupación de los habitantes. Los nuevos propietarios que ampliaron su riqueza y extensión de tierras con tierras de comunidad y a través de las adquiridas a los españoles a finales de la década de 1830 no tardaron, sin embargo, en constituirse en un poderoso grupo de poder que hicieron de Morelia, Zamora, Uruapan y otras localidades del estado sus centros de operación comerciales, financieros y políticos.
La minería, como ya se ha dicho, fue otra de las ramas de la economía michoacana que quedó paralizada como resultado de la contienda armada. Centros mineros como Tlalpujahua, Angangueo y Otzumatlán, para no mencionar otros, símbolos de la oligarquía minera española en la entidad, habían quedado completamente arrasados. Tlalpujahua que
había tocado a un grado superior de su prosperidad, y de aquélla de sus habitantes, los más empleados en este dicho ramo de industria [...], con el desorden, con los excesivos gravámenes y contribuciones, con la mala política y previsión del tribunal general y los destrozos que en la población hacían dos partidos encontrados y destructores, la minería de este real puede decirse que expiró.[ 10 ]
En idéntica situación quedaron el resto de los fundos mineros; el capital emigró junto con los españoles, la población se diseminó en busca de trabajo y seguridad. Sin medios ni técnicas adecuadas, las mismas quedaron a merced del gambusino que por mucho tiempo benefició el oro y la plata en modestas cantidades. Este personaje fue desplazado ahí donde compañías mineras extranjeras invirtieron capital y mejoraron la infraestructura material de las minas. En este periodo fue el oro y la plata el objeto de las aventuras mineras emprendidas por dos compañías inglesas en los reales de minas de Tlalpujahua, Angangueo y Otzumatlán. Por espacio de diez años, que corresponden a finales de decenio de 1820 y principios del siguiente, las empresas británicas Real del Monte y de Tlalpujahua invirtieron fuertes capitales para su explotación. Sin embargo, la crisis financiera de Inglaterra y la mala administración, económica de ambas compañías, provocó nuevamente la paralización de este ramo productivo.[ 11 ] En la década de 1840, compañías alemanas llevaban adelante la explotación de la plata de Angangueo, sorteando para el caso los innumerables problemas económicos y políticos del momento. Hacia 1847 había cerca de dos mil trabajadores mineros trabajando en los fundos.[ 12 ] Bien pronto, sin embargo, la actividad comenzó a resentir los trastornos provocados por la guerra contra los norteamericanos; quienes sufrieron mayormente las consecuencias fueron los trabajadores. Desde el comienzo del conflicto militar, el reclutamiento para el ejército nacional los afectó, acarreando en la mayoría de las veces el entorpecimiento de los trabajos. Un informe oficial expresaba, no sin cierta alarma, que "entre muchas otras razones que motivan la escasez de operarios -y precisaba cuando se verifica por órdenes superiores- se hace de manera tan violenta que los barreteros y operarios no tienen otro recurso que remontarse a los cerros o avecindarse en otros minerales".[ 13 ]
Por otra parte, a la crisis del sector productivo estuvo ligado indudablemente un nuevo grupo de especuladores, contrabandistas y agiotistas. Algunos hacendados y mineros participaron de las utilidades obtenidas por este medio. En este sentido, el sector que más resintió la presencia de estos grupos fueron los artesanos dedicados a la confección de un sinfín de artículos textiles. La introducción al mercado regional de prendas de algodón provocó la ruina de cientos de talleres.
En cuanto a tejidos, es poco lo que ha adentrado Michoacán. Hasta 1843 sólo había en la capital del estado 19 telares para mantas; 18 para rebozos; 25 para frazadas; 4 para cotí y driles; [y] 24 malacates que proporcionaban una escasa subsistencia a pocas familias, porque el mayor consumo se hace de Puebla, México y Colima. En cuanto a la fabricación de paños de rebozo, parece que sólo es notable Zamora y que se introducen muchos de Yuriria, Valle de Santiago, Guadalajara, etcétera. [ 14 ]
El proyecto de industrialización impulsado por el gobierno en esta década, Compañía Michoacana para el Fomento de la Seda (1840-1845), empresa para la manufactura del lino (1845-1846) y fábrica de algodón (1846), fracasó rotundamente por la desleal competencia provocada por los artículos extranjeros y nacionales introducidos en Michoacán, por la falta de telares mecánicos y la escasez de financiamiento, amén de la mala administración de los bienes acumulados para echar a andar dichas empresas textiles. [ 15 ]
A lo anterior se sumó, para agudizar la situación del estado y la miseria de su población, el hecho de que tanto campesinos sin tierra como mineros sin empleo y artesanos empobrecidos fuesen la carne de cañón de los enfrentamientos armados entre los grupos de poder regional y nacional. Hubo casos en donde estos sectores participaron voluntariamente en la defensa del país. No así en lo relativo a la integración de las milicias cívicas, aparato militar que impuso a la población trabajadora del campo y la ciudad un velado estado de sitio; reclutando por la fuerza, para ampliar los cuerpos milicianos, o remitiendo a las cárceles y presidios a cientos de hombres calificados por las autoridades y grupos de propietarios como vagos, viciosos y sin oficio para el bienestar de Michoacán.
Organización y estructura del ejército de Michoacán, 1824-1847
Cuando el 27 de septiembre de 1821 hizo su entrada triunfal a la ciudad de México el Ejército Trigarante, se puso de manifiesto entre los núcleos de insurgentes herederos de Hidalgo y Morelos el hecho de que lo que estaba en juego no era la consumación de la independencia por la que se había luchado, sino la contradicción de lo acontecido el 16 de septiembre de 1810.[ 16 ] Era claro entonces que, con la derrota militar de los ejércitos populares campesinos de Hidalgo y Morelos, el camino para la formación del nuevo Estado-nación fuese el resultado directo de un compromiso entre los grupos económicos dominantes interesados-en compartir la dirección política del nuevo órgano de poder, como necesidad fundamental de refrenar, así fuera temporalmente, sus propias contradicciones como sector dominante y las derivadas de la situación económica y social del país. "La construcción del nuevo Estado-nación se inició -como bien se ha dicho- sin la existencia estable de un bloque de poder hegemónico, antes bien, en lugar de alianzas duraderas existían duras luchas entre los grupos-de propietarios, en las que se asentó la inestabilidad política del periodo",[ 17 ] llamado comúnmente de "anarquía", y, en cuyo lapso, el ejército, compuesto en su dirección de antiguos jefes y oficiales realistas, adquirió tal fuerza en su carácter de corporación privilegiada que no hubo acontecimiento alguno que se produjera sin la intervención del mismo.
Seguridad publica y fuerzas armadas
El 31 de enero de 1824, de acuerdo con el Acta Constitutiva de la Federación, la antigua provincia de Michoacán se transformó en estado libre, soberano e independiente. El 28 de abril del mismo año, el ya constituido honorable Congreso del Estado de Michoacán decretó la obligación de que "todas las autoridades y corporaciones del estado, así civiles como militares y eclesiásticas, y los empleados públicos, prestaran el debido juramento de obediencia al Congreso del Estado y reconocieran como legítimas a las autoridades que de él emanen",[ 18 ] como expresión y resultado del compromiso contraído entre los diversos sectores dominantes de respetar y hacer respetar el nuevo orden constituido.
El siguiente paso fue reorganizar del ejército:
la revolución había destruido toda disciplina y el respeto hacia las autoridades civiles; y el soldado, acostumbrado a la licencia del campamento, estaba listo para seguir a cualquier jefe que le prometiera botín en lugar de sus pagos vencidos. Este peligroso estado de cosas -según la opinión de un viajero que recorrió el país en 1827-, terminó con el establecimiento de la Constitución y con la obtención de dinero, por parte del gobierno, a través de préstamos extranjeros.[ 19 ]
En este sentido y aunado a la necesidad de mantener la armonía entre los sectores de la sociedad, cuidar de sus bienes y privilegios, dar sentido legal al nuevo orden de cosas y mantener la paz pública y apego a las leyes constitucionales, el Congreso de Michoacán, en ejercicio de sus derechos estipulados en el decreto del 24 de agosto de 1824, expedido por el soberano Congreso General, dio al conocimiento público el decreto número 22 del 10 de septiembre en el que se legislaba sobre la cantidad y forma en que Michoacán participaría para la composición del ejército republicano. Por dicho concepto, le correspondía la formación de un contingente de 4 139 hombres, reclutados entre la población de la entidad que tuvieran entre 18 y 40 años, prefiriéndose para dicho fin a "los ociosos, vagos y demás que no tengan oficio o modo de vivir conocido" o "con los que aunque lo tengan o se ocupen en otros destinos sean viciosos y no cumplan con sus obligaciones respectivas". Quedaban exentos de este compromiso: a ) los músicos, cantores y sacristanes necesarios para el culto; b ) los empleados civiles; c ) los abogados, médicos y cirujanos; d ) los maestros de primeras letras y los de oficios o artes que tuvieran taller público; e ) los hijos honrados de viudas y padres ancianos; f ) los mayordomos y administradores de haciendas, ranchos, minas y otras negociaciones, y los subalternos de éstos; g ) los que tuvieran impedimento físico conocido para el servicio militar, y h ) los individuos adscritos a la milicia cívica de Michoacán.[ 20 ] De lo anterior quedaba claro una cosa: el origen y composición social del ejército. Y puesto que el reclutamiento no era a voluntad sino forzado, se otorgaran amplios poderes a los ayuntamientos para nombrar una junta compuesta de los regidores, un procurador, el comandante de la milicia cívica del lugar y dos vecinos honrados, para dictaminar si los individuos aprehendidos "se hallan en los casos y en las circunstancias expresadas". Si así fuera, cada "reclutado aprehendido" recibiría como salario un real diario para su manutención.[ 21 ]
Este decreto y su cumplimiento dejó un franco antecedente en la forma de legislar y de los medios y mecanismos empleados con que los grupos dominantes reforzaron la opresión y la explotación de los sectores populares. Así, por nuevo decreto del 3 de agosto de 1827, el Congreso estatal refrendó lo dispuesto en el del 10 de septiembre de 1824, relativo a que los que fueran declarados vagos y viciosos "serán destinados al servicio de las armas, y los que por algún impedimento fueran inútiles para él, se destinarán [...] a la industria mecánica, a la agricultura u obras públicas que se ofrezcan por un término que no baje de dos meses, ni de seis si fuera a dichas obras públicas, y de uno a tres años a todos los demás".[ 22 ]
De esta manera, los propietarios de fincas rústicas y de otros establecimientos productivos adquirieron un medio eficaz para resolver el problema de la mano de obra a través de la denuncia de "vagos y viciosos" de comuneros y campesinos sin tierra, de artesanos empobrecidos y de familias enteras sin modo de vida.
Conforme pasó el tiempo y la estabilidad política vino a menos en la medida en que los grupos de propietarios adictos al federalismo o al centralismo se sucedían en el poder, fueron perfeccionándose los mecanismos legales y coercitivos para reclutar, entre la población del campo y la ciudad, los contingentes armados. Destacó, en este sentido, el cuidado que tuvieren los distintos gobernadores de Michoacán que se sucedieron en el poder, entre 1824 y 1847, para reforzar las propias milicias cívicas del estado, como instrumento fundamental para mantener el orden impuesto, salvaguardar la soberanía del estado de Michoacán durante la República Federal (1824-1835) o subordinar el departamento de Michoacán a los designios de la República Central (1835-1846). En uno y otro caso, las milicias cívicas fueron pieza clave de la política gubernamental para enfrentar a los enemigos del régimen vigente, calificados en su momento como subversivos del orden, ladrones, delincuentes, etcétera. Aun así fue tal la fuerza que desarrollaron las milicias cívicas que en varias ocasiones, subvirtiendo el orden, encaminaron sus armas contra el gobierno mismo, abanderando tal o cual consigna, tal o cual grupo político. Los mismos grupos del poder regional, aliados con algún coronel, teniente coronel, capitán o teniente de infantería o caballería de las milicias locales, se pronunciaban contra el gobierno, o bien, a favor del mismo; adhiriéndose a proclamas y planes de gobierno cuyo epicentro gravitaba en otros estados o departamentos del país.
Las milicias cívicas: organización y estructura
La milicia nacional fue constituida formalmente por los decretos del 3 de agosto de 1822 y 14 de abril de 1823. En Michoacán, de acuerdo con el título séptimo de la Constitución Política del Estado Libre Federado de Michoacán, promulgada el 19 de julio de 1825, se formarían "cuerpos de milicia local para la conservación del orden interior y para la defensa exterior", disponiéndose con arreglo a las leyes generales de la República la forma en que habría de procederse a la elección y nombramiento de sus comandantes y oficiales, así como en lo relativo al tiempo en que estarían en funciones. Las milicias cívicas, por tanto, dependían directamente del ejecutivo estatal quien, de acuerdo con el capítulo cuarto del título segundo constitucional, tenía las atribuciones de mandar la milicia cívica del estado y disponer de ella para conservar el orden público en lo interior y de la seguridad del estado en lo exterior. También procuraba por todos los medios la instrucción y disciplina de los cuerpos armados. Con todo, el gobernador estaba impedido de mandar en persona la fuerza armada local sin previo consentimiento y permiso del Congreso y, en su receso, de la diputación permanente. De igual modo, por mandato expreso de la ley constitucional del estado, el gobernador en turno carecía de atribuciones para "poner a disposición del gobierno general la milicia cívica, sino conforme el artículo 110, atribución primera de la Constitución Federal".[ 23 ]
El antecedente inmediato de las milicias cívicas locales fue la disposición de autorizar a los hacendados y/o administradores de las fincas rústicas del estado, la formación de grupos armados por ellos mismos con la finalidad de coadyuvar con las autoridades estatales al cuidado del orden publico. En los artículos 79 y 80 del Reglamento para el Establecimiento y Organización de los Ayuntamientos, del 24 de enero de 1825, se especificaba claramente las atribuciones de los ayuntamientos y de los propietarios de la jurisdicción para constituir a dicho objetivo.[ 24 ] Dos años después, el 3 de marzo de 1827, por decreto del Congreso local, estos grupos armados adquirían la categoría de policía rural "para cuidar de la seguridad de los campos" y apoyar a las autoridades municipales en el cumplimiento de sus funciones. En este sentido, y con la finalidad de levantar un censo entre la población masculina de catorce años en adelante, se dispuso la formación de un padrón por sexo, edad, estado y ocupación, obligándoseles a "tener una boleta de seguridad que se renovara cada dos años, firmada por el alcalde primero [de la municipalidad] y, donde no lo hubiere, por el teniente [de la policía rural]", como el objeto de aprehender a todos los individuos que por su edad no tuvieran ocupación o industria, los que serían procesados de acuerdo con las leyes y remitidos a los cuerpos en formación de las milicias locales.[ 25 ]
La situación material, humana y de organización en que surgieron las milicias del estado fueron deplorables. En el informe anual de 1827, que por mandato constitucional estaba obligado el gobernador proporcionar al Congreso del estado, se puso de manifiesto el estado de penuria en que se debatían las milicias cívicas. Este cuerpo armado, explicó el gobernador en turno, "es la única fuerza con que el estado cuenta con seguridad, como que sólo depende de él para conservar el orden, para su defensa, para auxiliar a la federación en caso de un ataque extranjero, o interior [...]. Su estado es el más miserable: sin armamento, sin municiones, sin vestuario; y, por último, sin fondos".[ 26 ] A continuación, el gobernador daba un informe detallado del estado, número, estructura y distribución de los cuerpos de las milicias cívicas existentes en territorio michoacano. Así, las milicias cívicas cuyo contingente ascendía teóricamente a 7 781 hombres estaban organizadas en 2 regimientos de infantería compuestos éstos por 5 batallones y 47 compañías, con un total de 5 922 plazas. Por lo que respecta a las fuerzas de caballería, estaban éstas organizadas en 6 escuadrones y 25 compañías con 1 859 plazas respectivamente. Las fuerzas de infantería se encontraban distribuidas en la entidad de la siguiente manera: en la ciudad de Morelia, en donde residían los poderes públicos, operaba un regimiento, 2 batallones y 10 compañías con un total de 808 miembros; la segunda ciudad en importancia era Zamora, en donde existía un regimiento, 2 batallones y 8 compañías con 520 infantes. En Maravatío se localizaba el Quinto Batallón de Infantería dividido en 4 compañías con 240 elementos. Además, diseminados por diversas partes de Michoacán, operaban 28 compañías de infantería con un total de 4 354 miembros: éstas se distribuían 3 en Tlalpujahua, centro minero de importancia, con 224 individuos; 3 en Zinapécuaro con 275; 2 en Santa Clara con 222; 2 en Uruapan con 200; 2 en Cuitzeo con 195; 2 en Indaparapeo con 142; 1 en Pátzcuaro con 152; 1 en Chucándiro con 67; 1 en Puruándiro con 135; 1 en Tarímbaro con 120; 1 en Zitácuaro con 115. Chucándiro, Los Reyes, Parindícuaro, Taximaroa, Araró y Huetamo contaban cada uno con una compañía de menos de cien miembros. Respecto a las fuerzas de caballería, 2 escuadrones y 6 compañías con 482 plazas correspondían a la guarnición de Triripitío; en Tlalpujahua, además de las fuerzas de infantería, operaban 2 batallones y 6 compañías de caballería con 466 integrantes; y, finalmente, en Tarímbaro, residían los 2 últimos batallones compuestos de 5 compañías con 408 hombres de a caballo. El resto de las compañías de caballería se distribuían así: 2 en Cueneo con 137 integrantes; 1 en Jiquilpan con 92; 1 en Puruándiro con 47; 1 en Maravatío con 60; 1 en Zinapécuaro con 52; una más en Indaparapeo con 58 y la última compañía de caballería operaba en Araro con 57 miembros. [ 27 ] Sin embargo, una cosa era la estructura, la organización, la distribución y el número de plazas de cada cuerpo armado y otra la realidad y estado de las milicias cívicas. Así, por ejemplo, el gobernador señalaba que las fuerzas de hombres que respectivamente se señalaban para cada caso eran puramente nominales y no de servicio activo. El mayor problema que se señalaba para mantener en activo el número de plazas asignadas a cada contingente, tanto de infantería como de caballería, era "a causa de las bajas que ocurren diariamente" y la "renuncia de los contribuyentes" para sostener a las milicias locales. En Morelia, de las 808 plazas existentes para la infantería, sólo estaban en activo, en este año de 1827, 277. Y así por el estilo en el resto de Michoacán. El arsenal militar con que contaban las fuerzas del estado se reducía a 328 fusiles, de los cuales 203 estaban en Morelia, 60 en Puruándiro, 38 en Cuitzeo, 22 en Pátzcuaro y 5 en Chucándiro. Además, se contaba en total con 221 bayonetas, 93 fornituras, 38 cartucheras y 14 cananas. El vestuario de las milicias, compuesto por casacas, chaquetas, pantalones, corbatines, cachuchas y gorros, sumaban, las existentes, un total de 201 piezas.[ 28 ] Lo anterior demostraba el estado real en que se hallaban las milicias cívicas, de Michoacán. En este sentido, el gobernador exhortaba a la cámara legislativa del estado a tomar medidas adecuadas y prontas para resolver dicho problema. En el informe, manifestaba el ejecutivo no poder pasar desapercibida esta situación y
recomendar a las altas consideraciones del Congreso este asunto por estimarlo de grande trascendencia. Si se ha de hacer uso de esta fuerza, que generalmente se reconoce como el baluarte de las libertades públicas, el sostén del orden y el mejor apoyo de nuestras instituciones; si se quiere que llene su objetivo, es necesario dedicarle una particular atención, proveerla de armas y demás útiles; asignarle fondos suficientes para sus gastos ordinarios y, finalmente, organizarla bajo un sabio reglamento que combine la subordinación militar con la dignidad de ciudadanos que gozan los que la componen.[ 29 ]
Diez meses después, el 12 de mayo de 1828, las autoridades del estado de Michoacán dieron a conocer el Reglamento para la Formación y Fuerza de la Milicia Local del Estado con el que se pretendía dotar a la entidad de una fuerza militar disciplinada que fuese orgullo de la población y que respondiese íntegramente a los fines de su creación. El reglamento en cuestión se componía de 11 apartados y 85 artículos. El primer apartado, relativo a la formación y fuerza de la milicia local, estipulaba que la misma estaría integrada por todos los ciudadanos aptos para las armas, para lo cual el contingente se dividiría en dos clases: denominada milicia en ejercicio la primera, y la segunda, milicia de reserva. La primera estaría compuesta por voluntarios, y en el caso de que por este procedimiento no se complaciera el número dado, los ayuntamientos procederían a sortear los lugares vacantes entre los vecinos de la municipalidad que tuvieran la edad de 18 a 46 años, quedando exentos de este compromiso, prácticamente, los aludidos en el artículo sexto del decreto número 22 del 1 de septiembre de 1824 y del artículo 16 de la ley del Congreso General del 29 de diciembre de 1827. Paso seguido, se daría inicio a la formación de regimientos, batallones o escuadrones en cada uno de los partidos en que estaba dividido Michoacán, ya fueran de infantería, caballería o de ambas armas, según las circunstancias del estado y las nacionales. Muy particularmente se especificaba que en la capital de la entidad habría una compañía de artillería, si así lo demandaban las circunstancias.
El segundo apartado, de las prerrogativas y obligaciones de la milicia, asentaba que ningún miembro de este cuerpo podría ser remitido, contra su voluntad, al contingente del ejército regular de la federación. Cada miliciano estaba obligado, una vez enlistado en su respectivo grupo, a servir en la milicia dos años en la primera vez y cuatro en la segunda. En este tiempo, prestarían guardia en el cuartel de su asignación, cuidar las armas, auxiliar a las autoridades civiles en el mantenimiento de la seguridad pública, persiguiendo a los desertores y "malhechores". En este caso, estaban obligados a acudir al llamado de cualquiera de sus oficiales, sargentos o cabos para contender o evitar algún desorden público. Por último, se señalaba al gobernador del estado jefe superior de toda la milicia y en cada departamento al prefecto; en cada partido al subprefecto, quedando las fuerzas armadas supeditadas, en todo momento, a las autoridades civiles en sus diferentes rangos.
Respecto al nombramiento de los oficiales, sargentos y cabos, relativo al apartado tercero, se consignaba que los jefes y oficiales serían nombrados por el gobernador; los sargentos y cabos por el capitán o comandante de la compañía, con la aprobación del inspector general de las milicias cívicas, quien sería también nombrado por el ejecutivo, y duraría en funciones cuatro años con un sueldo anual de mil doscientos pesos, pagados del erario público, y mil pesos de los fondos de la milicia. El sobresueldo de mil pesos y las consideraciones que el gobernador mantenía con el inspector se explicaban en función de sus actividades en las milicias. Así, en el apartado cuarto del reglamento, se indicaba que "el inspector, conforme a sus atribuciones, deberá reglamentar el modo en que se ha de instruir la milicia, siendo de su responsabilidad que los cuerpos tengan más constante disciplina, y que se establezca la mejor subordinación en asuntos del servicio [...]. En cuanto a la artillería dispondría que reciba la mejor instrucción que sea posible, mientras el Estado se habilita de cañones".[ 30 ]
Las milicias cívicas -una vez prestado juramento de lealtad y disciplina, de luchar y defender la independencia y la libertad civil, la Constitución Federal y del estado- estaban sujetas a penas y castigos por infringir o desobedecer los reglamentos de su cuerpo. Las faltas más penadas eran las de robar armas o municiones dentro del cuartel; incitar a la insubordinación, o bien, que "emprendiese cualquiera sedición, conspiración o motín, o indujere a cometer estos delitos a sus compañeros de armas". De estos tres casos, el primero se penaría con seis años de presidio; el segundo con ocho años y el tercero, aunque la conspiración no llegara a tener efecto, sería pasado por las armas. En tiempos de guerra con algún país extranjero o bien internamente, la milicia estaría regida por la Ordenanza general del ejército.[ 31 ]
En los apartados octavo y noveno de dicho reglamento, se definía el tipo de uniforme, compuesto de casaca y pantalón azul oscuro, cuello encarnado y vuelta verde, vivos encarnados en todo el uniforme y verdes en el cuello, y como distintivo, botón dorado la infantería y de plata el de caballería. Sin embargo, previendo la escasez de dichos uniformes para el grueso de la tropa militar, se asentaba que ningún miliciano sería obligado a llevar el uniforme, aun en los actos del servicio; en este caso, no obstante, llevarían la escarapela, fornitura y las armas respectivas. Por lo que confiere al armamento, éste se obtendría de los almacenes de la federación con apego a la ley general de la materia, y distribuido entre los cuerpos de la milicia local por conducto del inspector. En el caso de que el armamento otorgado por la federación no fuera suficiente, el Congreso del estado estaba autorizado a legislar sobre el asunto, obteniendo fondos por contribución para adquisición de las armas faltantes. En este sentido, las fuerzas de la milicia en ejercicio se aumentarán con las de reserva siempre que las circunstancias internas y externas del estado así lo exigieran, a juicio del Congreso.
Finalmente, se estipulaba en el artículo 72 de dicho reglamento la forma a través de la cual se obtendrían los fondos monetarios para el mantenimiento activo y disciplinado de las milicias. Éstos las
compondrán las multas que pagaren los milicianos por las faltas que cometiesen; y además las pensiones que pagarán todos los que no sirvan en la milicia, incluso los simples jornaleros hallándose en edad de dieciocho años en adelante, y no siendo notoriamente pobres u ocupados de carga concejil, las cuales pensiones serán desde medio real hasta un peso cada mes con proporción a los haberes del individuo, cuya calificación harán los ayuntamientos.[ 32 ]
El plazo que se daba para reclutar, organizar y disciplinar a las milicias cívicas del estado, de acuerdo con el reglamento, era de dos meses, contados a partir del 12 de mayo de 1828. Sin embargo, por circular dirigida a los prefectos, al inspector general de milicias y a todas las autoridades civiles menores con fecha de 13 de junio del mismo año, se amplió por un mes más el tiempo en que debería estar en activo las fuerzas del estado. En esta circular se enfatizaba que el término de dos meses, tanto los prefectos como el inspector general, informarían al gobierno del estado y avances de las milicias cívicas. Los prefectos remitirían al ejecutivo un informe detallado del número, clase de armas y estado de las mismas con que dispusieran cada ayuntamiento para el servicio de la milicia. A su vez, el inspector elevaría al gobernador noticias del número total de reclutados y dispuestos a las arenas, con expresión del número existente en cada departamento, partido y municipalidad y tenencia.[ 33 ]
En realidad, la urgencia gubernamental de ordenar y reglamentar adecuadamente los cuerpos armados de milicianos a su servicio respondía sobre todo a la alteración del orden y de la tranquilidad pública, en razón de los acontecimientos acaecidos en Michoacán respecto de la expulsión de los españoles. Esta situación era tenida por desgraciada, a decir del gobierno, "vista la exaltación de las pasiones y los síntomas terribles de una disolución".[ 34 ] Sin embargo, esto no era más que el principio de un periodo prolongado de inestabilidad política y económica, signado por los pronunciamientos y asonadas militares que se sucedieron entre los sectores dominantes de la sociedad por el control del poder político. De hecho, los distintos grupos que se turnaron en el poder, centraron su atención en las milicias cívicas como instrumento fundamental para imponer y defender sus intereses económicos y políticos.
En principio, y no obstante haberse legislado sobre la forma de reclutar -voluntaria o por sorteo abierto- a los elementos de las milicias, las autoridades optaron por el viejo, pero efectivo procedimiento de aprehender a todos los varones del estado calificados como "vagos y viciosos", sin "ocupación o industria fija", los que serían destinados a los cuerpos armados,[ 35 ] para subsanar, según se manifestaba en el informe de gobierno de 1829, la escasez y excesiva diseminación de los cuerpos de la milicia.
Sería, pues, muy útil, singularmente atendiendo a las circunstancias actuales, que se fije el número de fuerza que debería haber en todo el estado, el cual podría ser hoy de tres batallones con la fuerza de guerra de 1 225 plazas cada uno: dos regimientos con 815 que es también pie de guerra y una compañía de artillería con 86 plazas; no entrando en esta suma los jefes y oficiales. De esta manera -se concluía- el estado tendría 5 391 soldados, que bien disciplinados y armados constituirían una fuerza muy respetable en todas circunstancias.[ 36 ]
Por otra parte y para hacer efectivos los criterios expuestos, era evidente la necesidad de una partida especial destinada única y exclusivamente a resolver la carencia de armas y equipos de las milicias. El reglamento para formar y armar a las milicias del estado, expedido un año atrás, estipulaba en su artículo 71 que tanto las armas como el equipo militar destinados a dichos cuerpos serían recabados de los almacenes de la federación; sin embargo, en caso de que las circunstancias así lo ameritaran, el Congreso del estado estaba autorizado a legislar sobre la materia. Es decir, a recabar los medios pecuniarios necesarios para la obtención de armas y equipo militar, por encima de lo estipulado en las leyes generales. Este procedimiento no tardó en ser ejercido por el gobernador de Michoacán. Así, por decreto de 27 de julio de 1829, el Congreso local facultó al gobierno para disponer de algunas partidas del erario público para "armar y equipar la milicia cívica, poniéndola en disposición de presentarse en campaña". Para tal caso, se destinarían íntegros los productos del papel sellado y la quinta parte de las alcabalas, aunque por este motivo se dejara de pagar o quedara incompleto el sueldo de los burócratas civiles.[ 37 ] Del mismo modo, se propuso que la recaudación de los fondos para la milicia dejara de hacerse a través de la contribución del mismo nombre, por los múltiples problemas que implicaba su ejecución.[ 38 ] La indicación concreta y práctica fue que se obtuvieran del erario, tal y como se había hecho para la compra de equipo y armas. "En virtud de lo expuesto, que está confirmado ya por la práctica, no se puede dudar de que el estado tiene interés muy decidido porque los gastos de la milicia se saquen del erario, y que para esto se invente un arbitrio capaz de cubrirlos."[ 39 ]
Finalmente, en el anexo 18 de la Memoria de Gobierno de Michoacán de 1829, se asentaba el estado y la organización de las milicias, así como el tipo y el número de armas con que contaban. En principio, las fuerzas en activo divididas en tres cuerpos de armas, de artillería, infantería y caballería, sumaban en total 7 810 elementos. La compañía de artillería estaba compuesta de un capitán, 2 tenientes, 2 subtenientes y alférez; 1 sargento primero, 4 sargentos segundos, 14 cabos primeros, 3 tambores, cornetas y clarines y 76 soldados, los que sumados hacían un contingente de 106 miembros. El cuerpo de infantería estaba dividido en 5 batallones y una compañía. En conjunto la infantería estaba compuesta de 5 coroneles, 5 tenientes coroneles, 5 primeros ayudantes, 10 segundos ayudantes, 10 segundos ayudantes y subayudantes, 36 capitanes, 71 tenientes, 71 subtenientes y alférez, 35 sargentos primeros, 142 sargentos segundos, 462 cabos primeros, 96 tambores, cornetas y clarines, y 2 942 soldados. Sumados daban la cantidad de 3 890 hombres de infantería. El contingente de caballería se componía de 6 regimientos, 24 escuadrones y una compañía. Este cuerpo contaba con 6 coroneles, 7 tenientes coroneles, 6 primeros ayudantes, 13 segundos ayudantes y subayudantes, 49 capitanes, 100 tenientes, 101 subtenientes y alférez, 49 sargentos primeros, 199 sargentos seguros, 198 cabos primeros, 202 cabos segundos, 100 tambores, cornetas y clarines, 46 gastadores y 2 766 soldados rasos. Respecto del armamento y equipo militar con que contaba la milicia cívica, éste sumaba tan sólo 1 277 fusiles, 55 cartucheras, 55 cinturones y portabayonetas, que por lo demás se encontraban distribuidos entre los 5 batallones de infantería.[ 40 ] Por su parte, tanto el cuerpo de artillería como los regimientos de caballería, que sumaban 3 920 efectivos, estaban desprovistos de armas, vestuario y caballería. Algunos oficiales de alto rango mantenían equipados a grupos reducidos de sus subordinados con uniforme armas y monturas, sin recurrir para el caso al financiamiento público. Es decir, dadas las carencias del erario estatal para resolver dicho problema, coroneles, capitanes y tenientes de infantería o caballería, gravando su propia economía, armaban grupos de milicianos a sus órdenes. Con el tiempo, esta situación originó que algunos oficiales actuaran con sus tropas en la escena política del estado, al margen de la disciplina militar y por encima de los mandatos gubernamentales, ligados unos a las doctrinas del federalismo, o bien apoyando fueros y privilegios sustentados por conservadores y centralistas. Así, en agosto de 1830, se informó que
el sostén del sistema federal fue reducido a esqueleto por las revoluciones y asonadas de que se le constituyó instrumento. Una sombra de esos cuerpos, que en 1829 se alistaron para arrojar al otro lado del océano a nuestros injustos agresores, recibió el actual jefe a su ingreso al mando: oficiales insubordinados y cuyos compromisos con la fracción desorganizadora les impedían obrar por el orden; tropa seducida y amedrentada con las perversas ideas de centralismo, monarquía y borbonismo [...], gran desarraigo y pésima disciplina, he aquí el estado en que se encontró la milicia cívica después de los sucesos de 5 de marzo [por lo que fue] preciso separar varios oficiales y elegir otros de confianza y muy adictos al nuevo orden de cosas.[ 41 ]
Haciendo conciencia el gobierno del papel clave de las fuerzas armadas en la disputa ideológica y política entre el centralismo y el federalismo, se optó definitivamente por financiar a las milicias de los ingresos del erario público en las cantidades necesarias para mantenerlas disciplinadas, armadas y subordinadas al sistema de gobierno federalista, y más tarde, según los acontecimientos, al sistema de gobierno centralista. Del mismo modo, el grueso de los contingentes formados por sargentos, cabos y soldados, quedaron exentos de pagar contribución alguna.[ 42 ] Más tarde, el gobierno del estado autorizó una pensión, a cargo del erario, para todos los militares cívicos o a las familias de los que hubieren muerto en campaña.[ 43 ] En la medida en que se desarrollaban los conflictos y las contradicciones sociales, políticas e ideológicas se agudizaban, fue acumulándose una serie de privilegios y prerrogativas en los cuerpos armados. Así, de cada conflicto militar, de cada asonada reprimida, de cada levantamiento disperso y destruido, las milicias consolidaban su status de privilegio. Fue común que a los jefes y oficiales desde teniente-coronel hasta subteniente se les ascendiera de grado por los servicios prestados en tiempo de guerra.
Para los sargentos, los cabos y los soldados, la recompensa siempre fue monetaria.[ 44 ]
Durante la Primera República Central (1835-1846), el estado de Michoacán se transformó en departamento de Michoacán, y estaba regido por una asamblea departamental. Durante este periodo, al igual que en el anterior, una de las preocupaciones fundamentales del gobierno fue aumentar los cuerpos armados a su servicio. Al efecto, se resolvió excitar, por circular del 24 de diciembre de 1844, a
todos los habitantes de Michoacán y con especialidad a los propietarios, se presenten a formar compañías o cuerpos de tropas con la denominación de urbanas auxiliares, y los que no puedan verificarlo por sus enfermedades u otros inconvenientes graves, se franqueen en las presentes circunstancias en los términos que les dicte su patriotismo, a favor del orden constitucional, bien sea armando o montando de su cuenta uno o más soldados o contribuyendo de algún otro modo.[ 45 ]
Meses después, el 13 de agosto de 1845, la asamblea departamental de Michoacán expidió un reglamento para reglamentar y ordenar dichas fuerzas, "defensoras de la independencia y de las leyes de la República Central", para cuyo efecto se estipulaba la formación de dos batallones, un regimiento de caballería y una compañía de artillería. Según el artículo séptimo del documento, en la capital del departamento debería operar la compañía de artillería, dos compañías del primer batallón y uno de los escuadrones del regimiento de caballería, distribuyendo el resto del batallón y dos escuadrones del regimiento en los partidos del distrito de Morelia y en los de oriente y sur; así como todo el segundo batallón en los otros dos distritos, debiendo existir por lo menos dos campañas de infantería en Zamora. Para el mejor cumplimiento del reglamento, se dispuso que cada batallón estaría compuesto de ocho compañías, y el cuerpo mayor de mando de un comandante teniente coronel, un capitán jefe del detall, un sargento, un tambor mayor y un cabo de corneta. A su vez, cada compañía se integraría por un capitán, un teniente, dos subtenientes, un sargento primero, cuatro segundos, nueve cabos, un tambor, una corneta, un pífano y ochenta defensores. El regimiento de caballería constaría de cuatro escuadrones y cada uno de éstos de dos compañías: cada compañía de un capitán, un teniente, dos alféreces, un sargento primero, cuatro sargentos segundos, nueve cabos, dos trompetas y cincuenta y dos dragones. La plana mayor del regimiento estaría integrada por un coronel, un teniente coronel jefe de detall, dos comandantes de escuadrón, cuatro ayudantes de la clase de tenientes, cuatro portaguiones de la de alféreces, un trompeta mayor y un cabo de trompeta. Sus obligaciones eran mantener el nuevo orden constituido, de acuerdo con las leyes de la República Central, mantener el orden y la paz pública, auxiliar a las autoridades, perseguir y aprehender a los desertores de los cuerpos armados, lo mismo que a los conspiradores y subversivos del centralismo, etcétera.[ 46 ]
Como distintivo de las nuevas fuerzas armadas del departamento de Michoacán, se definía el tipo de uniforme, lema, símbolo y bandera. De esta manera, el uniforme estaría compuesto por casaca azul oscuro, collarín, vuelta barra y vivos azul claro, botón blanco, pantalón blanco para la infantería y azul para la caballería. En el cuello llevarían las respectivas iniciales del cuerpo al que estarían integrados, y en el chacó o sombrero las armas nacionales, con la inscripción: "Michoacán, defensores de la independencia". Por ultimo, las banderas y guiones de los cuerpos establecidos serían idénticos a los del ejército, con arreglo a la ley, con la única diferencia del lema para el mejor conocimiento del cuerpo y fuerza al que estaban inscritos.[ 47 ]
La sublevación de Valladolid y la expulsión de los españoles
En diversos sectores de la sociedad michoacana se había despertado el recelo hacia los españoles residentes en diversos pueblos y ciudades del estado, no pocas personas estimaban que los peninsulares significaban un peligro para la estabilidad y la independencia nacional. La imagen que se tenía de la mayoría de los españoles era justificada ya que éstos eran dueños de grandes extensiones de tierras, de las escasas pero únicas instalaciones fabriles; de las casas comerciales y de no pocas fincas urbanas. Además muchos de ellos eran jefes militares que habían permanecido en sus puestos dentro del ejército mexicano desde la transacción de Iguala; poseían además dignidades eclesiásticas y eran canónigos dentro de las órdenes monásticas; conformaban la elite social, tenían grandes influencias política y controlaban la mayor parte de los capitales en movimiento, es decir, conformaban una oligarquía compacta y cerrada.[ 48 ]
Las contradicciones internas en algunas corporaciones acrecentaron también el descontento contra ese grupo; por ejemplo, a mediados de 1827 un religioso agustino presentó acusaciones ante el gobierno del estado referentes a la conducta perniciosa de algunos frailes europeos, caso que fue turnado al Congreso para su análisis, acordándose que se iniciara un proceso en contra de los religiosos.[ 49 ]
Por su parte, las recién creadas Milicias Cívicas de Michoacán pronto se convirtieron en las receptoras del descontento y los resabios hacia los españoles y a su vez en el grupo de presión que exigió su expulsión definitiva. En esas circunstancias, se iniciaron reuniones en las que se planeaban las medidas que debían de adoptarse; la junta Patriótica de Valladolid, que al decir de Bustamante, -era la expresión de la logia yorkina que funcionaba dentro del palacio episcopal dirigida por el canónigo Martín Carrasquedo y el vicegobernador José Salgado, instigaba a las milicias locales en contra de los españoles.[ 50 ] Esa situación provocó la inquietud del gobernador Antonio Castro, quien solicitó al congreso la autorización correspondiente para mandar disolver las reuniones que se dieran con ese carácter, y, es más, se le aprobó una partida presupuestaria para mantener controlados a algunos oficiales.[ 51 ] Sin embargo, eso no fue suficiente para calmar los ánimos ya caldeados de los cuerpos de seguridad, de tal forma que "la tarde del 23 de octubre de 1827 se supo en Valladolid que dos reuniones de hombres bastante considerables, compuestas de las milicias locales de Tarímbaro y Tiripitío al mando la primera de su primer ayudante, Ignacio Vázquez, se hallaban en las inmediaciones de la capital y venían tumultuariamente y con las armas en la mano a compelerlo -al gobernador- lo mismo que al honorable Congreso a excitar la expulsión de los españoles".[ 52 ] Para entonces, el dirigente de los rebeldes se hacía llamar "jefe protector de la opinión pública". Sus fuerzas alcanzaban la cifra de doscientos hombres. El gobernador, que lo era el general Filisola, dio órdenes. para que se tomaran todo tipo de providencias a fin de que no se alterara la tranquilidad pública.
La tropa rebelde, que se componía principalmente por campesinos pobres de la región, es descrita en forma despectiva por Bustamante quien dice:
La horda de Vázquez era tan despreciable que entre ella no había cien fusiles buenos, unos traían espadas, otros machetes o garrotes, no pocos venían montados en malas mulas arreadas a varazos e uno de ellos traía por armas en las ancas un manojo de velas de cera entabladas en unos tejamaniles robadas sin duda de alguna ofrenda de muerto de alguna iglesia; el pueblo los vio con tanto hastío que tratando de que repicasen las campanas en la catedral viendo que no había quien lo hiciese, el mismo canónigo García Carrasquedo tuvo que subir a la torre para excitar a los muchachos. He aquí el formidable ejército.[ 53 ]
El mismo día, llegó al Congreso un oscuro signado por los integrantes del ayuntamiento de Ario en el que se pedía la pronta expulsión de los españoles del territorio michoacano. La petición fue turnada unas horas después a la comisión de gobernación pares su estudio y dictamen.[ 54 ] En los días siguientes, los rebeldes aumentaron sus fuerzas al pronunciarse a su favor las milicias residentes, en Zinapécuaro y las comandadas por Pedro Baesa en Arécuaro y las de Coeneo al mando de José María Nieves Huerta.[ 55 ] La situación se tornaba cada día más tensa por lo que el general Filisola convocó a una junta de guerra para encontrar una solución pacífica y sin derramiento de sangre que requería entablar negociaciones con los alzados; a esto el gobernador Antonio de Castro se negó en forma terminante. Por su parte, algunos ayuntamientos cercanos a la capital mostraron su adhesión al gobernador ofreciéndose contribuir a la defensa. Castro exigió al Congreso que nombrara una comisión para que viajara a México a pedir ayuda al gobierno federal. El diputado Pérez Gil fue nombrado para ello y, según relata Bustamante, el presidente Guadalupe Victoria sólo se concretó a escucharlo sin que se le diera ninguna respuesta satisfactoria. Fue entonces cuando el diputado michoacano Francisco Manuel Sanchez de Tagle inició por su cuenta gestiones para que el Ministerio de Guerra enviara refuerzos a Valladolid para sofocar el levantamiento. Asimismo, exigió la destitución del comandante general Filisola que al parecer también estaba implicado, aunque en forma indirecta, en la rebelión de las militias cívicas. El ministro de Guerra, Gómez Pedraza, accedió a la petición enviando a Mariano Villaurrutia al mando de una fuerza de caballería para que reforzara a la guarnición de Valladolid que no alcanzó a llegar a tiempo y el movimiento encabezado por Ignacio Vázquez no pudo ser reprimido por el gobierno estatal, debido a que cada día se fragmentaban más las tropas leales a Castro que se pasaban al bando contrario, quedando únicamente con veinticinco hombres que componían la guardia del Congreso.
La noche del 7 de noviembre llegó hasta la entrada de la ciudad una comisión nombrada por los sublevados que le entregó al gobernador la petición por escrito de la expulsión de los españoles. Al día siguiente, Castro remitió el documento al Congreso con la advertencia de que renunciaría a su cargo si el poder legislativo aceptaba las presiones de los rebeldes. Así ocurrió pues el gobernador presentó su dimisión y salió al frente de unos cuantos hombres para hacer frente a los alzados; los pocos oficiales que lo acompañaban se pasaron al grupo contrario, dejándolo completamente solo, incluso, uno de sus acompañantes lo aprehendió.[ 56 ]
Debido a la renuncia de Castro, el Congreso llamó al vicegobernador José Salgado para que se hiciera cargo del gobierno.[ 57 ] Uno de sus contemporáneos describe al nuevo mandatario con estas palabras: "Era éste, sujeto de carácter impetuoso, de poca instrucción, aunque de buen talento, de modales atractivos y trato agradable que le hacían a propósito para ganar adeptos, con especialidad en la juventud".[ 58 ] El día 9 de noviembre, el Congreso aprobó el decreto de expulsión disponiendo que "saldrán del territorio del Estado todos los españoles solteros que se hallen en él y los casados que no hicieron vida marital, exceptuándose de unos y otros los que tengan sesenta años de edad, o cincuenta con tal de que tengan treinta y cinco por lo menos de vivir en la república, y los que hayan prestado servicios positivos con las armas a la independencia antes del año de 1820".[ 59 ] Se estipuló que fueran respetadas las propiedades y que se tenía como plazo no más de treinta días para la salida a partir de la publicación de la ley.
Después vinieron las polémicas en torno a la reglamentación del decreto pero bajaron las tensiones; el secretario de gobierno al hacer la evaluación de los hechos comentaba: "concluidos días ha, los movimientos políticos que tuvieron por objeto la expulsión de los españoles, con la expedición de la ley del estado número 33 del 9 de noviembre de 1827, y la del Congreso General del 20 de diciembre inmediato, y ampliadas ambas con la salida de treinta y cinco, hasta la fecha no se han advertido inquietudes en el particular".[ 60 ]
Michoacán frente a la invasión de Barradas
A mediados de julio de 1829 se supo en Michoacán de una expedición española que había partido de Cuba y que pretendía invadir al territorio mexicano con el propósito de reconquistar el país para la Corona española; la voz de alarma fue dada a la población por el comandante militar, el antiguo insurgente Juan José Codallos, de origen venezolano, que había combatido a los españoles dentro de las tropas de Morelos.
El día 17 dirigió un manifiesto a todas las guarniciones armadas del estado diciendo:
Valientes del ejército mexicano: por distintos conductos se asegura ser cierta la invasión con que tantas veces nos han querido amenazar los esclavos de la familia de los Borbones, ¡miserables!, ¿se han conceptuado que una libertad comprada a tanto precio, la hemos de abandonar? Recuerden cobardes hijos de Capeto que los bravos que hoy componen el ejército libre mexicano son los mismos que cien veces los vencieron en el campo de batalla: aun humea su emponzoñada sangre en Córdoba, La Huerta, Azcapotzalco y en las arenosas playas de la heroica Veracruz. ¿Tenéis presente libres defensores de la independencia que en estos puntos os hincaron la rodilla los esclavos?
Soldados: no olvidéis que por sostener la cara libertad habéis medido vuestras fuerzas con estos mismos enemigos: recordad que siempre fuisteis vencedores.[ 61 ]
El secretario de Gobierno, por su parte, emitió un comunicado en el cual se hacía un llamado a la población para organizarse y salir en defensa de la independencia nacional. El cuerpo de oficiales retirados del ejército solicitó al presidente de la República que "se conceda para nosotros la primera orden de marcha en la división de vanguardia que ha de comenzar el combate. Somos soldados republicanos, y ni la miseria en que nos hallamos ni obstáculo alguno nos servirá de impedimento a nuestra marcha".[ 62 ] Semejantes pronunciamientos hicieron el coronel del octavo regimiento permanente en Morelia y el coronel Joaquín Caballero Acuña, responsable a éste del primer batallón de milicias cívicas; al dirigirse a sus tropas exclamó:
Soldados: es llegado el momento de combatir por la independencia nacional: los osados españoles han profanado ya el territorio de la república, tomando tierra en Cabo-rojo: ellos entienden restaurar a su rey los dominios que perdió, y recordando la época execrable del conquistador Cortés, procuran con mentidos halagos unirnos al carro de la tiranía. En vano son todos sus trabajos: la nación mexicana apoya sus libertades en la bizarría de un denodado ejército: los estados en su milicia cívica [...] ya es tiempo milicianos de vibrar la espada vengadora sobre nuestros verdugos: que el trueno de vuestros fusiles resuene en sus oídos, y que en recompensa de los trabajos marciales orle vuestras sienes el laurel de morte.[ 63 ]
La primera semana de agosto tuvieron lugar varias reuniones de importantes personalidades del comercio, la agricultura, el clero y la administración pública con el fin de hacer planes y reunir fondos para la defensa del país; además, se tenían rumores de que en la costa michoacana se esperaba un desembarco de españoles con miras a invadir el territorio. A una de esas juntas asistieron el gobernador Salgado, miembros del Congreso, del Supremo Tribunal de Justicia, una comisión del ayuntamiento, otra del cabildo eclesiástico, los directivos de las milicias cívicas y más de medio centenar de ciudadanos; se tomó el acuerdo de a toda costa sostener la guerra en contra de los invasores y no descansar hasta expulsarlos, algunos de los presentes se comprometieron a dar dinero, otros ropa, maíz, arroz, carabinas y caballos; otros a sostener a uno o varios soldados por su cuenta, incluso algunos a entregar a uno o más hijos equipados para ir a combatir.
Todos firmaron una proclama con la consigna de: "Michoacanos: ¡Viva la Patria! ¡Viva la unión! Juremos sobre el Acta de Independencia y la Constitución Federal que morirán hasta nuestros hijos antes que ver a la patria ultrajada".[ 64 ]
El gobierno de Michoacán pronto reunió refuerzos y envió mil trescientos hombres armados y equipados a Veracruz para sumarse a la guerra en contra de los invasores y sostener las instituciones republicanas. Por su parte, un grupo de mujeres michoacanas se dirigió al gobierno ofreciéndose a trabajar en la causa de la defensa nacional y decía:
penetradas de las circunstancias de invasión en que se halla nuestra patria no son exclusivos los servicios de la defensa a sólo los varones, sino que éstos pueden ser extensivos al sexo femenino no teniendo caudal para auxiliar a nuestra cara madre, ni permitirnos nuestra delicadeza presentarnos al frente de los ladrones españoles, exponemos a vuestra excelencia, para que satisfecho de nuestros patrióticos sentimientos se digne aceptar la oblación de nuestro trabajo personal dispuesto para coser doscientas camisas que sirvan al ejército defensor que pertenecen a este estado.[ 65 ]
La oferta fue aceptada con beneplácito por el gobierno y pronto las señoras se pusieron en obra.
En los días siguientes, se levantaron protestas en todo el estado en contra de la invasión y surgieron nuevas manifestaciones de apoyo hasta que se supo en Michoacán la capitulación de Isidro Barradas ante el general Santa Anna, el 11 de septiembre.
La agitación social disminuyó cuando se dieron a conocer nuevas medidas para expulsar a los españoles residentes en el país. Sin embargo, pronto se iniciaron nuevas contiendas, pero esta vez se trataba ya de una lucha interna entre las diferentes corrientes políticas de las oligarquías que instigadas por las logias masónicas trataban de imponer un determinado esquema de organización política: federalismo o centralismo, pugnas en las que también se vieron involucradas en forma directa las fuerzas armadas, tales fueron los casos de los pronunciamientos en Michoacán de Gordiano Guzmán, Juan José Codallos y Nieves Huerta en defensa del federalismo, o los de Escalada, Moctezuma y otros por el centralismo.[ 66 ]
La participación de Michoacán en la guerra con los Estados Unidos
De muchas formas contribuyeron los michoacanos para la defensa de la soberanía nacional durante la intervención norteamericana; algunos aportaron recursos económicos, caballos, municiones, armas, alimentos, ropa, etcétera, en tanto que no pocos se ofrecieron en forma voluntaria para salir a combatir a los invasores. En otros casos, jefes militares que desde hacía mucho tiempo venían militando en las filas defensoras del federalismo y que se encontraban en pie de guerra en contra del sistema centralista ofrecieron las fuerzas armadas a su mando para salir en defensa de la patria. Uno de ellos fue el viejo caudillo insurgente el general Gordiano Guzmán, quien se encontraba acantonado en el pueblo de Aguililla y quien a mediados de diciembre de 1846 envió una carta al presidente Antonio López de Santa Anna diciéndole:
que las fuerzas federales que le estaban subordinadas en el sur de Michoacán, antes enemigas de su gobierno por cuestiones de opinión y ahora enemigas por las de la patria, estaban dispuestas a unírsele como hermanas para cumplir con un sagrado deber, al hacer la defensa de la nación, y en efecto robustecer con ellas el ejército mexicano, y que, en consecuencia, quedaban aquellas desde luego a las órdenes del gobierno con sus respectivos jefes superiores y subalternos.[ 67 ]
La propuesta pronto fue aceptada y el general Guzmán salió en enero con sus tropas para la ciudad de México, dejando al mayor Francisco Castorena con el encargo de reorganizar la Guardia Nacional en toda la Tierra Caliente y buscar fondos para el sostenimiento de la guerra. Don Gordiano fue comisionado para la defensa de la región norte del país y sus fuerzas participaron activamente en la batalla de La Angostura y posteriormente en el resguardo de la capital del país.
Otro militar que actuó en circunstancias semejantes fue el general Ángel Guzmán que, al mando del Regimiento Activo de Morelia, también combatió a los invasores en La Angostura, donde una de sus compañías de lanceros se distinguió por su valentía durante una carga de lanza que destrozó a una sección importante de los dragones de artillería del ejército invasor.
El gobierno de Michoacán, encabezado entonces por Melchor Ocampo, sobresalió desde el principio por promover, a toda costa, la defensa y la integridad del país. Ocampo mismo llamaba abiertamente a los michoacanos a la pelea: reunía recursos económicos, ordenaba la fabricación de armas y parque; equipó tropas y agitaba en contra de posibles tratados de paz con el gobierno norteamericano que menoscabaran la soberanía nacional. Por otro lado, el gobernador elaboró y difundió un plan para la organización de grupos guerrilleros en distintas regiones pensando que era la mejor manera de preservar el ejército nacional. Asimismo, consideraba que la mayor estrategia era atraer al enemigo a los montes, en donde sería más fácil exterminarlo por todos los medios posibles recurriendo, para ello, a la amplia participación popular; decía:
Hagamos, pues, la guerra; pero del único modo que nos es posible. Organicemos un sistema de guerrillas, ya que nos las ha formado el entusiasmo popular que en otras naciones ha sido su origen: abandonemos nuestras grandes ciudades salvando en los montes lo que de ellas pueda sacarse [...] imitemos por lo menos la táctica de nuestros padres en su gloriosa lucha contra el brillante tirano del siglo XIX.[ 68 ]
Pronto, el gobernador de Michoacán se convirtió en el promotor directo de un sistema guerrillero autorizando la formación de varios grupos armados en el medio rural de Michoacán; así, en junio de 1847, se giraron despachos en favor de Rafael Pimentel, José María Orozco y Bernardino Salinas para que formaran guerrillas en el partido de Ario y días después iguales órdenes fueron comunicadas al presbítero Juan de Dios Santoyo, José María Díaz Barriga, Juan Orozco y Tranquilino Cortés para que procedieran de igual forma en La Huacana.[ 69 ]
También se dieron instrucciones para que se integraran diversas "juntas patrióticas" encargadas de reunir armas y fondos para la resistencia; por ejemplo, un grupo de señoras de Morelia reunieron ropa, alimentos y municiones para las tropas que fueron remitidas a San Luis Potosí y, por otro lado, consiguieron diez carabinas útiles que donó el señor Tomás López Pimentel para la causa nacional.[ 70 ]
El Batallón Matamoros de Morelia
Las noticias referentes a la invasión norteamericana pronto circularon por todo el país, los rumores de la ocupación despertaron la zozobra y la inquietud en la población michoacana; en todos los sectores sociales se advertía el deseo de salir en defensa de la soberanía nacional. En Morelia, el cabildo eclesiástico dispuso a fines de marzo de 1847 que se iniciara un solemne novenario a la virgen de Guadalupe con el recorrido de la imagen por los templos principales para caldear el patriotismo entre los habitantes de la capital del estado. En los sermones diarios se predicaba la legitimidad de la lucha en contra de los invasores.
La noticia de que la ciudad del Puerto de Veracruz estaba en poder de las tropas intervencionistas sacudió a la población moreliana. Un testigo presencial comentó: "El jueves santo, 1 de abril del citado año de 1847, llegó a esta ciudad por extraordinario la noticia del bombardeo y ocupación de la plaza de Veracruz por el ejército de los Estados Unidos de América al mando del general Scott".[ 71 ] Al día siguiente, el gobernador del estado, Melchor Ocampo, lanzó una vibrante proclama invitando al pueblo a sumarse a la defensa del país mediante la reorganización de la guardia nacional, en todas sus armas, a fin de engrosar las filas del ejército mexicano para defender la capital de la república. "Con tal noticia, subió de punto la excitación patriótica y porción de individuos, en numerosos grupos se presentaban al gobernador C. Melchor Ocampo, ofreciéndoles sus personas para organizar fuerzas y contribuir a la defensa e integridad del territorio nacional."[ 72 ]
El domingo 4 de abril, a las diez de la mañana, en el edificio de la Compañía de Jesús, hoy Palacio Clavijero, tuvo lugar una reunión de voluntarios, procedentes de todas las latitudes del estado, que se aprestaban a recibir instrucciones del gobierno para salir a combatir a los invasores. Alrededor de cuatro mil hombres, sobre todo campesinos y artesanos, llenaban el patio principal y pasillos del edificio. Al filo de las diez y media, se presentó el gobernador acompañado de varios colaboradores, entre ellos, Santos Degollado, Juan B. Ceballos, los generales José Ugarte, Ramón Valenzuela, Miguel Zinaúnegui, Isidro García Carrasquedo y Manuel Elguero. Después de una breve arenga pronunciada por Ocampo, se procedió a la formación de diversos cuerpos armados entre ellos el batallón de infantería al que se le dio el nombre de Matamoros de Morelia.
El 18 de abril se expidieron varios despachos otorgando nombramientos de oficiales al teniente coronel Gabino Ortiz, capitán de Granaderos; a Antonio Márquez de la Mora, capitán de la Primera Compañía de Fusileros; a Luis G. Ruiz, capitán de la Segunda Compañía de Fusileros; a Manuel Iturbide, capitán de la Tercera Compañía; a Ramón Silva, capitán de la Cuarta Compañía; a José María Villerios; igual grado de la Quinta Compañía; a Florentino Rocha, capitán de Cazadores; a Antonio Arandia, teniente de Cazadores; a Gerónimo Aburto, teniente de la Quinta Compañía de Fusileros; a José María Silva, teniente de la Sexta Compañía de Fusileros; a Benigno Canto, segundo ayudante; a Ladislao González, y de subteniente de la Compañía de Cazadores a Germán de la Parra. También se recibieron órdenes de subteniente de la Segunda Compañía de Cazadores a Procopio Parra; de subteniente de la Compañía de Cazadores a Tiburcio Ayllón; de subteniente de Granaderos a José Dolores Guillén; de subteniente de la Sexta Compañía a Jesús Ortiz; de subteniente de la Cuarta Compañía a Manuel García Pueblita; de subteniente de la Primera Compañía de Cazadores a Sebastián Sosa; de subteniente de la Cuarta Compañía de Granaderos a José María Carranza; y de subteniente de la Tercera Compañía de Granaderos a Rafael Ahumada.
En la primera semana de mayo recibieron nombramientos de oficiales del mismo cuerpo armado, Manuel Patiño, Agustín Villaseñor, Ramón Alcaraz, Blas Estrada, José María Martínez e Isidro Alemán, este último como subteniente de la Quinta Compañía de Granaderos.[ 73 ] La plana mayor del batallón quedó integrada por los siguientes oficiales: coronel Juan B. Traconis, como responsable máximo del cuerpo; teniente coronel José María Lurralde, Jesús Álvarez y Blas Estrada como ayudantes y Antonio Ramírez como tambor mayor. El Batallón Matamoros quedó finalmente integrado por ochocientos hombres que formaban una Compañía de Granaderos, una Compañía de Cazadores y seis compañías de combatientes en diversas armas.[ 74 ] Todo el mes de abril y las tres primeras semanas de mayo fueron de constante entrenamiento en el manejo de armamento y técnicas de guerra en donde participaban tanto los oficiales como todo el cuerpo del batallón.
La formación del cuerpo armado de voluntarios michoacanos fue seguida de la reorganización de la Guardia Nacional, ante los requerimientos de la federación para acrecentar el número de efectivos del ejército nacional, que por acuerdo federal del 20 de abril debería ascender a 32 000 soldados según la distribución siguiente:
Estado |
Aportación en combatientes |
| México | 5 000 |
| Puebla | 2 000 |
| Querétaro | 2 000 |
| Guanajuato | 4 000 |
| Michoacán | 3 000 |
| San Luis Potosí | 2 000 |
| Jalisco | 3 000 |
| Sonora | 1 000 |
| Sinaloa | 1 000 |
| Zacatecas | 4 000 |
| Aguascalientes | 1 000 |
| Durango | 1 000 |
| Distrito Federal | 3 000 |
| FUENTE: Comunicación del Ministerio de Guerra y Marina del 20 de abril de 1847; hoja impresa en poder de Gerardo Sánchez Díaz. |
Quedaban los gobernadores de los estados con la obligación de dar cabal cumplimiento a dicha orden. Fue en esas circunstancias en las que el Congreso del estado facultó ampliamente al gobernador para que dictara todas las medidas que creyera oportunas para auxiliar al gobierno federal y a su vez a los de los estados para "que lleve adelante la guerra contra los Estados Unidos del Norte, defender la nacionalidad de la República y salvar las instituciones federales bajo que está constituida la nación".[ 75 ]
Una vez hechas las prácticas que se creyeron necesarias, así como el equipamiento que se requería, el gobierno de Michoacán ordenó que el Batallón Matamoros partiera de inmediato a la campaña en contra de los invasores. La salida de la capital del estado se efectuó en la mañana del 27 de mayo, después de un acto religioso-patriótico celebrado en el Portal Matamoros en donde un fraile franciscano impartió la bendición a la bandera y tropas del cuerpo de voluntarios y la arenga que el gobernador les dirigió exhortando a los soldados a cumplir con su deber de defensores de la independencia y de la integridad nacional; Ocampo expresó: "Acabáis de jurar que seréis fieles a vuestra bandera, es decir, que lo seréis a vuestra patria como soldados [...]. Michoacán, la cuna de los héroes, la tierra clásica de la libertad en la República no puede tener hijos que la traicionen [...]. Pelead tenazmente y venceréis [...]. El astro de México aún brilla aunque empañado. La constancia será su horizonte; no permitáis que se oculte".[ 76 ]
El batallón partió a la ciudad de México siguiendo el camino de Indaparapeo, Zinapécuaro, Ucareo, Maravatío, Pateo, Tepetongo, Ixtlahuaca, Toluca, Lerma y Cuajimalpa, y después de trece días llegó a su destino, en donde la tropa fue acuartelada en el convento de San Diego y luego en el edificio de la Acordada. Las fuerzas michoacanas hicieron varios movimientos en los alrededores de la ciudad de México; el 11 de septiembre se apostaron en la calzada de la Viga y al día siguiente se trasladaron violentamente a Chapultepec para participar en la defensa del Castillo, a donde llegaron en medio de gritos "¡Viva México [...]. Aquí está Michoacán [...], mueran los yankees!"
Cuando se inició el ataque del enemigo, fue echada al aire la bandera y en esos momentos el coronel Juan B. Traconis, con voz fuerte y vibrante, arengó a su tropa diciendo:
¡Soldados de Morelia, hijos de Michoacán! Ésta es la ocasión oportuna de que déis a conocer el valor que siempre os ha distinguido. En cuantas guerras ha sostenido nuestra patria con naciones extranjeras, Michoacán ha sido el primero en salir a su defensa, derramando a torrentes la sangre de sus hijos y el primero también en obtener los lauros de la victoria. Yo espero que esta vez no desmentiréis el hermoso concepto que la república tiene de vosotros; los enemigos allí vienen, no pasarán por nuestro puesto y si lo consiguen, será sobre nuestros cadáveres. Os ruego queridos soldados a nombre de vuestras familias, y de todo cuanto tenéis de más amable; que permanezcáis firmes, cada quien en su lugar, sin amedrentarnos por nada, que aquí estoy con vosotros, valientes michoacanos, ¡sííí, mi coronel, le dijo la tropa. Síííí! !Viva México! !Viva Michoacán! ¡Mueran los yankees [...]. Aquí está Michoacán que no corre.[ 77 ]
Después de la desesperada resistencia de Chapultepec, el Batallón Matamoros recibió instrucciones para replegarse a la Ciudadela y, luego de evacuar la ciudad junto con todos los cuerpos armados, tomaron rumbo a Cuautitlán y de ahí a Querétaro, en donde sería reorganizado el gobierno de la República, ya que el presidente general Antonio López de Santa Anna acababa de renunciar. Dichos acontecimientos fueron dados a conocer a la opinión pública michoacana por el propio gobernador, quien se dirigió a la población diciendo:
¡Michoacanos! con el más acerbo dolor os comunico que el enemigo se ha apoderado de la capital de la república, y los restos de nuestro ejército han replegándose a Querétaro; aunque ninguna constancia oficial tengo de ello, ya no me es posible dudarlo, ¿pero la capital es la República?, la parte inerme que en ella ha quedado se bate todavía con denuedo [...]. ¡A las armas ciudadanos! [...] reunamos nuestros últimos recursos y unidos demos al infame que nos ultraja tan sólo porque se cree el más fuerte [...]. ¡Independencia o muerte![ 78 ]
Una vez que en Michoacán se supo la capitulación de la ciudad de México y la desbandada de las autoridades, el gobierno del estado decretó que Michoacán reasumía el ejercicio pleno de su soberanía, sobre todo en lo concerniente a la administración pública y que conservaría únicamente relaciones con los demás estados de la federación en donde estuviera presente la resistencia a la dominación extranjera.[ 79 ] Más tarde, el Congreso acordó que, en caso de que el enemigo se acercara al territorio, la sede de los poderes se trasladara a Uruapan.
Ante esos acontecimientos -y las declaraciones del gobierno michoacano de no reconocer los tratados de paz con los norteamericanos en tanto sus tropas no abandonaran al país y no se reconociera el derecho de indemnización por los males causados a la República-, surgieron en Michoacán varios grupos armados que se aprestaban a seguir manteniendo la resistencia: uno de ellos surgió en la región de Zacapu el 24 de septiembre y fue capitaneado por José María Verduzco y Pablo Navarrete, quienes con varios hombres se pronunciaron en Naranja "motivados por su patriotismo ultrajado por los extranjeros". Los rebeldes se apoderaron de carabinas, machetes, sables y caballos de Tiríndaro, Tarejero y en la hacienda de Bellas Fuentes, luego marcharon para Zacapu, Nahuatzen, Pichátaro y varios pueblos de la ribera del lago de Pátzcuaro proclamando la lucha en defensa de la nación.[ 80 ]
Posteriormente, aparecieron nuevos contingentes de rebeldes en la zona minera de Angangueo y otros lugares del oriente michoacano, reclamando la salida inmediata de las tropas invasoras. Una vez firmados los tratados que pusieron fin a la guerra, la tranquilidad aparente volvió a Michoacán; en adelante, los motivos de las revueltas adquirieron otro rumbo, ahora se trataba ya no de simples problemas políticos sino de problemas agrarios y sociales que daban un nuevo giro a las contiendas internas y al ejército, y los demás cuerpos armados pasarían a ocupar, la mayoría de las veces, el papel de represores de las luchas campesinas y populares. Ejemplos de esto último fueron el descontento de las comunidades campesinas que eran presionadas para que repartieran sus tierras o los efectos de la rebelión de Sierra Gorda que se dejaron sentir en el oriente michoacano hacia 1849.
[ 1 ] Amador Coromina, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares expedidas en el estado de Michoacán. Formadas y anotadas por [...], Morelia, Imprenta de los hijos de I. Arango, 1886, t. I, p. 75 y t. III, p. 39 y 59.
[ 2 ] Amador Coromina, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares expedidas en el estado de Michoacán. Formadas y anotadas por [...], Morelia, Imprenta de los hijos de I. Arango, 1886, t. I, p. 76-77.
[ 3 ] Juan José Martínez de Lejarza, Análisis estadístico de la provincia de Michoacán en 1822, introducción y notas de Xavier Tavera Alfaro, Morelia, Fímax Publicistas, 1974 (Colección Estudios Michoacanos, IV, Cuadro número 6).
[ 4 ] Juan José Martínez de Lejarza, Análisis estadístico de la provincia de Michoacán en 1822, introducción y notas de Xavier Tavera Alfaro, Morelia, Fímax Publicistas, 1974 (Colección Estudios Michoacanos, IV, Cuadro número 6), p. 35.
[ 5 ] Mariano Macedo, Memoria sobre el estado que guarda la administración pública en Michoacán, presentada al H. Congreso, por el secretario del Despacho [...] en 7 de agosto de 1828, Morelia, Imprenta del Gobierno, 1828, cuadro número 1.
[ 6 ] Mariano Macedo, Memoria sobre el estado que guarda la administración pública en Michoacán, presentada al H. Congreso, por el secretario del Despacho [...] en 7 de agosto de 1828, Morelia, Imprenta del Gobierno, 1828, p. 14-15.
[ 7 ] Ignacio Piguero, Apuntes para la corografía y la estadística del estado de Michoacán, México, Tipografía de R. Rafael, 1849, p. 30-38.
[ 8 ] Juan José Martínez de Lejarza, Análisis estadístico de la provincia de Michoacán en 1822, introducción y notas de Xavier Tavera Alfaro, Morelia, Fímax Publicistas, 1974 (Colección Estudios Michoacanos, IV, Cuadro número 6), p. 32-196.
[ 9 ] Mariano Macedo, Memoria sobre el estado que guarda la administración pública en Michoacán, presentada al H. Congreso, por el secretario del Despacho [...] en 7 de agosto de 1828, Morelia, Imprenta del Gobierno, 1828, p. 12.
[ 10 ] Juan José Martínez de Lejarza, Análisis estadístico de la provincia de Michoacán en 1822, introducción y notas de Xavier Tavera Alfaro, Morelia, Fímax Publicistas, 1974 (Colección Estudios Michoacanos, IV, Cuadro número 6), p. 53.
[ 11 ] R. W. Randall, Real del Monte: Una empresa minera británica en México, México, Fondo de Cultura Económica, 1977, p. 63-103.
[ 12 ] Memoria sobre el estado que guarda la administración Pública de Michoacán en 1848, Morelia, Imprenta de J. Arango, 1848. Anexo 27, Letra A, p. 2-9.
[ 13 ] Memoria sobre el estado que guarda la administración Pública de Michoacán en 1848, Morelia, Imprenta de J. Arango, 1848. Anexo 27, Letra A.
[ 14 ] Ignacio Piguero, Apuntes para la corografía y la estadística del estado de Michoacán, México, Tipografía de R. Rafael, 1849, p. 80.
[ 15 ] José Alfredo Uribe Salas, La industria textil en Michoacán, 1840-1910, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1983 (Colección Historia Nuestra, 5), p. 44-57.
[ 16 ] Véase Ernesto Lemoine, Morelos y la revolución de 1810, México, Gobierno del Estado de Michoacán, 1984, p. 375.
[ 17 ] Carlos San Juan Victoria y Salvador Velázquez Ramírez, "La formación del Estado y las políticas económicas (1821-1880)", en Ciro Cardoso (coord.), México en el siglo XIX (1821-1910). Historia económica y de la estructura social, México, Nueva Imagen, 1980, p. 67.
[ 18 ] Amador Coromina, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares expedidas en el estado de Michoacán. Formadas y anotadas por [...], Morelia, Imprenta de los hijos de I. Arango, 1886, t. I, p. 11-13.
[ 19 ] Henry George Ward, México en 1827, México, Fondo de Cultura Económica, 1981, p. 207.
[ 20 ] Amador Coromina, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares expedidas en el estado de Michoacán. Formadas y anotadas por [...], Morelia, Imprenta de los hijos de I. Arango, 1886, t. I, p. 42-44.
[ 21 ] Amador Coromina, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares expedidas en el estado de Michoacán. Formadas y anotadas por [...], Morelia, Imprenta de los hijos de I. Arango, 1886, t. I, p. 42-44.
[ 22 ] Amador Coromina, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares expedidas en el estado de Michoacán. Formadas y anotadas por [...], Morelia, Imprenta de los hijos de I. Arango, 1886, t. II, p. 97-98.
[ 23 ] Amador Coromina, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares expedidas en el estado de Michoacán. Formadas y anotadas por [...], Morelia, Imprenta de los hijos de I. Arango, 1886, t. I, p. 111-117. Es decir, sólo en caso de guerra con otro país extranjero.
[ 24 ] Amador Coromina, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares expedidas en el estado de Michoacán. Formadas y anotadas por [...], Morelia, Imprenta de los hijos de I. Arango, 1886, t. I, p. 72.
[ 25 ] Amador Coromina, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares expedidas en el estado de Michoacán. Formadas y anotadas por [...], Morelia, Imprenta de los hijos de I. Arango, 1886, t. II, p. 63-66.
[ 26 ] Este procedimiento para reclutar elementos para las milicias cívicas quedó derogado por el decreto de 19 de septiembre de 1828, una vez que se expidió el Reglamento para la Formación y Fuerza de la Milicia Local del Estado.
[ 27 ] Reglamento para la Formación y Fuerza de la Milicia Local del Estado, p. 124-125.
[ 28 ] Reglamento para la Formación y Fuerza de la Milicia Local del Estado, p. 124-125.
[ 29 ] Reglamento para la Formación y Fuerza de la Milicia Local del Estado, p. 124-125.p. 65.
[ 30 ] Amador Coromina, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares expedidas en el estado de Michoacán. Formadas y anotadas por [...], Morelia, Imprenta de los hijos de I. Arango, 1886, t. III, p. 47.
[ 31 ] Amador Coromina, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares expedidas en el estado de Michoacán. Formadas y anotadas por [...], Morelia, Imprenta de los hijos de I. Arango, 1886, t. III, p. 50-51.
[ 32 ] Amador Coromina, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares expedidas en el estado de Michoacán. Formadas y anotadas por [...], Morelia, Imprenta de los hijos de I. Arango, 1886, t. III, p. 52-53.
[ 33 ] Amador Coromina, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares expedidas en el estado de Michoacán. Formadas y anotadas por [...], Morelia, Imprenta de los hijos de I. Arango, 1886, t. III, p. 56.
[ 34 ] Mariano Macedo, Memoria sobre el estado que guarda la administración pública de Michoacán, presentada al H. Congreso por el secretario del Despacho en 7 de agosto de 1829, Morelia, Imprenta del Estado, 1829, p. 9.
[ 35 ] Amador Coromina, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares expedidas en el estado de Michoacán. Formadas y anotadas por [...], Morelia, Imprenta de los hijos de I. Arango, 1886, t. III, p. 158-141.
[ 36 ] Mariano Macedo, Memoria sobre el estado que guarda la administración pública de Michoacán, presentada al H. Congreso por el secretario del Despacho en 7 de agosto de 1829, Morelia, Imprenta del Estado, 1829, p. 40.
[ 37 ] Amador Coromina, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares expedidas en el estado de Michoacán. Formadas y anotadas por [...], Morelia, Imprenta de los hijos de I. Arango, 1886, t. III, p. 178.
[ 38 ] Véanse los artículos 72-79 del Reglamento para la formación y fuerza de la milicia local del Estado.
[ 39 ] Mariano Macedo, Memoria sobre el estado que guarda la administración pública en Michoacán, presentada al H. Congreso, por el secretario del Despacho [...] en 7 de agosto de 1828, Morelia, Imprenta del Gobierno, 1828, p. 41,
[ 40 ] Mariano Macedo, Memoria sobre el estado que guarda la administración pública en Michoacán, presentada al H. Congreso, por el secretario del Despacho [...] en 7 de agosto de 1828, Morelia, Imprenta del Gobierno, 1828.
[ 41 ] José Ignacio Domínguez, op. cit., p. 23-24.
[ 42 ] Amador Coromina, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares expedidas en el estado de Michoacán. Formadas y anotadas por [...], Morelia, Imprenta de los hijos de I. Arango, 1886, t. IV, p. 59-61 y 106-107.
[ 43 ] Amador Coromina, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares expedidas en el estado de Michoacán. Formadas y anotadas por [...], Morelia, Imprenta de los hijos de I. Arango, 1886, t. VI, p. 64.
[ 44 ] Amador Coromina, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares expedidas en el estado de Michoacán. Formadas y anotadas por [...], Morelia, Imprenta de los hijos de I. Arango, 1886, t. VI, p. 81.
[ 45 ] Amador Coromina, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares expedidas en el estado de Michoacán. Formadas y anotadas por [...], Morelia, Imprenta de los hijos de I. Arango, 1886, t. VIII, p. 165.
[ 46 ] Amador Coromina, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares expedidas en el estado de Michoacán. Formadas y anotadas por [...], Morelia, Imprenta de los hijos de I. Arango, 1886, t. VIII, p. 182.
[ 47 ] Amador Coromina, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares expedidas en el estado de Michoacán. Formadas y anotadas por [...], Morelia, Imprenta de los hijos de I. Arango, 1886, t. VIII, p. 180-184.
[ 48 ] Jesús Romero Flores, Historia de Michoacán, Imprenta "Claridad", 1946, t. I, p. 703.
[ 49 ] Archivo del Congreso del Estado de Michoacán, Actas secretas de la primera legislatura, 1826-1827, 4 de julio, f. 19.
[ 50 ] Harold D. Simos, La expulsión de los españoles en México, 1821-1828, México, Fondo de Cultura Económica, 1974, p. 90-91.
[ 51 ] Archivo del Congreso del Estado de Michoacán, Actas secretas de la segunda legislatura, 1827-1829, 19 de septiembre de 1827, f. 23v.
[ 52 ] Carlos María de Bustamante, Continuación del cuadro histórico de la revolución mexicana, México, Publicaciones de la Biblioteca Nacional, mcmliv, t. iii, p. 120.
[ 53 ] Carlos María de Bustamante, Continuación del cuadro histórico de la revolución mexicana, México, Publicaciones de la Biblioteca Nacional, mcmliv, t. iii, p. 123.
[ 54 ] Archivo del Congreso del Estado de Michoacán, Actas de las sesiones de 1827, 23 de octubre de 1827, bulto número 4, f. 40.
[ 55 ] Carlos María de Bustamante, Continuación del cuadro histórico de la revolución mexicana, México, Publicaciones de la Biblioteca Nacional, mcmliv, t. III, p. 121-122.
[ 56 ] Harold D. Sims, La expulsión de los españoles de México, 1821-1828, México, Fondo de Cultura Económica, 1985 (Lecturas Mexicanas, 79), p. 92-93.
[ 57 ] Archivo del Congreso del Estado de Michoacán, Actas de sesiones de 1827, 9 de noviembre de 1827, bulto número 4, f. 40.
[ 58 ] Miguel Martínez, Monseñor Munguía y sus escritos, México, Imprenta de José Mariano Lara, 1870, p. 48.
[ 59 ] Amador Coromina, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares expedidas en el estado de Michoacán. Formadas y anotadas por [...], Morelia, Imprenta de los hijos de I. Arango, 1886, t. III, p. 13.
[ 60 ] Manuel García Pimentel, Memoria presentada al honorable congreso por el secretario del Despacho de gobierno sobre la administración pública del Estado, año de 1828, f. 9.
[ 61 ] El Astro Moreliano, periódico político, Morelia, 23 de julio de 1829, t. I, n. 33, p. 129-130.
[ 62 ] Proclama del 19 de julio de 1829 firmada por el subteniente Lázaro Olvera, el teniente Laureano Bárcena y el capitán Agustín González Castañeda.
[ 63 ] El Astro Moreliano, periódico político, Morelia, 1 de agosto de 1829, t. I, n. 38, p. 151.
[ 64 ] Suplemento al Astro Moreliano, Morelia, 10 de agosto de 1829, n. 38.
[ 65 ] El Astro Moreliano, periódico político, Morelia, 24 de agosto de 1829, t. I, n. 42, p. 167.
[ 66 ] Para mayor información sobre ese proceso, véase Manuel Barbosa, Apuntes para la historia de Michoacán, Morelia, Talleres de la eim Porfirio Díaz, 1905, p. 9-70; El Filógrafo, Morelia, 1838, y Gerardo Sánchez D., "Las luchas por el federalismo en el sur de Michoacán, 1830-1846", Memoria de las Jornadas de Historia de Occidente, Jiquilpan, Centro de Estudios de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas, 1979, p. 93-106.
[ 67 ] Manuel Barbosa, Apuntes para la historia de Michoacán, Morelia, Talleres de la eim Porfirio Díaz, 1905, p. 72.
[ 68 ] Véase "El sistema de guerrillas como defensa nacional", en Melchor Ocampo, Escritos políticos. Obras completas, prólogo de Ángel Pola, México, F. Vázquez Editor, 1901, t. II, p. 275.
[ 69 ] Archivo del Poder Ejecutivo de Michoacán, Libro General de Despachos, 1827-1847, f. 97.
[ 70 ] Véanse las cartas de Melchor Ocampo en Escritos políticos. Obras completas, prólogo de Ángel Pola, México, F. Vázquez Editor, 1901, t. II, p. 268-269.
[ 71 ] Isidro Alemán, Apuntes para la historia del Batallón Matamoros de Morelia, Morelia, año de 1890, f. 4-5, copia del manuscrito en poder de Gerardo Sánchez Díaz.
[ 72 ] Isidro Alemán, Apuntes para la historia del Batallón Matamoros de Morelia, Morelia, año de 1890, f. 4-5, copia del manuscrito en poder de Gerardo Sánchez Díaz, f. 5.
[ 73 ] Archivo del Poder Ejecutivo de Michoacán, Libro de Despachos, 1827-1847, f. 95-97.
[ 74 ] Isidro Alemán, Apuntes para la historia del Batallón Matamoros de Morelia, Morelia, año de 1890, f. 4-5, copia del manuscrito en poder de Gerardo Sánchez Díaz, f. 25-29.
[ 75 ] Decreto impreso número 21, 24 de abril de 1847.
[ 76 ] Véase "El gobernador del estado libre y soberano de Michoacán al Batallón Matamoros de la Guardia Nacional. Morelia, 27 de mayo de 1847", en Raúl Arreola Cortés, Melchor Ocampo. Textos políticos, México, Secretaría de Educación Pública, 1975 (Colección Sep-Setentas, 192), p. 68-69.
[ 77 ] Isidro Alemán, Apuntes para la historia del Batallón Matamoros de Morelia, Morelia, año de 1890, f. 4-5, copia del manuscrito en poder de Gerardo Sánchez Díaz, f. 38-40.
[ 78 ] El gobernador del Estado de Michoacán, a sus habitantes, Morelia, Imprenta de Ignacio Arango, 18 de septiembre de 1847.
[ 79 ] Véase decreto n. 44, 24 de septiembre de 1847.
[ 80 ] Declaración del proceso seguido a José María Verduzco por asonada, 1848. Documento en poder de Gerardo Sánchez Díaz.
Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, Álvaro Matute (editor), México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, v. 11, 1988, p. 85-121.
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