LOS INDIOS VOLUNTARIOS DE FERNANDO VII

Virginia Guedea

2/2

El Cuerpo Patriótico Nacional de Soldados Voluntarios
de Fernando VII

Para alcanzar su propósito de pacificar a la Nueva España, Calleja necesitaba contar con una fuerza militar poderosa y bien equipada; así, se dedicó a conseguir dinero y hombres, por lo que durante su gobierno se intensificaron los préstamos forzosos y las levas. Este virrey, como señala el historiador Anna, en forma gradual pero a sabiendas de lo que hacía convertiría al régimen realista en un régimen militar.[ 104 ] A esto se debió, en buena medida, que en la Nueva España se fuera percibiendo de manera cada vez más clara que las fuerzas armadas eran el principal apoyo en que se sustentaban las autoridades coloniales y que, a partir de entonces, ya no se concibiera fácilmente la existencia de un poder político que no implicara por necesidad una fuerza militar.

A pesar de que desde la subida de Calleja al poder las levas en la ciudad de México habían aumentado en intensidad y frecuencia, los batallones de patriotas de Fernando VII, con que para su defensa y vigilancia contaba la capital, se hallaban incompletos y muchos de los individuos que en ellos debían servir utilizaban alquilones. Para remedio de esa situación, a principios de octubre de 1813 el virrey ordenó el alistamiento en la ciudad de México de todos los vecinos que contaran entre dieciséis y cincuenta años y que pudieran prestar servicio militar, y dio el término de ocho días para que se presentaran a servir en los batallones de patriotas, so pena de servir en un cuerpo de línea.[ 105 ]

Estas disposiciones de Calleja provocaron una nueva oferta de la parcialidad de San Juan. Su gobernador, Eleuterio Severino Guzmán, dirigió un oficio al virrey, fechado el día 12 del mismo octubre, en el que le expresaba que entre todas las naciones que habían mostrado ser leales la indiana había dado las mayores y más realzadas pruebas de lealtad, amor, fidelidad y patriotismo y le recordaba su oferta presentada a Iturrigaray en 1808, reiterada ese mismo año por Galicia a Garibay y renovada en 1809 por Cano y Moctezuma a Lizana. Al iniciarse la insurrección, el mismo Cano y Moctezuma había revalidado ante Venegas todas las ofertas anteriores; entonces el virrey dispuso que se formasen dos compañías de lanceros y concedió a quien ocupase el cargo de gobernador el grado de teniente coronel con respecto tanto a los lanceros como a los demás indios que se pusiesen sobre las armas. El gobernador recordaba también a Calleja que al tomar éste posesión del cargo de virrey el mismo Guzmán le había ofrecido catorce mil hombres para el servicio militar. Aunque probablemente el número de indígenas hubiera disminuido por la epidemia sufrida hacía poco, si el virrey pretendía "resguardar esta ciudad de los revolucionarios traidores que han perturbado el sosiego y tranquilidad de la paz en que vivíamos gustosamente obedientes", como infería del bando en que ordenaba el alistamiento de patriotas, los indios con que contaba el gobernador serían más que suficientes y lo harían con "más empeño y mejor lustre" que nadie, puesto que eran "los verdaderos patriotas", alistados ya desde su primera oferta, la que de nuevo revalidaba. Para cumplirla, sólo esperaba que el virrey le diera la orden y se le entregaran los fusiles necesarios para instruir y disciplinar militarmente a los indios, de lo que se encargaría el propio gobernador. Sin embargo, para que Guzmán pudiera poner "íntegro el considerable número de gente que puede formar un respetable ejército", también era necesario que el virrey ordenara "a los comandantes de patriotas de los pueblos comarcanos que no incluyan en sus compañías a los puros indios", porque se desmembraría la gente y no podría cumplir su oferta pues, "aunque se quiera decir que lo mismo es que sirvan aquí que allí, no es de fundamento alguno, porque la gente unida hace más resistencia que dividida, como bien lo sabe vuestra excelencia". [ 106 ] Guzmán confiaba en recibir una respuesta afirmativa de Calleja. Lo que el oficio deja traslucir es, más que su preocupación porque los indios sirvieran militarmente de manera efectiva en defensa del régimen, su preocupación porque quien mantuviera el control directo sobre ellos fuera el mismo gobernador. Por esas fechas, don Eleuterio había iniciado ya los trabajos necesarios para formar con los indios de su jurisdicción un cuerpo armado para la defensa de la capital que estuviese bajo su mando. Desde el 1 de septiembre, casi mes y medio antes de su oficio a Calleja, se formó un "Cuaderno de listas de los militares patriotas de esta parcialidad de San Juan", donde se registraron los habitantes de sus distintos pueblos y barrios. Estas listas se habían sacado de las mandadas hacer por Guzmán en 1808, cuando éste y Vargas Machuca pusieron los indígenas de las parcialidades a disposición de Iturrigaray.[ 107 ] El deseo de Guzmán de tener bajo su mando una fuerza militar compuesta por los indios de su jurisdicción, manifestado ya en 1808, parecía poder cumplirse plenamente en 1813, cuando el virreinato entero se militarizaba.

Calleja tomó la nueva oferta del gobernador de San Juan como una más de las que las corporaciones indígenas acostumbraban hacer a las autoridades superiores y, al igual que sus antecesores en circunstancias semejantes, contestó a Guzmán su oficio diciéndole que con satisfacción veía confirmado su concepto de "la no interrumpida fidelidad de las parcialidades de indios de esta Corte"; le expresaba también que cuando fuera oportuno y las circunstancias lo exigieran haría uso de las fuerzas de las parcialidades unidas y, mientras tanto, les daba las gracias en nombre del rey.[ 108 ] Hay que señalar que tanto el virrey como las demás autoridades que intervinieron después en el asunto que aquí se estudia, en sus escritos siempre se refirieron a las dos parcialidades como si se trataran de una sola entidad, a pesar de que sus gobernadores no siempre actuaron de acuerdo y en alguna instancia adoptaron posturas diferentes.

La respuesta de Calleja, deliberadamente ambigua de su parte, fue tomada por Guzmán como favorable a su proposición y así se dispuso a proseguir sus tareas con renovados bríos. De hecho, para el gobernador de San Juan la oportunidad que mencionaba el virrey se había presentado ya. Sus empeños y los de quienes lo ayudaron para llevar a cabo sus propósitos han quedado detalladamente registrados en la causa que a consecuencia de sus actividades se les siguió a todos ellos a principios de 1814. Las numerosas diligencias a que dio lugar y los papeles que al formarla se recogieron permiten seguir, casi paso a paso, los trabajos emprendidos por Guzmán y sus colaboradores para levantar un cuerpo de patriotas indígenas que debía depender directamente del gobernador.

Al ver por el oficio de Calleja que cuando fuera oportuno utilizaría las fuerzas de ambas parcialidades, Guzmán pensó que era necesario saber con cuánta gente se contaba y hacer que estuviese dispuesta; cuando menos ésta fue la postura que después sostendría. Sobre ello consultó, según su propia confesión, con José Salazar, alcalde supernumerario de San Juan, quien no sólo fue de parecer de que se hicieran sino que se convirtió en su principal promotor.[ 109 ] Salazar era español natural de México y había estado ligado desde hacía tiempo a la parcialidad de San Juan, de la que había sido alcalde supernumerario hacia el año de 1802. En abril de 1813 le había pedido a don Eleuterio que lo nombrase nuevamente alcalde y así fue como gozaba de la confianza del gobernador.

Al tiempo que iniciaba los trabajos de organizar un cuerpo de patriotas, el gobernador de San Juan volvióse a ocupar de la concesión de resguardos a los indios de su jurisdicción. Según su propia declaración, como la leva continuaba rigurosa le pidió de nuevo al virrey, esta vez de manera verbal, que se concedieran resguardos a los indios, ofreciendo una vez más que estarían siempre prontos para cualquier eventualidad. También de palabra le contestó Calleja y, al igual que lo había hecho en marzo de ese año, concedió a Guzmán que se otorgaran los resguardos y se diera aviso de ello al sargento mayor de la plaza, José Mendívil.[ 110 ] De inmediato el gobernador, acompañado de Salazar, se presentó ante dicho oficial para informarle de la concesión otorgada por el virrey de dar resguardos, a los que Mendívil debía poner su visto bueno, y éste les dijo entonces que le presentaran un ejemplar.[ 111 ]

De ser exactas las anteriores aseveraciones de Guzmán, la premura que en ese momento mostró don Eleuterio porque los indígenas de su jurisdicción contaran con los resguardos contrasta con la inactividad manifestada siete meses antes por el mismo Guzmán, cuando por primera vez solicitó y obtuvo del virrey su concesión. Para que el gobernador procediera a esta tarea no era realmente necesaria una nueva licencia, y menos de palabra, puesto que ya se contaba con un permiso escrito; es probable que haya hecho una nueva solicitud porque así conviniera a sus propósitos de formar un cuerpo de patriotas. Por un lado, le interesaba desde luego poner un freno a la leva de los indígenas, no sólo porque afectaba seriamente la vida de su comunidad sino porque, de proseguir con la misma intensidad, habría cada vez menos individuos para la integración de las fuerzas que deseaba tener bajo su mando, como claramente lo había expuesto al virrey en su representación del 12 de octubre. Por otro, al concederse los resguardos debían hacerse listas y emprenderse otras tareas igualmente necesarias para iniciar la organización de los patriotas, por lo que ambos trabajos podrían llevarse a cabo al mismo tiempo. Por último, pudo haber considerado don Eleuterio que, si surgía algún problema con las autoridades superiores por la formación del cuerpo de patriotas, siempre podría disimularse explicando que lo que se llevaba a cabo era, primordialmente, la concesión de resguardos, como de hecho ocurrió.

Según manifestó después Guzmán, como no se ponía de acuerdo con Salazar sobre la forma en que debían hacerse los resguardos, hizo traer un nombramiento de patriotas -que aparentemente Salazar consiguió en la villa de Guadalupe- y le ordenó a su escribiente, Ignacio Fernández, que sobre él hiciera un borrador para después mandarlo corregir.[ 112 ] Era Fernández, como Salazar, español de México y conocía bien los asuntos del gobierno de los indígenas, ya que también fue escribiente de Francisco Antonio Galicia, el anterior gobernador de San Juan. Salazar, en presencia de Fernández, le dijo a Guzmán que éste "ya estaba declarado comandante en la sargentía mayor de la plaza por ausencia de don Martín Barandiaran, que lo era de lanceros", por lo que el escribiente lo puso así en el borrador.[ 113 ] Por orden del gobernador y con acuerdo de Salazar, Fernández puso también que el resguardo se daba en virtud de lo prevenido por el virrey; pero, como don Eleuterio dijo haber perdido el oficio de Calleja, no se puso la fecha sino que se dejó en blanco, según declaración del propio escribiente.[ 114 ]

El hecho de que para formar un resguardo se hayan basado en un nombramiento de patriotas parece indicar que Guzmán y Salazar habían decidido aprovecharse del permiso de otorgar resguardos para al mismo tiempo formar un cuerpo de patriotas indígenas. Igualmente parece indicarlo así el hecho de que en los resguardos se haya dejado en blanco la fecha del oficio del virrey. Haya en verdad o no perdido Guzmán el oficio de Calleja -del que, por cierto, sólo aparece en la causa una copia-, bien debían saber las autoridades de San Juan que en él no se autorizaba la formación de ningún cuerpo ni tampoco se hablaba de conceder resguardos a los indios. Es probable que la fecha se haya dejado en blanco porque se pensaba factible conseguir en un futuro próximo la autorización virreinal para formar un cuerpo de patriotas; Guzmán mismo hizo dos nuevas solicitudes por escrito al tiempo que ya se estaban otorgando los resguardos, aunque sólo presentó una de ellas, y Salazar trató de este asunto con el sargento mayor.

Mientras se elaboraba el borrador, se prosiguió con la preparación de las listas de los habitantes de los pueblos y barrios de la jurisdicción de San Juan. Las que se encuentran recogidas en la causa fueron formadas en el periodo que va del 6 de noviembre al 23 de diciembre de ese año.[ 115 ] Como Salazar había consultado -o cuando menos así lo declaró- con el comandante de la partida de capa, José Joaquín Elizalde, sobre otorgar resguardos a los indios y el comandante le había dicho que convendría que se pusiese en ellos la filiación de cada uno para que no se los prestaran entre sí,[ 116 ] se decidió también incluirla. Tal y como se había convenido, Salazar llevó el borrador al sargento mayor de la plaza para que lo corrigiera y así lo hizo Mendívil. Ya corregido, Salazar lo llevó a la imprenta de Ontiveros, donde se tiraron quinientos ejemplares el 13 de noviembre. Tres días después, Guzmán envió con Salazar un ejemplar al sargento mayor, quien le quitó algunos renglones y, según declaró después el mismo gobernador, le mandó decir que "ya se lo había enseñado al señor virrey y que se pusiera en aquellos términos".[ 117 ] Lo que tachó el sargento mayor, según declararon Fernández y Salazar, fue la frase de que los resguardos se daban en virtud de lo consultado con el comandante de la partida de capa,[ 118 ] frase que no aparece ya en la segunda impresión. Según manifestó posteriormente el propio Mendívil, lo que se borró fue "y a lo consultado por el sargento mayor de la plaza", y así lo presentó al virrey, quien le dijo que estaba bien pero que pusiera su visto bueno.[ 119 ] Sin embargo de lo expresado por Mendívil, la frase sobre el sargento mayor sí se conservó al imprimirse por segunda vez los resguardos.

Mientras esto ocurría, Guzmán y Salazar conferenciaron con el gobernador de Santiago, Guadalupe Velasco, y con Vicente Villavicencio, maestro de primeras letras de dicha parcialidad, quien era además escribiente de su gobernador. Velasco era indígena; no así Villavicencio, quien era español de México y vivía en el tecpan de Santiago, donde tenía su escuela. Villavicencio también se ocupó, no sabemos desde cuándo, de ayudar al gobernador en el arreglo del piquete de lanceros de Santiago. Parece ser que hasta ese momento las autoridades de esta parcialidad no habían intervenido, por lo menos en forma directa, ni en el asunto de los resguardos ni en el de la formación de un cuerpo de patriotas. El motivo de la conferencia, según Fernández, fue decidir si se ponía a dos comandantes en los resguardos, por ser dos las parcialidades.[ 120 ] Muy probablemente porque la iniciativa provenía de San Juan, quedó Guzmán como comandante de ambas en el nuevo borrador y de éste se mandaron imprimir mil ejemplares.[ 121 ]

Las diferencias ya mencionadas entre las dos impresiones no fueron las únicas. En la segunda versión encontramos que el Cuerpo Patriótico de Soldados Voluntarios de Fernando VII -pues nada menos que un cuerpo de voluntarios de Fernando VII deseaba comandar don Eleuterio-, se convirtió, además, en "nacional". La primera habla únicamente de las compañías de lanceros de infantería y caballería de la parcialidad de San Juan, mientras que la segunda se refiere a compañías de infantería y caballería del cuerpo patriótico nacional, sin mencionar ya a los lanceros. También en la segunda versión se habla de batallones, mientras que en la primera sólo se mencionan compañías; además, se aumentó un nuevo dato para el registro de la filiación de los alistados. Se debe señalar que esta segunda impresión no fue la única utilizada por Guzmán y Salazar; en el expediente de la causa se encuentran no pocos ejemplares de la primera, debidamente llenados y firmados, cuyas fechas de expedición hacen ver que se otorgaron al mismo tiempo las dos versiones impresas.

Según declaración de Guzmán, una vez impresos los resguardos de inmediato se comenzaron a llenar con los nombres y datos de los indígenas "y se les iba dando a cada uno el suyo".[ 122 ] De hecho, los resguardas comenzaron a repartirse desde antes, pues los primeros habían sido manuscritos y por ellos se llegaron a cobrar hasta veinte reales.[ 123 ] Una porción de los impresos se llevó a casa del sargento mayor para que les pusiera el visto bueno, donde quedaron detenidos como quince días por no tener Mendívil tiempo de firmarlos.[ 124 ] Aparentemente hasta entonces ni el sargento mayor ni el virrey habían visto nada extraño en las actividades emprendidas por Guzmán y Salazar, pues aunque claramente los papeles presentados hacían referencia a la formación de un cuerpo de patriotas, fueron tomados simple y sencillamente como resguardos, que también lo eran.

Para conseguir la información que debía registrarse en ellos, el gobernador había mandado llamar a Miguel Nava, quien era alcalde de república del barrio de Santa María de la parcialidad de San Juan. Indio cacique natural de Temascalcingo, Nava se dedicaba a vestir estampas de papel, las que luego vendía. Es muy probable que se le haya llamado tanto por su condición de alcalde como por su experiencia en cuanto a efectuar alistamientos, la que había obtenido como sargento de lanceros durante el gobierno de Venegas. Nava fue recibido por Guzmán y Salazar y, según declaró después, se le previno que alistara a la gente del barrio de Santa María "porque se iban a aumentar los patriotas lanceros".[ 125 ] Vemos, pues, que el gobernador, apoyado e impulsado por Salazar, no se disponía únicamente a dar resguardos a los indios sino que estaba ya decidido a formar un cuerpo de patriotas voluntarios de Fernando VII que debía quedar bajo su mando, tal y como lo decían los impresos.

Salazar fue comisionado -o se hizo comisionar- por Guzmán para entender "en todos los asuntos militares de patriotismo, y al efecto [el gobernador] le señaló un cuartito en el tecpan de San Juan, el cual llamaban la Mayoría", donde despachaba nombramientos y contestaba peticiones de quienes querían ser oficiales, según su propia declaración.[ 126 ] Es probable que el sitio donde trabajaba Salazar hubiera recibido ese nombre a causa de que éste se encontraba desempeñando las funciones de sargento mayor y como tal era conocido por muchos.

Además de los listados de los nombres de los distintos individuos, se elaboraron también listados de sus filiaciones. Salazar consiguió los servicios de Ignacio Islas para que fuera "de su inspección arreglar las listas y apuntar las filiaciones de los que le ponía delante Salazar", según declaración del propio Islas,[ 127 ] a quien se le ofrecieron dos reales diarios por desempeñar esta tarea. Islas, quien no era indígena sino español, había sido escribiente en San Juan y era peluquero de oficio.

Miguel Nava, por su parte, dio comienzo en Santa María al alistamiento que se le había encargado, "el que verificó de quinientos hombres" que llevó a presentar al tecpan. Allí le dijo Salazar que los arreglara por compañías y les nombrase cabos y sargentos mientras que el virrey les daba a estos oficiales sus nombramientos. Igualmente le encargó que principiara a hacer asambleas con los alistados y los llevara a misa, para lo que le mandó una caja y cuatro lanzas; así lo hizo Nava y, para pagar al padre y al tambor, los cabos y los soldados daban una cuartilla y los sargentos medio real.[ 128 ] Como se le informó que estas asambleas debían efectuarse "para evitar que en la ociosidad se entregaran a los vicios y para que al mismo tiempo se habilitaran para el servicio militar", Nava aceptó hacerlas, lo que llevó a cabo en el Puente de las Guerras. Convino en hacer también "un uniforme, según el modelo que se le dijo se había de presentar a la superioridad y había de usar la tropa". Nada de esto llamó su atención, según declaró después, porque así se había procedido anteriormente en los alistamientos de los lanceros. También explicó más tarde haber creído que Guzmán y Salazar habían sido nombrados comandante y sargento mayor, respectivamente, y que ambos estaban facultados por el gobierno para nombrar oficiales; incluso le dijeron a Nava que lo harían capitán.[ 129 ]

Para la elaboración de la lista de los patriotas, Nava -quien no sabía escribir- contó con el auxilio de Manuel Nájera, su escribiente. Al igual que Fernández e Islas, colegas suyos en estas tareas, Nájera era español natural de México y, según declaró, se dedicaba a comerciar con alquiladuría de ropa.[ 130 ]

Salazar era quien entregaba los nombramientos; pero, como exigía cuatro reales y medio por cada uno, muchos de los alistados se quedaron sin ellos por no poder pagarlos, a decir de Nava. Éste reclamó sobre ello al gobernador y también se quejó con él del "genio altanero y soberbio" de Salazar, quien maltrataba a los alistados si no le llevaban el dinero.[ 131 ] Las declaraciones del mismo Nava y de algún otro de los involucrados en todos estos trabajos coinciden en señalar que Salazar se incomodaba a menudo con los soldados que no se le formaban, así como con quienes no se quitaban el sombrero en su presencia, además de dar otras muestras de su prepotencia.[ 132 ]

Según declaración de don Eleuterio, lo que le había encargado a Salazar era que cobrara tan sólo lo indispensable para pagar los gastos, que debían ser de aproximadamente dos reales por nombramiento;[ 133 ] Salazar insistiría después que el gobernador no le había señalado precio.[ 134 ]

Bartolomé Cánovas, español peninsular, era un alférez retirado que había servido en varios regimientos novohispanos. Según declaración suya, al verse cargado de familia y sin más haberes para su sostenimiento que el corto prest que recibía, por sugerencia de Nava se acercó a Salazar para ver si lo destinaba a la enseñanza del ejercicio a los patriotas, con la esperanza de recibir una gratificación. Salazar lo envió entonces a hacer el alistamiento en los barrios de San José y la Santa Veracruz, para lo que le dio un padrón viejo. Cánovas alistó cosa de cuatrocientos hombres y los citó para el siguiente domingo, de acuerdo con las instrucciones de Salazar. En la Plazuela de Tarasquillo comenzó a enseñar a unos ciento cincuenta individuos, lo que efectuó durante tres domingos, sin obtener nada en pago a sus esfuerzos.[ 135 ]

En la organización de los cuerpos de voluntarios indígenas participó también Francisco Xavier Casela, español de México que era escribiente en el oficio del gobierno. Por sus declaraciones, vemos que, al saber "que de parte de la sargentía mayor se iba a crear el citado regimiento" y en legítima busca de "sus adelantos y honores", se acercó al gobernador, a quien le pidió una charretera, y así fue como llegó a ejercer las funciones de ayudante en el batallón de Santa María y en el de Tarasquillo.[ 136 ]

Además de Cánovas y Casela, hubo otro ayudante, de quien sabemos que se llamaba José María Cabello y que era alférez; pero, como no se le encontró cuando comenzaron a hacerse las averiguaciones sobre todas estas actividades ni tampoco mientras duró el proceso, eso es todo lo que conocemos de él.

En los trabajos de organización de los patriotas indígenas intervinieron, además de los ya mencionados, algunos otros individuos ajenos a las parcialidades. El relojero José María Pérez fue uno de ellos.

Éste era español, natural de San Luis Huamantla y vecino de México. Al saber que se iban a levantar batallones en San Juan, Pérez pasó con Guzmán a pedirle una charretera de alférez. El gobernador lo remitió entonces con Salazar, quien lo mandó a presentarse en las asambleas que se llevaban a cabo en Santa María. Tomó Pérez parte en dos de ellas y después de la primera ofreció un almuerzo a Salazar, Nava, Nájera, Cabello y otros de los organizadores.[ 137 ] También participó en las asambleas de Santa María otro español, llamado Manuel Serveta, quien era natural de México, se dedicaba a tratante en el Parián y, además, pertenecía a una compañía de patriotas. Con el deseo de que lo nombraran alférez, asistió a tres de las asambleas y en ellas se ponía a la cabeza de los alistados; pero, a pesar de todos sus esfuerzos, se le mandó que se retirara.[ 138 ] Quien le dio esta orden fue Santos Díaz, indio cacique de México que tenía una casa de prensa y que era también alcalde de San Juan. Al saber que se llevaban a cabo estas asambleas, Díaz se había presentado en ellas y, según declaró después, Salazar le dijo entonces "que había de ser alférez", lo que puede explicar la orden dada a Serveta.[ 139 ]

Los alcaldes de república de los barrios de Santa Cruz y Soledad y de San Pablo también participaron en los alistamientos de patriotas. El primero, llamado Eusebio Antonio Dávila, era indio vecino de México que se dedicaba a comerciar con leña y semillas. Por orden de Guzmán y Salazar se encargó de alistar a los vecinos de Santa Cruz y Soledad, a los que condujo al tecpan, como se le había ordenado.[ 140 ] Bonifacio Antonio Campos, alcalde de San Pablo, era también indígena, aunque cacique, y de oficio albañil. Don Eleuterio le encargó que efectuara en su barrio los alistamientos; Salazar, a su vez, le ordenó que llevara a cabo asambleas y le previno que condujera a su gente al tecpan.[ 141 ] Además, Salazar le encargó a Nava que organizara por compañías a los alistados en Santa Cruz y San Pablo por sus alcaldes de barrio y los nombrara también cabos y sargentos, lo que Nava llevó a cabo.[ 142 ] Según declaración de Fernández, a Antonio Galicia, hermano de don Francisco, Salazar envió orden "para que procediese a los alistamientos en el barrio de Acatlán", pero asimismo declaró que oyó decir que "no tuvo a bien Galicia el citado alistamiento",[ 143 ] sin aclarar el porqué.

No sólo en los barrios ya mencionados se efectuaron estas funciones. Sabemos que también se hicieron alistamientos y se registraron las filiaciones de los habitantes de algunos otros lugares sujetos a la parcialidad de San Juan, como puede verse por las listas que quedaron recogidas en el expediente de la causa. Así ocurrió tanto en el barrio de la Ascensión Tlascocomulco como en los pueblos de Romita, San Miguel Chalmita, San Pablo Xalpa, San Miguel Chapultepec, Santa María Magdalena Salinas, La Piedad y San Lucas Tepetlacalco. También hubo alistamiento en Santa Mónica, Ixtacalco, San Andrés, La Ladrillera, San Simón, Nativitas y Santa Anita.[ 144 ]

Mientras se ocupaban de efectuar alistamientos y asambleas, Guzmán y Salazar no desatendieron a los lanceros, que estaban al cuidado de don Eleuterio y cuyas listas firmaba como gobernador, además de poner el visto bueno en las que se mandaban a la tesorería para su pago.[ 145 ] Prueba de su atención es que solicitaron de Francisco Méndez, teniente veterano del Regimiento de Infantería Provincial de la capital que a menudo concurría al tecpan de San Juan y asistía diariamente a la casa del sargento mayor, que "les pusiese el borrador de una orden que se les hiciese observar" a los lanceros, porque ni el sargento ni el cabo se sostenían con su servicio, "pues todos unánimes se embriagaban", y Méndez así lo hizo.[ 146 ]

Además de hacerse alistamientos y asambleas con los indígenas y de ocuparse del buen funcionamiento de los lanceros, el gobernador y Salazar establecieron guardias en el tecpan. Según Guzmán, éstas se habían iniciado desde que por la peste se habían enfermado los alcaldes, regidores, alguaciles y topiles de San Juan. No obstante, a partir de que se iniciara la organización de los patriotas voluntarios, funcionaron de manera más regular. Estas guardias hacían honores tanto a Guzmán como a Salazar y en ellas se alternaban los lanceros con los alistados de los distintos barrios, los que debían dar parte de sus actividades a Salazar, ya que éste funcionaba como sargento mayor.[ 147 ]

Según declaración de Guzmán, mientras Mendívil tenía en su poder los nombramientos para firmarlos, Salazar lo visitó y trató con él sobre la formación de un batallón de patriotas de infantería y un escuadrón y el sargento mayor le respondió que para ello se necesitaba permiso del virrey. A poco, Mendívil llamó a don Eleuterio y al gobernador de Santiago para informarles que el virrey no aceptaba el alistamiento de patriotas porque no quería distraer a los indios de sus trabajos y por la peste que habían sufrido y que ambos gobernadores debían presentarse ante Calleja. Así lo hicieron; entonces el virrey les repitió lo expuesto por Mendívil, por lo que Guzmán, según declaró después, ya no le presentó a Calleja un escrito que había redactado para conseguir su autorización de formar el batallón.[ 148 ] El sargento mayor, al informar más tarde sobre este asunto, se refirió tan sólo a que los nombramientos se los devolvió a Salazar sin firmar porque ya no eran necesarios, puesto que el virrey había prevenido al capitán de la compañía de capa que ya no se cogiese a los indios de leva, por lo que le manifestó que sólo firmaría los de los lanceros.[ 149 ]

Aunque no llegó a enviarse al virrey, es interesante el oficio que le escribió Guzmán al conocer su decisión porque muestra claramente el empeño del gobernador por proseguir con las funciones militares que había emprendido. En él le recordaba a Calleja que su lealtad y patriotismo lo habían llevado a ofrecerle la gente de las parcialidades para que se ocupasen del resguardo y defensa de la capital; como el virrey le había respondido que cuando fuese oportuno utilizaría las fuerzas de ambas parcialidades, el gobernador había procedido a hacer alistamientos y a instruir a los alistados en la disciplina militar. Sin embargo, por el sargento mayor se había enterado de que Calleja había dispuesto que sólo se diesen los resguardos a los lanceros y que no había aceptado que los alcaldes de la parcialidad ocuparan "los empleos de plana mayor", en que pensaba Guzmán que quedaran colocados, para no quitar a los indios de sus trabajos. Le suplicaba al virrey que no desairara su oferta y les aseguraba que todos estaban dispuestos a servir en defensa de la patria. Le recordaba, además, que los lanceros no necesitaban de ningún resguardo, pues a ellos no les afectaba de hecho la leva. Eran los otros indígenas a su cargo los que sí necesitaban de esta protección, sobre todo los habitantes de los pueblos, ya que, por ser los que abastecían a la ciudad, al acudir a ella a vender sus productos corrían peligro de ser reclutados. Y para demostrar su importancia como proveedores de bienes y servicios, Guzmán informaba al virrey, barrio por barrio y pueblo por pueblo, de las actividades y ocupaciones de los indios de San Juan. El gobernador terminaba su escrito diciéndole que esperaba que se le avisara, por medio del sargento mayor, si era o no del agrado de Calleja que se continuaran repartiendo los nombramientos o se dieran otros resguardos y si daba su permiso para que siguieran instruyéndose los indios y, finalmente, le pedía que para todo esto lo nombrara a él o a algún otro sujeto de la parcialidad. A pesar de que este oficio no tiene firma ni fecha, sabemos que fue redactado hacia fines de noviembre o principios de diciembre lo más tarde, según declaró el propio Guzmán, lo que coincide con lo expuesto por Fernández, quien lo puso de su puño y letra, y con lo declarado posteriormente por Salazar.[ 150 ]

En la causa se recoge otro escrito de don Eleuterio, así como la respectiva contestación del virrey. Aunque no están fechados ni tampoco aparecen mencionados en las diligencias del proceso, ambos documentos parecen corresponder a los días en que Calleja había decidido suspender la entrega indiscriminada de resguardos y el alistamiento de patriotas emprendidos por el gobernador. Es probable que Guzmán haya enviado su oficio poco después de que Salazar hablara con el sargento mayor sobre la organización de los patriotas y que por ello el virrey haya hecho comparecer a los gobernadores para explicarles su determinación de suspender estos trabajos. En este escrito, Guzmán le expresaba a Calleja que corrían a su cargo tanto la compañía de lanceros de la parcialidad como los patriotas voluntarios que se encontraba instruyendo los días de fiesta para que estuviesen listos para servir en caso necesario, con lo que se conseguiría también que se apartaran de los vicios, en especial de la bebida. A pesar de que los lanceros estaban sujetos a sus órdenes, por haberlo prevenido así el virrey, para poder efectuar las funciones militares con más autoridad pedía que se les pusiese por escrito, "declarándome expresamente comandante de la Compañía de Lanceros Patriotas de esta parcialidad que está en actual servicio y de las demás que se formen de los individuos de los pueblos de mi comprensión", para que le sirviera de título formal. Finalmente, el gobernador le pedía al virrey que también se le diera un nombramiento a Salazar, para que ésta prosiguiera ayudando al gobernador en el desempeño de sus funciones.[ 151 ]

La respuesta por escrito de Calleja fue en el mismo sentido que la expresada en forma verbal a ambos gobernadores. Le comunicaba a don Eleuterio que le era muy apreciable su dedicación, pero que, a causa de la epidemia sufrida por los indios, le parecía conveniente dejarlos en libertad para que se separaran de los rigores sufridos y se redimieran de su miseria. Por ello, le prevenía "que por ningún motivo los precise a alistarse ni a hacer servicio alguno, suspendiendo cualquiera operación que haya vuestra merced practicado por sí".[ 152 ]

A pesar de la decisión del virrey -a nuestro parecer clara y terminante-, no desmayó en su empresa don Eleuterio; tampoco desmayaron sus colaboradores, por lo que siguieron adelante alistamientos y asambleas. También continuaron las guardias, así como la distribución de nombramientos, llegándose incluso a extender algunos de los oficiales. El 19 de diciembre, Guzmán nombró ayudante con el grado de teniente a Francisco Xavier Casela, "usando de la facultad que tengo como comandante de dicho cuerpo [patriótico nacional] y la que tiene todo el que levanta un nuevo regimiento". Según consta en el texto, a Casela se le debían de guardar los fueros, privilegios y excepciones del caso y, para que no quedara ninguna duda, además de la rúbrica del gobernador se añadía la aprobación y firma de Salazar como sargento mayor.[ 153 ] Ese mismo día, según declaró el propio Casela, se extendió el nombramiento de José Salazar como sargento mayor, aunque este documento no aparece recogido en la causa.[ 154 ] Una semana después, el 26 de diciembre, le tocó el turno a Bartolomé Cánovas, quien en términos muy semejantes al despacho de Casela fue nombrado segundo ayudante.[ 155 ]

Aunque Guzmán declaró después estar aturdido cuando firmó los nombramientos mencionados y que lo hizo sin reflexionar ni imponerse de su contenido y aunque Salazar negó haber visto en ellos las anotaciones referentes a su cargo de sargento mayor, [ 156 ] es claro que ambos sabían muy bien lo que habían firmado y que los nombramientos se extendieron por orden suya. Las declaraciones de Cánovas y de Casela así lo demuestran[ 157 ] y con ellas coincide lo expuesto por Ignacio Islas, el escribiente contratado por Salazar.[ 158 ]

En la causa se encuentra también un citatorio, firmado por Salazar el 31 de diciembre, para que la gente de San Pablo se presentara en su campo respectivo para efectuar asamblea los días 1 y 2 de enero de 1814.[ 159 ] Además de los nombramientos de ayudantes y del citatorio anterior, la causa recoge algunos nombramientos otorgados por esos días. Todo ello viene a comprobar que las autoridades de San Juan estaban decididas a proseguir las funciones militares a pesar de la suspensión que ordenara el virrey y de que, a fines de diciembre, Guzmán recibiera una orden del intendente de México en que le avisaba quedar cesante del cargo de gobernador "por la práctica de la nueva Constitución".[ 160 ]

En cuanto a la parcialidad de Santiago, su gobernador Velasco, de cuyas actividades en relación con alistamientos y asambleas casi nada consta en la causa, informó después al sargento mayor que, desde que el virrey habló con él y con Guzmán, en esa parcialidad "no se ha verificado que haya un patriota existente ni alistado, lo contrario, procuré cuanto estuvo de mi parte impedírselo cuanto estuvo de mi parte [sic] al de San Juan". Según Velasco, no sólo se empeñó en que Guzmán suspendiera todas estas funciones sino que, en vista de la terquedad del de San Juan, informó de ello al sargento mayor en varias ocasiones -al que también dio aviso José Francisco de Villanueva, administrador de ambas parcialidades, por medio de Villavicencio- y Mendívil le respondió a don Guadalupe "que pondría remedio en ello".[ 161 ]

A pesar de que parece ser cierta la afirmación de Velasco de que de inmediato había suspendido los alistamientos en Santiago, el sargento mayor dio parte al virrey de que proseguían en ambas parcialidades. Calleja le previno entonces que a sus gobernadores "les hiciera entender no volviesen a molestar a los naturales ni los distrajesen de sus trabajos", por lo que el 13 de enero de 1814 Mendívil les pasó a ambos un oficio en el que les comunicaba la disposición del virrey, quien también mandaba que no debía existir "más número de individuos alistados que los lanceros que actualmente están haciendo de escolta de presidiarios".[ 162 ]

Don Guadalupe contestó ese mismo día el oficio del sargento mayor. En su escrito, ya mencionado arriba, además de aclarar que desde que el virrey había hablado con los gobernadores se había suspendido todo alistamiento en Santiago, ofrecía cumplir fielmente lo dispuesto y pedía que así se le informara al virrey.[ 163 ] Don Eleuterio contestó dos días después y en su escueta respuesta únicamente expuso que había tomado "las providencias conducentes para que cese el alistamiento y asambleas, en lo que creía hacer un servicio fiel a la patria, religión y soberano (que Dios Guarde)".[ 164 ] Más tarde declaró que de inmediato había mandado órdenes por escrito a los barrios para suspender toda actividad.[ 165 ] Salazar también declararía haber cesado desde entonces en sus funciones y hecho que el gobernador ordenase lo mismo a Nava.[ 166 ]

No obstante tales afirmaciones, no sucedió exactamente así. Según Nava -quien ya no había efectuado asambleas por el mal trato de Salazar a, los alistados-, el 15 de enero, el mismo día en que Guzmán contestara a Mendívil, recibió una esquela firmada por Dionisio Cano y Moctezuma en la que se le expresaba que continuase las asambleas, por lo que el día 16, que era domingo, reunió a los alistados y los llevó a misa a la Santa Veracruz. Allí recibió la nueva orden del gobernador, redactada y firmada por Cano y Moctezuma, de que suspendiera las asambleas, la que de inmediato obedeció.[ 167 ]

Esta última asamblea estuvo a punto de causar serios problemas. Unos dragones provinciales de Puebla, al ver "los movimientos ridículos" de los patriotas, se burlaron de ellos, por lo que Nava los iba a poner presos. "Metieron mano los dragones a sus sables y las indios a las piedras" y si no se hubiera presentado una patrulla de Zamora hubiera habido muertos, según declaró después Domingo Meléndez, cabo primero de la compañía de lanceros de Santiago. Meléndez era español de México y estaba emparentado con Vicente Villavicencio, escribiente y maestro de esa parcialidad, de quien era sobrino.[ 168 ]

En cuanto a los nombramientos, también se prosiguió con su reparto. Por esos días, Salazar pasó a Tepetlacalco a cobrar lo que se debía de algunos de ellos.[ 169 ] Además, entregó a Islas varios nombramientos, ya que al escribiente debían ocurrir a recogerlos los alistados de Tepetlacalco, Xalpa y Chalmita; por cada uno Islas debía recibir cuatro reales. Todo esto se llevó a cabo del 25 al 27 de enero;[ 170 ] por si fuera poco, en la causa se encuentra un nombramiento que lleva fecha del 1 de febrero. Asimismo continuaron las guardias en el tecpan y el 2 de febrero le tocó el turno a Casela, quien mandó batir marcha durante la procesión que hubo del "Divinísimo Señor Sacramentado".[ 171 ] Ese mismo día, Casela le pidió a Nava que "soldados" de Santa María efectuaran la guardia del día 7 [ 172 ] y Salazar le comunicó a Cánovas que le tocaba la del día 3, la que éste llevó a cabo.[ 173 ]

Mientras todo esto acontecía, el asunto se fue tornando cada vez más complejo. El 23 de enero, Ramón Elizalde, que había sido alcalde presidente de San Juan, y José Antonio García, sargento de lanceros de esa parcialidad, se presentaron con el administrador Villanueva para denunciar los malos manejos de Guzmán con los lanceros. Lo acusaron de que obligaba a éstos a rendirle honores y de haber nombrado oficiales; de que, siendo treinta y siete las plazas, ocupaba sólo veinticuatro, quedándose con el sueldo de los faltantes, y de que les exigía a los lanceros dinero para la misa y les había vendido los nombramientos.[ 174 ]

Villanueva de inmediato envió un oficio al virrey en el que le explicaba que los gobernadores de las dos parcialidades, encargados de los lanceros por ausencia de los oficiales para ello nombrados, habían llegado "hasta el extremo de creer que han ocupado aquellos lugares vacantes y en esa virtud es su arbitrio poner y quitar a los lanceros que les parece y lo manejan todo a su antojo", según le habían informado Elizalde y García en relación a Guzmán, y le comunicaba las acusaciones formuladas por ellas. El administrador hacía hincapié en lo que le atañía muy de cerca, o sea los sueldos de los lanceros, ya que estaba encargado de pasar a los gobernadores la cantidad necesaria para cubrirlos.[ 175 ]

Ese mismo día remitió Guzmán un oficio a Calleja para manifestarle que para cumplir con lo dispuesto por la Constitución había suspendido "toda la jurisdicción ordinaria que como gobernador tenía" sobre los habitantes de la parcialidad, quedando únicamente la cárcel del tecpan para auxilio de los jueces de letras y Guzmán ocupado en dar pasaportes. Pero el ex alcalde presidente, Ramón Elizalde, "que se halla muy adolorido por carecer de la jurisdicción que podría tener", quería quitarle la custodia de la casa y la autoridad de firmar los pasaportes. Guzmán acusaba a Elizalde de no ser ni siquiera "ciudadano", pues no sabía leer ni escribir; de no ser "capaz de ningún empleo visible", por carecer de la representación necesaria, y de ser "hombre díscolo" que se ocupaba de convocar a juntas clandestinas para quitarle el empleo a Guzmán.[ 176 ] Por ello, le pedía a Calleja que diera orden para que Elizalde no se entrometiera ni en el tecpan ni con los lanceros, a quienes seducía para que no obedecieran a Guzmán. No sólo con Elizalde tenía problemas don Eleuterio; también las tenía con Villanueva, porque éste le adeudaba desde hacía siete meses los sueldos de alcaldes, regidores, topiles y escribanos de la parcialidad y no quería pagárselos sin orden superior.[ 177 ]

Nuevos problemas para las autoridades de San Juan surgieron cuando, a fines del mismo enero, se encontró una carta de Cano y Moctezuma dirigida al insurgente Mariano Matamoros, en la que el ex gobernador se intitulaba "coronel de San Pedro de México".[ 178 ] Aunque el proceso seguido a Cano y Moctezuma no tiene cabida aquí, ya que no se encontró relación entre sus actividades y las de don Eleuterio y demás involucrados en las funciones militares, el que se haya descubierto que se correspondía con los rebeldes fue una instancia más de las que llevaron a las autoridades superiores novohispanas a revisar con mucho cuidado todo lo que estaba ocurriendo en San Juan.

Causa seguida a los funcionarios de San Juan

El hecho de que no hubieran cesado de inmediato y por completo las funciones militares que se llevaban a cabo en San Juan provocó que el 31 de enero el sargento mayor diera noticia al virrey de que proseguían los alistamientos.[ 179 ] Y hay que señalar aquí que es en este oficio de Mendívil donde por primera vez a lo largo de todo este asunto se hace ya una distinción por parte de las autoridades entre las actividades y actitudes de las dos parcialidades capitalinas. En su respuesta al sargento mayor, fechada el día siguiente, Calleja le encargaba estar "muy a la mira de que tenga su puntual cumplimiento la providencia de esta superioridad para que no se haga en dichas parcialidades alistamiento alguno con ningún objeto, subsistiendo únicamente el piquete de lanceros de la de Santiago".[ 180 ]

Por su parte, el comandante de la compañía de policía, José Joaquín Elizalde, envió al virrey un oficio el 3 de febrero para informarle que el gobernador de San Juan había proseguido con los alistamientos, como lo demostraban los nombramientos que adjuntaba a su oficio. También ponía en conocimiento de Calleja que don Eleuterio cobraba dinero por ellos, así como por las faltas que cometían quienes efectuaban las guardias, y que en éstas se alternaban los alistados con los lanceros. Además, le comunicaba que se le hacían al gobernador honores de comandante y de sargento mayor a Salazar. Todo esto se lo participaban "por lo delicado que es en la época actual" y porque en la desobediencia y procedimientos de Guzmán "puede sospecharse que haya el influjo de otras personas a más del de Salazar".[ 181 ] Para completar la información y precisar algunos puntos, se mandó llamar al gobernador de Santiago, quien confirmó que se había efectuado una asamblea en San Juan después de dada la orden de suspensión.[ 182 ] También rindió declaración Vicente Villavicencio, quien informó que continuaban las funciones militares en aquella parcialidad.[ 183 ]

Ese mismo día, Calleja se dirigió nuevamente al sargento mayor para comunicarle que, como era necesario "no sólo contener estos abusos sino indagar el origen de ellos", le prevenía que llamara a don Eleuterio y le preguntara por qué razón había faltado a las órdenes del virrey y con qué facultad había impreso los nombramientos. También debía averiguar por qué se nombraba gobernador actual, qué autorización tenía para llamarse comandante y quién había aprobado la creación del cuerpo nacional de infantería y caballería. Asimismo, por qué llamaba al tecpan Juzgado Nacional y la razón de haber vendido los nombramientos. Además, debía Mendívil examinar los lanceros, ver si se abonaban más plazas de las existentes y hacerse cargo del dinero, tanto de las bajas de los lanceros como de la venta de dos nombramientos. Por último, averiguaría en qué imprenta se habían hecho, los recogería junto con las listas y lo pasaría todo al virrey. En caso de no satisfacer todo lo anterior o si "por las contestaciones infiere vuestra merced que hay miras ulteriores en el manejo de Guzmán, lo pondrá en arresto seguro y me informará de todo para resolver lo que convenga".[ 184 ]

Así fue como se dio inicio a la causa. El 4 de febrero el sargento mayor mandó llamar a don Eleuterio,[ 185 ] quien respondió al interrogatorio de manera prolija y adecuada. En su declaración manifestó que había dado los resguardos para evitar que los indios fueran sorprendidos por la leva, para lo que contaba con el permiso verbal del virrey; que los ya impresos se habían llevado al sargento mayor, quien los había revisado y corregido, y que apenas conoció la orden de Calleja había suspendido los alistamientos. En cuanto a que en los nombramientos aparecía como gobernador, precisó que lo había sido hasta fines de diciembre de 1813 y que llamó juzgado nacional al tecpan porque nacionales eran ya tanto el Hospital de Indios como las cajas reales. Manifestó también que los nombramientos de fechas recientes los había firmado y entregado en blanco. Añadió que no había mandado fabricar armas nuevas, sino que se habían usado las lanzas enviadas por Venegas a los lanceros y, para cuidar de ellas y demás objetos del tecpan así como la casa misma, había siempre de guardia de seis a ocho lanceros. Precisó igualmente no haber recibido más honores que los que siempre se hacían a los gobernadores y que, en cuanto a los lanceros, no les cobraba ningún dinero; el que había quedado de los sueldos de ocho de ellos que habían pedido licencia lo había invertido en comprarles leña a los restantes. En su descargo, Guzmán mencionó la participación de algunos de sus colaboradores. Así, involucró a Fernández por haber puesto el borrador de los nombramientos; a Salazar por llevarlos a la imprenta y por sus consultas con el sargento mayor, y a Nájera, a quien le había entregado varios nombramientos en blanco. Guzmán también mencionó a Nava, Casela y Cánovas por su participación en las funciones militares y, además, a Ramón Elizalde y a José Francisco Villanueva, a cuya mala voluntad atribuyó los cargos que se le hacían.[ 186 ] La participación de Nava, Casela, Cánovas y, por supuesto, Salazar fue confirmada ese mismo día por declaración de Meléndez, el sobrino de Villavicencio que era cabo de lanceros de Santiago.[ 187 ]

Al concluir la declaración de Guzmán, el fiscal y el secretario pasaron a casa del ex gobernador, en el pueblo de la Resurrección, donde recogieron ochocientos sesenta nombramientos impresos, varias listas y otros documentos relativos a los alistamientos. Don Eleuterio permaneció por entonces en su casa, prevenido de que debía presentarse "siempre que fuera llamado".[ 188 ] Mientras esto sucedía, Salazar fue arrestado y quedó en la compañía de policía; también se mandó detener a Cánovas, Casela y Cabello. [ 189 ] Los dos primeros quedaron arrestados el día 5, pero no se pudo encontrar a Cabello. Al ser detenidos Cánovas y Casela se les recogieron los nombramientos que tenían de ayudantes, firmados por Guzmán y aprobados por Salazar.[ 190 ] A causa de esto se procedió al arresto de don Eleuterio, lo que ocurrió el mismo día 5.[ 191 ] Dos días después, el sargento mayor pasó al juez de Letras, José Antonio Noriega, las actuaciones hechas hasta ese momento;[ 192 ] dado que eran varios los involucrados en las funciones militares, Noriega pidió que sus causas corrieran unidas.[ 193 ]

El mismo 7 de febrero ocurrió un incidente relacionado con los patriotas. Un cabo primero, "de los que llaman nacionales de la tecpan de San Juan", depositó a un herido en la panadería del Puente de Santo Domingo. Al tener conocimiento de ello, el teniente de la compañía de policía mandó a un sargento a recoger al herido y al cabo. El herido, llamado Juan Reséndiz, declaró haberlo sido por su mujer la tarde anterior "por celos que tuvo de él", pero que ninguno de los dos puso queja alguna. No obstante, esa mañana se había presentado en su casa "un cabo de los de nuevo alistamiento de la tecpan de San Juan diciendo que llevaba orden de don Miguel Nava para conducirlo preso". El cabo, de nombre Cástulo Albarrán, llevó entonces al herido y a su mujer a casa del escribiente Nájera, quien mandó que Reséndiz fuera llevado a la panadería mencionada y que su esposa fuera depositada en una atolería de la calle de San Lorenzo. Como el panadero no admitió al herido, se le regresó con Nájera y éste dispuso que podía regresar a su casa. Ya en ella, se presentó un individuo de la compañía de capa junto con Albarrán y condujo a éste y a Reséndiz al cuartel de dicha compañía. Albarrán, quien declaró ser "cabo primero de la segunda compañía de infantería de la nueva creación de la tecpan de San Juan", explicó que había efectuado todo lo anterior por haber recibido orden de Nava, a través de un ministro o comisario, de conducir preso a Reséndiz.[ 194 ]

A resultas de lo anterior, Noriega mandó arrestar a Nava, ya que éste se encontraba "ejerciendo jurisdicción ordinaria", lo que era contrario a la constitución y a la ley de arreglo de tribunales.[ 195 ] En su descargo, Nava alegó que las diligencias judiciales arriba señaladas las había efectuado por encargo del señor juez San Salvador "de que rondase y celase sobre los robos tan continuos en esta capital, de que ha dado noticia al excelentísimo señor virrey", así que ya no se le formó causa por este motivo.[ 196 ] Sin embargo, sí se le detuvo y se le recogieron los papeles que tenía en su poder, al igual que dos bastones, una casaca, una medalla y cuatro lanzas.[ 197 ]

Las diligencias prosiguieron con las declaraciones de los detenidos. Nava, Casela y Cánovas coincidieron en que habían creído que todo se hacía por orden superior, y los dos primeros señalaron que Salazar era quien había promovido todas estas funciones. [ 198 ] Éste, a su vez, expresó que las asambleas se hicieron de orden de don Eleuterio y que fueron promovidas por Nava en Santa María; él, por su parte, había promovido unas en Tarasquillo, a imitación de Nava y por comisión del gobernador. Expresó que Guzmán había querido que se recorrieran los padrones y que Nava no sólo lo hizo sino que citó a asambleas y llevó a la gente con el gobernador. Al saber esto, Salazar había pasado a ver las asambleas y les dijo que no podía "haber alférez, sargentos ni cabos como los había nombrado Nava hasta que el excelentísimo señor virrey aprobara un plan que se estaba haciendo". Sin embargo, Nava siguió adelante, "y en vista de esto comenzó el declarante su asamblea". Añadió que los nombramientos se habían impreso de orden del gobernador y que el borrador lo había puesto el escribiente Fernández; su distribución se la dio a Salazar el mismo don Eleuterio. Afirmó no haber tenido título alguno, aunque reconoció que lo llamaban sargento mayor; no obstante, nunca trató de que se le hicieran los honores de tal.[ 199 ]

En vista de todo esto, se llamó nuevamente a Guzmán. Insistió entonces don Eleuterio en que sólo había mandado que se hiciesen unas listas para la entrega de los resguardos. En cuanto al dinero producido por ellos, manifestó haber percibido sólo cuarenta y un pesos, los que utilizó para el pago del prest de los lanceros, y aclaró que Salazar no le entregó nunca ni cuentas ni listas. Reconoció haber firmado los nombramientos de Cánovas y Casela, "pero en realidad ni supo lo que firmó ni su contenido, respecto a que estaba tan aturdido de cabeza con tanta contestación y pretensión que había de sujetos para hacer oficiales, que ya no se entendía"; tampoco supo cómo Salazar fue nombrado sargento mayor "y él mismo se comisionó para entender en los asuntos de las asambleas y demás". Guzmán no hizo más "que firmar cuanto le decían por su buena fe y simplicidad".[ 200 ]

Dadas las discrepancias entre lo manifestado por Salazar y por Guzmán, se careó a ambos, pero tampoco de palabra se pusieron de acuerdo y cada uno se afirmó en lo dicho.[ 201 ] Como Fernández fuera quien pusiera de su puño y letra los borradores de los nombramientos, Noriega pidió su arresto,[ 202 ] el que no pudo efectuarse, ya que el escribiente había salido de San Juan desde finales de diciembre con destino a Texcoco, a causa de que se le buscaba por haber sido escribiente de Galicia, a quien se le seguía proceso.

Conforme se procedía con las averiguaciones, Salazar resultaba ser el principal promotor. Las nuevas declaraciones de Cánovas y Casela tampoco le fueron favorables, ya que lo responsabilizaron de ser quien mandó extender los nombramientos y de dar las órdenes para efectuar guardias y asambleas.[ 203 ] Los careos celebrados entre ellos y Salazar no lograron ponerlos de acuerdo y sí que se reconvinieran mutuamente.[ 204 ] Tampoco le favorecería la declaración de Ignacio Islas; según éste, Salazar era quien llevaba la voz en el tecpan "en todo y por todo"; Guzmán sólo firmaba lo que éste decía.[ 205 ] En el careo que sostuvo con Islas, Salazar tuvo que aceptar que el gobernador no se metía en nada, pero aclaró que había sido por haberlo comisionado y precisó, además, que siempre estaban ambos de acuerdo.[ 206 ]

El 14 de febrero se mandó recoger la lista de lo entregado por los resguardos, así como el dinero recaudado.[ 207 ] Al día siguiente, se le pidió a Salazar que exhibiese la cantidad recibida y éste presentó un escrito para comprobar que no sólo no se había quedado con nada sino que se le adeudaba dinero por los gastos de papel, escribano, impresión y prest de lanceros.[ 208 ] El día 16 Guzmán exhibió cincuenta pesos de los entregados por Salazar,[ 209 ] pero la lista no apareció, como tampoco el nombramiento extendido a Salazar como sargento mayor.

Entre los llamados a declarar se contaron los alcaldes de barrio de Santa Cruz y Soledad y de San Pablo, cuyas declaraciones confirmaron que Guzmán y Salazar habían sido los promotores de las asambleas.[ 210 ] También se hizo comparecer a José María Pérez, Santos Díaz y Manuel Nájera, quienes coincidieron con los anteriores declarantes.[ 211 ] El hecho de que hubiera dos tipos de nombramientos impresos motivó que se llamara a declarar a Alejandro Valdés, "administrador o encargado de la imprenta de Ontiveros", quien confirmó que se habían hecho dos impresiones: de quinientos ejemplares la primera y la segunda de mil.[ 212 ]

El 23 de febrero se logró, por fin, asegurar la persona del escribiente Fernández "en una pulquería conocida por la de Marmolejo", que se hallaba por la calzada de Tlanepantla.[ 213 ] Al día siguiente prestó declaración y en ella, al igual que la mayoría de los testigos y detenidos, involucró a Salazar como promotor de los alistamientos y precisó, además, que éste era "de genio bullicioso".[ 214 ]

Tan interesantes como las declaraciones son algunos de los escritos dirigidos por los arrestados al virrey para justificar sus actividades o pedir alguna gracia. El que Guzmán enviara a Calleja alrededor del 25 de febrero es un alegato para demostrar que sus actividades siempre fueron dirigidas por sus notorios y públicos "sentimientos de honor, fidelidad y patriotismo" y que siempre había mostrado al superior gobierno la "sumisión, obediencia y afecto de un fiel vasallo". En sus trabajos para hacer más eficientes a los lanceros no había omitido gastos ni fatigas, "procurando siempre dirigirme por hombres más instruidos que yo, a quienes suponía imbuidos en los sentimientos del verdadero honor; pero he tenido la desgracia de que éstos han introducido en mis tareas abusos reprimibles", los que habían dado por resultado su prisión. Y daba fin a su escrito solicitando que se le permitiera salir bajo fianza.[ 215 ]

Por esos mismos días, Nava se dirigió también al virrey para pedirle la misma gracia. En su descargo, expresaba que había efectuado los alistamientos y asambleas, "sin reserva ni clandestinidad", convencido que se hacían por mandato del gobierno. "Por otra parte -explicaba-, entre nosotros para obrar nunca ha sido necesario más que las insinuaciones y órdenes de nuestros gobernadores, sin meternos en inculcarlas ni examinarlas para no incurrir en nota de insubordinados o díscolos", lo que lo exoneraba de cualquier responsabilidad.[ 216 ]

La causa también recoge los testimonios de los oficiales con quienes las autoridades de San Juan tuvieron algún trato en cuanto a las funciones militares. Así encontramos los oficios del sargento mayor y del comandante de la partida de capa sobre las consultas habidas acerca de los resguardos[ 217 ] y la declaración del teniente Méndez, quien añadió algunos pormenores sobre las guardias.[ 218 ]

El 2 de marzo se ordenó se procediese a tomárseles a los presos confesión con cargo.[ 219 ] Estas diligencias se efectuaron a partir del día siguiente y prosiguieron hasta el 9 de ese mes. En ellas, los detenidos sostuvieron casi siempre lo que habían expresado en sus declaraciones y careos. Casela, Cánovas y Nava insistieron en que habían actuado persuadidos de que se contaba con licencia del gobierno.[ 220 ] Guzmán, a su vez, reiteró que Salazar había sido el promotor de todas las funciones militares y que lo había alucinado a tal grado que casi lo volvió loco.[ 221 ] También Fernández se mantuvo en lo dicho; los borradores los había puesto por orden de los funcionarios de San Juan.[ 222 ] La última confesión fue la de Salazar. Al insistírsele en que había seducido al gobernador y que era responsable de todo lo ocurrido, respondió -con gran atingencia, a nuestro parecer- "que el confesante no lo puede haber seducido porque no podrá creerse que un hombre que ha sido dos veces gobernador y había estado en el tecpan desde que principió de topile pudiese tener tan pocos conocimientos para advertir que no debía hacer lo que el declarante pretendía, pues nada hizo sin conocimiento de aquél".[ 223 ]

A poco, Noriega remitió todo lo actuado al virrey. En su oficio del 14 de marzo le presentó un resumen de los resultados de las averiguaciones efectuadas y emitió su parecer: Guzmán, Casela, Cánovas y Nava podrían ponerse en libertad. Lo mismo podría hacerse con Fernández; sin embargo, como estaba todavía pendiente la causa de Galicia, el escribiente debía permanecer en prisión a disposición de las autoridades. Finalmente, expresaba su opinión de que en cuanto a Salazar sí era necesario que se hiciera un escarmiento.[ 224 ]

El oficio anterior de Noriega fue remitido al auditor general, Melchor de Foncerrada, quien a su vez emitió su parecer el 21 de ese mes. En él señalaba haber revisado con cuidado todos los papeles del proceso, "que titulado en su carátula como causa de infidencia debía excitar la ira y el asombro que aquí dentro de México se formasen asambleas y se imprimiesen certificaciones; pero leído todo no hay ni asomos de idea alguna de infidencia". Por ello, su dictamen se reducía a manifestar que era "exactamente justo" lo que había propuesto al virrey el juez de Letras, es decir:

Que se ponga en libertad al citado ex gobernador don Eleuterio Severino Guzmán.

Que se ponga igualmente en libertad a don Francisco Casela, a Miguel Nava y a don Bartolomé Cánovas.

En cuanto a don Ignacio Fernández, por lo que toca a esta causa debería ser lo mismo, pero deberá estar a disposición del ayudante Ferriz, que sigue la otra causa tocante a Galicia.

Don José Salazar ni tiene delito que toque en infidencia y sólo es de aquellos que se pegan a la sencillez de los indios para chupar, como se dice vulgarmente, lo que pueden de ellos, y era el que hacía el papelón principal en esas asambleas y es justo, como dice el juez de Letras, que se escarmiente de alguna manera y cree el auditor que sobre la prisión que ha sufrido se le condene a tres meses de cárcel.[ 225 ]

El hecho de que a pesar de ser dos los principales promotores de las funciones militares se decidiera hacer escarmiento con sólo uno de ellos se debió, en parte, a que indudablemente Salazar había intentado sacar provecho de la sencillez de los indígenas, como bien decía el auditor, pero también a que en ese momento resultaba más político castigar solamente a un funcionario de menor categoría y dejar en libertad al ex gobernador de San Juan, máxime cuando Galicia, otro ex gobernador de esa parcialidad, se encontraba por ese entonces procesado por infidencia y hacía bien poco que Cano y Moctezuma, también ex gobernador de San Juan, había sido indultado. Don Eleuterio, ese ignorante indio, alucinado y vuelto casi loco por los empeños de sus subordinados, como insistió haberlo sido a lo largo de todo el proceso, con gran habilidad y para bien de su persona facilitó a las autoridades una salida atinada.

Calleja aceptó el dictamen del auditor el 24 de marzo, y de inmediato se procedió a dar noticia a los arrestados de cuál había sido el resultado del proceso.[ 226 ] Así, sin mayores consecuencias para casi todos los involucrados, se dio por terminada la causa seguida a los funcionarios de San Juan y a sus colaboradores.

La aventura emprendida por todos ellos, independientemente de su fracaso final, es de interés porque nos ofrece valiosa información sobre algunos aspectos de las parcialidades de la ciudad de México, en especial de la de San Juan. No sólo nos brinda la oportunidad de conocer quiénes eran y cómo funcionaban por entonces sus autoridades sino también quiénes eran y qué hacían los vecinos de sus pueblos y barrios. Además, nos proporciona noticias sobre no pocos individuos que a pesar de no ser indígenas gravitaban alrededor de las parcialidades, ya fuera en el cumplido desempeño de un oficio, ya tan sólo en busca de algún provecho personal.

Por otra parte, el intento de organizar cuerpos de patriotas indígenas es revelador de cuán profundamente habían afectado a la vida de estas comunidades los cambios ocurridos en la Nueva España durante esos años. Estos cambios fueron provocados no sólo por la guerra que se experimentaba en la colonia sino también por todo lo que ocurría en la península, donde la ausencia de los reyes y la guerra contra los franceses habían producido importantes alteraciones en la estructura misma del sistema político del Imperio Español.

Nunca antes de 1810 se había formado en la capital del virreinato una fuerza militar compuesta exclusivamente de indios, a pesar de las distintas propuestas que sobre ello se llegaron a presentar. Aunque en varias regiones novohispanas se habían levantado cuerpos militares indígenas desde los inicios de la Colonia, la política de la Corona española y de las autoridades superiores de la Nueva España había sido la de no permitir su organización salvo donde y cuando no quedara otro recurso. Y en la ciudad de México sólo se llegó a aprobar la creación de los pequeños cuerpos de lanceros indígenas en un momento de crisis realmente extraordinario: cuando se había encontrado amenazada por las fuerzas insurgentes de Hidalgo.

La militarización general que sufriera el virreinato a partir de entonces y que tanto afectara a los sectores socioeconómicos más bajos de la población vino a despertar en algunos de los funcionarios indígenas, además del deseo natural de evitar que sus gobernados sufrieran las consecuencias de una leva masiva, el deseo de formar con ellos cuerpos organizados que estuvieran bajo su mando y que ofrecieran un apoyo al ejercicio de su autoridad, amenazada por el establecimiento de la Constitución de 1812, que aparentemente abría nuevas vías de acción a los indígenas pero que, de hecho, venía a poner fin a su régimen especial de gobierno.

El hecho de que para defender su posición las autoridades indígenas hubieran actuado de manera tan desusada viene a demostrar hasta qué punto se habían visto afectados sus intereses. Por otra parte, la respuesta de las autoridades superiores a las actividades de estos indígenas, a quienes no procesó con gran rigor, muestra lo profundo de la crisis por la que en esos momentos atravesaba el virreinato novohispano y en particular su capital.

Por último, cabe señalar que la coincidencia entre el esfuerzo de las autoridades de la parcialidad de San Juan por contar con un numeroso cuerpo armado y las supuestas ofertas hechas a Rayón por Galicia y la correspondencia que mantuvo Cano y Moctezuma con algunos jefes insurgentes no puede ignorarse. Cierto es que con la causa que aquí se estudia no se aclara del todo el problema. Son necesarios nuevos estudios para llegar a precisar si los gobernadores indígenas de la capital tan sólo ocasionalmente mostraron ciertas simpatías en favor del movimiento insurgente o si en realidad llegaron a comprometerse de una manera más formal con la causa de los rebeldes. Todavía queda mucho por aclarar en lo que se refiere a las relaciones que lograron establecer los insurgentes con los distintos grupos de la población capitalina.