MÉXICO EN 1812:
CONTROL POLÍTICO Y BEBIDAS PROHIBIDAS

Virginia Guedea

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Corría el año de 1812 de la Encarnación de Nuestro Señor Jesucristo, el 7011 de la Creación del Mundo, el 4769 del Diluvio Universal, el 485 de la fundación de esta imperial corte mexicana, el 291 de la Conquista, el 281 de la milagrosísima aparición de Nuestra Santísima Madre y Señora de Guadalupe, el 5 del reinado de nuestro católico monarca el señor don Fernando VII y el 3 del gobierno del excelentísimo señor don Francisco Xavier Venegas, teniente general de los reales ejércitos, virrey, gobernador y capitán general de esta Nueva España.[ 1 ] Era el 12 de junio, viernes, dedicado a san Onofre, anacoreta,[ 2 ] cuando los vecinos y vecinas honrados de las feligresías de Santa Cruz y La Palma dirigieron un escrito al virrey para hacerle saber el peligro en que se hallaba su barrio por la mucha gente viciosa que, huyendo de la justicia de otros barrios, se había refugiado en el suyo al amparo de tabernas, tepacherías y vinaterías que en él abundaban. Le pedían que pusiera remedio a esta situación entresacando a los malos de los buenos, para que a la hora de ajustar cuentas con la justicia éstos no fueran a pagar por aquéllos.[ 3 ]

Aunque el escrito es un documento breve, de escasa importancia, me ha parecido interesante darlo a conocer porque nos permite ver algo de lo que sucedía en los barrios de la periferia de la ciudad en un año clave para su historia. La capital novohispana se hallaba por entonces en una situación por demás difícil, pues muchos de sus problemas -que podríamos llamar crónicos- se veían ahora agudizados por el movimiento insurgente y exigían una atención mayor que la habitual, si no es que un tratamiento diferente, en un momento en que las autoridades del reino se enfrentaban a la seria crisis que había venido a plantear dicho movimiento.

El documento deja ver claramente la persistencia de ese problema, de importancia capital, que representó para las autoridades de la ciudad de México la carencia de un control adecuado y efectivo sobre quienes habitaban estos barrios un tanto alejados de su centro, carencia que dificultaba enormemente su administración y gobierno. Éste era un problema surgido desde la fundación misma de la ciudad colonial sobre los restos de la antigua capital mexica. La traza de Alonso García Bravo, simétrica y ordenada, se reservó para ser habitada exclusivamente por los españoles, mientras que los indígenas ocuparon la periferia, irregular y desordenada, que formaban los restos de los cuatro barrios originales de la vieja ciudad, más la parcialidad de Santiago Tlatelolco.[ 4 ]

A pesar de que inicialmente los habitantes de México se hallaron separados en dos áreas espaciales claramente definidas de acuerdo con su raza y de que cada una de estas áreas contó con sus propias autoridades civiles y eclesiásticas, con el transcurso del tiempo esta separación se fue haciendo cada vez menos precisa y difícilmente gobernable, aunque nunca llegara a desaparecer del todo. Esto se debió a varios factores. De primordial importancia fue el que la población española utilizó a los indígenas recién conquistados en el desempeño de diferentes servicios, para algunos de los cuales -como los domésticos- era indispensable la penetración de los indígenas en la traza, donde bien pronto establecieron su residencia un número no pequeño de ellos. La mezcla de las razas y la afluencia a la ciudad de nuevos habitantes -indígenas, españoles, negros, mestizos, mulatos y castas- fueron factores determinantes para que tanto la traza como los barrios dejaran de ser exclusivos de uno de aquellos dos grupos originales, al establecerse indígenas dentro de la traza española y al poblarse los barrios de indios con habitantes que no lo eran.

A principios del siglo XVII "la ciudad se dividió en tres parroquias para españoles y siete para los indios".[ 5 ] Una de estas parroquias, la de los mixtecos, pone de relieve la afluencia a México de nuevos grupos indígenas, ya que "no tenía límites definidos, pero controlaba desde Santo Domingo a los inmigrantes indígenas en diversas partes de la ciudad".[ 6 ] Durante el siglo siguiente al de la conquista la separación inicial de la ciudad en dos áreas definidas fue cada vez menos efectiva, con el consiguiente aumento de dificultades para su administración y gobierno, a pesar de subsistir la traza y los barrios. No sería sino hasta finales del siglo cuando se tomó conciencia plena de la diferencia que había entre la ciudad de entonces y su designio original, y de la necesidad que se tenía de tomar medidas adecuadas para resolver los problemas que esta diferencia planteaba.

El motín acaecido en 1692, que dio ocasión al "inicuo estrago y maldad de quemar el palacio",[ 7 ] provocó serias reflexiones sobre los problemas que padecía la capital. Expresaron así sus opiniones no sólo sus propias autoridades sino también las más altas del reino, así como alguno de los espíritus más destacados de la época. La coincidencia entre sus pareceres sobre las causas que originaron el motín y las medidas que era necesario adoptar para evitar nuevos desastres es casi absoluta.

Dicho estrago no el único sufrido por la capital pero sí el más grave, había sido originado por los indios que contra lo dispuesto al fundarse la ciudad y desde el momento mismo de su fundación residían dentro de la traza. Según Sigüenza "de irse entrometiendo los indios en la población de españoles" se habían originado los distintos desórdenes y sublevaciones ocurridos anteriormente en la ciudad, "y lo mismos indios avecindados casi en todas las más casas de los españoles, y lo más ponderable, en la misma plaza, en ranchos estables que allí tenían, y en las pulquerías donde se contaban por centenares los que de día y de noche las frecuentaban, fueron los que ejecutaron el estrago".[ 8 ]

Para prevenir nuevos desórdenes se decidió sacar a los indios del centro de México, obligarlos a residir en sus barrios y a acudir a sus parroquias para cumplir con sus obligaciones religiosas, y además se hizo memoria de la legislación de Indias que ordenaba que los indios no vivieran mezclados con otros grupos.[ 9 ] Esta medida evitaría que aquellos que vivían "en los corrales, desvanes, patios, pajares y solares de españoles"[ 10 ] o se ocultaban en sótanos y escondrijos "donde no es fácil descubrirlos"[ 11 ] se unieran a la "ínfima plebe, su semejante",[ 12 ] también escondida en parajes ocultos, "gente tan vil y de tan pocas obligaciones como son mulatos, negros, mestizos",[ 13 ] para tramar "entre unos y otros grandes bellaquerías"[ 14 ] y maquinar "tanta fiereza de maldades como las que han ejecutado estos días".[ 15 ] Los indios, al asentarse en la ciudad, "fuera de otros inconvenientes, llenan esta república de gente ociosa, vagabunda, inútil, atrevida, facinerosa y pronta a ejecutar execrables y los más formidables delitos, fiados en la impunidad que les asegura su mismo desconocimiento y bajeza".[ 16 ] Esto se debía a que:

no hay indio [...] en la Nueva España, facineroso, que cometiendo un delito en su pueblo no halle abrigo en esta ciudad de México, donde vive a su salvo, sin temor de Dios, sin poder ser reconocido de justicia secular y eclesiástica, porque los indios son tan parecidos, así en los nombres como en los trajes y caras, y con los nativos y vecinos de esta ciudad se confunden los alienígenos y forasteros.[ 17 ]

Otro inconveniente tenía el que los indios vivieran en el centro de la ciudad, según el parecer de Gálvez:

porque con la insolente libertad que consiguen viviendo en México, despueblan viviendo en sus lugares, haciéndolos desiertos, dificultan su administración, no teniendo sus propios párrocos noticia de ellos [...] dificultan también y hacen dudosa la recaudación de tributos y otras cargas de su obligación.[ 18 ]

A mantener esta situación cooperaban no poco los españoles de la capital, quienes facilitaban a los indios un lugar donde esconderse y los ayudaban a disfrazarse de mestizos para poder aprovechar mejor sus servicios.[ 19 ] Se pidió igualmente que no sólo se sacara a los indios de entre los españoles, sino que también a éstos se les quitara de entre aquéllos, pues ya estaban muy revueltas las casas de unos y otros en los barrios.[ 20 ] Asimismo se solicitó que salieran de los barrios los negros y los mulatos, quienes podrían ocupar en el centro de la ciudad el lugar dejado por los indios.[ 21 ]

De lo anterior se desprende que el control de las autoridades civiles y eclesiásticas de la capital del virreinato sobre un gran número de quienes la habitaban no era suficiente para mantener en ella el orden debido. Mas, a pesar de la honda preocupación causada por el motín de 1692 y de las disposiciones entonces ordenadas, no llegaron a resolverse los problemas existentes. La afluencia a la ciudad de nuevos grupos humanos fue continua, lo que aumentó las dificultades de su administración. En la instrucción dejada por el duque de Linares en 1716 al marqués de Valero se ve que México seguía siendo un espléndido refugio para el que deseara ocultarse, pues en ella se podía contar con la ayuda de quienes allí residían. Y esta facilidad de encontrar auxilio y escondite, así como hallarse en la ciudad "la abundancia de la riqueza", eran factores importantes en el despoblamiento del interior del país.[ 22 ]

Desde 1713 el propio duque de Linares, su sucesor el marqués de Valero en 1720 y el primer conde de Revillagigedo en 1750 intentaron dividir a la capital en circunscripciones más pequeñas para su mejor vigilancia, pero no lograron hacer efectivo su propósito.[ 23 ] La nueva división eclesiástica de México en trece parroquias en 1772 nos muestra que ya no existía la separación de los habitantes de la ciudad en una zona para indios y otra para españoles, por lo menos no de una manera clara y definida, pues "todas las parroquias incluían españoles, indígenas y otros, indistintamente".[ 24 ]

Bajo el gobierno centralizador y reformista de Carlos III, durante la gestión del virrey Mayorga, se logró reglamentar la división de la capital de una manera más racional y eficiente que permitiera una mejor vigilancia y un control mayor. El virrey, preocupado por:

la dilatada extensión de esta ciudad: la irregular disposición de sus barrios y arrabales, y la situación de las habitaciones de éstos, que los hace imposibles al registro, y en muchos de ellos aun al tránsito, y su numerosísimo vecindario, especialmente de la plebe.[ 25 ]

Encargó al oidor Baltasar Ladrón de Guevara el desempeño de esta comisión. El proyecto de Ladrón de Guevara, fechado el 6 de noviembre de 1782, comprendía la división de la ciudad en cuarteles y un reglamento para los alcaldes de barrio.[ 26 ]

Ladrón de Guevara cumplió con su encargo en forma por demás responsable. Aunque de antemano conocía bien la capital, se dedicó de nuevo a recorrerla por entero; revisó los mapas que de ella pudo hallar y,

después de meditada la diversidad de gentes e inmensa plebe de todas castas que habitan lo interior y extremos de la ciudad en sus barrios, compuestos unos de muchos intrincados callejones, otros de arruinadas fábricas, entre acequias y zanjas que embarazan el tránsito, y los más de chozas de adobes y cañas sembrados sin orden en dilatados terrenos y a grandes distancias unas de otras, procedí a la material división y formación de cuarteles.[ 27 ]

México fue así dividido en ocho cuarteles mayores y treinta y dos menores, quedando los primeros sujetos a los cinco alcaldes de la Sala del Crimen, al corregidor y a los dos alcaldes ordinarios.[ 28 ] Los cuarteles menores quedaron al cuidado de los alcaldes de barrio, cuyas actividades Ladrón de Guevara detalló prolijamente en su reglamento. Entre ellas se contaban las de llevar un libro para el registro de calles, casas, comercios, mesones, etcétera; elaborar un padrón de los habitantes de su cuartel; obligar a los indios a asentarse en sus parcialidades; cuidar de la limpieza de calles y cañerías; vigilar que hubiera médico, cirujano, barbero, partera, boticario y escuela; hacer rondas e impedir músicas en las calles, así como la embriaguez y los juegos; vigilar vinaterías, pulquerías, fondas, almuercerías, mesones, etcétera. Debían ser, en suma, estos alcaldes de barrio "padres políticos de la porción del pueblo que se les encomienda".[ 29 ]

Sin embargo de todas estas atinadas disposiciones, dos años después de establecida la nueva división política, en el informe presentado al virrey Gálvez en 1784 sobre pulquerías y tabernas, se hace notar que es difícil vigilar las que se encuentran fuera de la traza porque la ciudad "es tan inmunda en su parte exterior que no puede andarse sin notable incomodidad", en contraste con su parte interior que "tiene mediano aseo en sus calles y se va completando con las oportunas resoluciones de vuestra excelencia a este respecto".[ 30 ]

Forma parte de la ordenanza para la división en cuarteles un plano de la ciudad, obra de Manuel de Villavicencio.[ 31 ] Son varios los mapas elaborados durante la segunda mitad del siglo XVIII que pretendían regular el crecimiento de la capital, entre los que destacan los preparados por Ignacio Castera, maestro mayor de la ciudad de México.[ 32 ]

El virrey Azanza, en su instrucción de 1800 a Marquina, habla de que las cañerías, empedrado, mercados, alumbrado y limpieza de la ciudad de México: "podrían tomar la última perfección de que son capaces, si llegara a verificarse la reforma de barrios que había yo meditado, uniformando del modo posible la ciudad hasta sus salidas, caminos y paseos".[ 33 ]

El deseo de Azanza de mejorar la ciudad no llegaría a verse cumplido. Si acaso, su situación empeoró. Humboldt describe a principios del siglo XIX la enorme cantidad de "zaraguatos y guachinangos" que, sin hogar fijo, pasaban la noche a la intemperie, envueltos en una manta.[ 34 ]

Todos estos testimonios vienen a poner de manifiesto el aumento habido durante estos años en la población del virreinato, aumento que provocó una mayor migración a la capital y que ayudó a que en ella existiera "una gran masa indigente, dedicada al vagabundeo y a los vicios, al no ofrecerles la ciudad los medios de vida necesarios para absorberlos".[ 35 ] Para Alejandra Moreno, "lo que mejor define a la ciudad de México en el siglo XIX es el hecho de que 'cuatro quintas partes' de la población se describieron como 'la más miserable plebe'".[ 36 ]

Es evidente que poco antes de que Hidalgo se lanzara a la insurrección, la muy noble, insigne, muy leal e imperial ciudad de México, cabeza de todas las provincias y reinos de la Nueva España, metrópoli de la América septentrional y sede de sus más altas autoridades, no era tan sólo la espléndida y bien trazada ciudad de los palacios donde habitaban los hombres más ricos del país en medio de un lujo exagerado. Era también una ciudad de barrios irregulares, miserables, caóticos y desaseados, poblados por indigentes que carecían de lo más indispensable para vivir "depósito de un vulgo indómito, atrevido, insolente, desvergonzado y vago, que llena de horror al resto de los habitantes".[ 37 ] El poder virreinal, que se hacía sentir con fuerza por un extenso territorio, nunca logró controlar del todo, en forma eficiente, a un amplio sector de la población de su capital.

El documento dirigido al virrey Venegas el 12 de junio de 1812 por los feligreses de Santa Cruz y La Palma hace referencia expresa al papel que jugaban las vinaterías y las tepacherías en el desorden imperante en su barrio.

La reglamentación de las bebidas embriagantes y de los lugares para su expendio, no sólo en la capital sino en todo el virreinato, fue otra de las grandes preocupaciones que llamaron la atención de las autoridades de la Nueva España. El indígena consumía bebidas embriagantes desde antes de la conquista, práctica que prosiguió y se incrementó después de haber sido sometido, y por ello las disposiciones para su control se iniciaron de inmediato. Hay ya en 1529 una cédula relativa a los productos que se adicionaban al pulque; otra del año de 1545 sobre la misma bebida, y desde temprano se prohibieron diversas bebidas indígenas hechas con raíces y frutos. También muy pronto se trató de controlar el consumo del vino y del aguardiente procedentes de España,[ 38 ] a los que eran adictos los españoles y no pocos de los indios.

A lo largo del siglo XVI y principios del XVII encontramos una serie de disposiciones sobre el consumo y expendio de bebidas embriagantes en la Nueva España. Entre ellas se hallan la ordenanza para reglamentar los lugares de venta del vino, dada por el virrey Enríquez de Almanza a principios de la segunda mitad del siglo XVI,[ 39 ] la del marqués de Guadalcázar en 1619 sobre el mismo motivo,[ 40 ] y la del marqués de Cerralvo en 1631 sobre el uso de bebidas prohibidas.[ 41 ]

El consumo cada vez mayor del pulque en la ciudad y el enorme producto obtenido con su venta, que a principios de la vida colonial no estuvo controlada, obligó a las autoridades a su reglamentación en forma cada vez más detallada. El conde de Alva de Liste era del parecer que el pulque poseía cualidades salutíferas y que su consumo podría ser benéfico, si era mesurado, puesto que no era tan embriagante como otras bebidas. Se prohibió entonces el uso de esas bebidas y se reglamentó la venta del pulque dentro de la ciudad asignándole cincuenta puestos.[ 42 ]

El 23 de julio de 1671 el virrey marqués de Mancera aprobó la ordenanza para el pulque, compuesta de ocho capítulos, que había formado la audiencia. En ella se prohibía que al pulque se le adicionaran otras sustancias para hacerlo más fuerte, así como el consumo de otras bebidas embriagantes, como el tepache.[ 43 ] El artículo cuarto contenía las disposiciones sobre la ubicación de las pulquerías, que debían hallarse en "plazas, plazuelas o sitios escampados", apartadas de paredes y casas, protegidas por un solo lado para que desde fuera pudiera verse lo que en ellas ocurría. El séptimo prohibía la venta del pulque a crédito o sobre prendas, debiendo hacerse únicamente al contado, bajo pena de perder lo vendido y otro tanto y sufrir cincuenta azotes. El octavo contiene los castigos establecidos para quienes se embriagaran, que iban desde recibir azotes, sufrir corte de pelo, la cárcel, hasta ser destinado a los obrajes o al destierro.[ 44 ] Se estableció, además, que hubiese solamente treinta y seis pulquerías, siendo de ellas veinticuatro para hombres y doce para mujeres, aunque esta disposición no se observó por mucho tiempo por considerarse que era menor el mal si no se separaban las familias.[ 45 ] La ordenanza de 1671 reglamentó así la fabricación, venta y consumo de la bebida que mayor demanda tenía y cuya venta más dinero producía en la capital del virreinato.

El estrago ya mencionado de 1692, cuya causa principal se atribuyó al establecimiento de los indios dentro de la traza, tuvo su origen inmediato en la embriaguez de la parte baja de la población[ 46 ] que, según Sigüenza, frecuentaba por centenares, de día y de noche, las pulquerías.[ 47 ] Entre las propuestas para evitar nuevos desórdenes fray José de la Barrera, párroco de Santa María la Redonda, pone en primer lugar la de Galve de sacar a los indios del centro de México: "la segunda y principalísima, la extinción y anulación de la diabólica bebida del pulque, tan causante de todos los males".[ 48 ]

El aumento de población que sufrió la capital a principios del siglo XVIII -provocado fundamentalmente por individuos pertenecientes a las castas que, al no poder ser absorbidos por la industria o la agricultura, vinieron a engrosar la plebe de la capital- incrementó notoriamente la fabricación y consumo de bebidas embriagantes.

Por todo el reino se habían extendido un sinnúmero de bebidas de todas clases y procedencias: ololinque, mistelas contrahechas, vinos de coco, tepaches, mezcales, guarapo, aguardiente de maguey, vingarrote, etcétera. Su elaboración se hacía ya sin temor y descaradamente, participando de ello toda clase de personas, unas por vicios y otras por las buenas ganancias que ofrecía su elaboración y su venta.[ 49 ]

Para Gibson el catálogo de todas estas bebidas prohibidas "es un registro notable del ingenio desarrollado por la coacción".[ 50 ] Estas bebidas no sólo eran consumidas por indios y castas, sino también por criollos y peninsulares, quienes bebían principalmente aguardiente.[ 51 ] A este aumento en la elaboración de bebidas prohibidas contribuyó la sobreproducción de azúcar novohispano, que por diversas circunstancias no hallaba otra salida que la fabricación de chinguirito.[ 52 ]

La elaboración y consumo cada vez mayor de estas bebidas prohibidas produjo una reacción de la Corona para frenar tal aumento. Se dio una cédula el 30 de septiembre de 1714 que prohibía expresamente estas bebidas, reiterada en la del 15 de junio de 1720.[ 53 ] La prohibición la publicó por bando el marqués de Casafuerte el 23 de diciembre de 1724, bando que fue promulgado en todo el virreinato y que recibió el apoyo de las altas autoridades eclesiásticas.[ 54 ]

Doce años después, el arzobispo-virrey Juan Antonio de Vizarrón reiteró el bando dado por el marqués de Casafuerte, pues consideraba que las bebidas embriagantes habían provocado la asoladora epidemia del matlazáhuatl que entonces se sufría, y prohibió hasta los caldos de Castilla.[ 55 ] A partir de esta época, según Hernández Palomo, las consideraciones de valores morales en la prohibición de bebidas embriagantes van a ceder en algo su lugar a las de tipo económico. Ya no se preocuparían tanto las autoridades por los males que a la población causaba la embriaguez sino que ocuparían un primerísimo lugar consideraciones de tipo económico, entre las que destacó el proteger la producción vinícola peninsular y sus exportaciones a la Nueva España.[ 56 ]

La presión del Consulado de Cádiz para que se impidiera la elaboración del aguardiente de caña, cuya venta afectaba la del venido de la península, provocó las cédulas de 1744, 1747 y 1749 para que "se nombrara una persona que estaría al frente de un organismo exclusivamente dedicado a la persecución de estas bebidas".[ 57 ] En respuesta a la cédula de 1749, el primer conde de Revillagigedo formuló un presupuesto y elaboró un proyecto para la creación de este organismo, proyecto que fue aprobado por la Corona.[ 58 ] Mientras se reglamentaba la creación de este organismo de control, se expidió un bando en mayo de 1748 para combatir la embriaguez, causada tanto por el consumo de bebidas prohibidas como por "el mal uso de las permitidas y la muchedumpre de ociosos y vagabundos en que abundaba esta capital".[ 59 ] En este bando se hacía mención expresa del tepache y se mandaba castigar a las mujeres que lo vendían.[ 60 ]

Unido al interés del comercio peninsular por acabar con las bebidas prohibidas se encontraba el de quienes producían y expendían el pulque, temerosos de que disminuyera su consumo, que tan buenos ingresos les dejaba. Así fue como hacia 1752 obtuvieron facultades para combatir las bebidas prohibidas.[ 61 ] Para reglamentar mejor la elaboración y consumo del pulque, obtener mayores beneficios económicos para el Estado que lo permitía y los particulares que lo elaboraban y vendían, se expidieron unas nuevas ordenanzas en 1753 que, además de las nuevas disposiciones, comprendían las de 1671.[ 62 ]

Las ordenanzas dadas para el Juzgado de Bebidas Prohibidas de 1754 pretendieron eliminar el problema que planteaban estas bebidas. Revillagigedo, autor del proyecto, en su instrucción de noviembre de 1754 al marqués de las Amarillas, hace hincapié en el problema que representaba para la ciudad los dos vicios dominantes de la plebe, que eran el latrocinio y la embriaguez. México era "espelunca, bosque o asilo de cuanto vicioso vagabundo hay en el reino", muchos de los cuales se dedicaban a la elaboración de bebidas prohibidas, a cuya producción y expendio ayudaban los mismos encargados de exterminarlas.[ 63 ] En las ordenanzas se establecía quiénes debían integrar el juzgado y cómo debían desempeñar sus funciones. El marqués de las Amarillas, a quien correspondió ponerlas en ejecución, tropezó con demasiados obstáculos -entre los que se contaban problemas financieros- y pronto la acción de este organismo quedó reducida a la capital.[ 64 ] Para hacer más efectiva la acción del juzgado, se unió el cargo de su juez general al de la Acordada en 1763.[ 65 ]

Ninguna de estas disposiciones fue suficiente para disminuir el consumo de bebidas prohibidas. El visitador José de Gálvez se dio cuenta de que era imposible extinguirlas del todo por la enorme dificultad de estructurar y echar a andar eficientemente un organismo adecuado y, además, porque los "caldos" españoles eran insuficientes para la Nueva España, donde no se podía prescindir de licores fuertes, "con los que están ya connaturalizados sus habitantes". Para Gálvez la solución radicaba en la creación de un nuevo ramo de aguardiente. Sólo permitiendo su fabricación y consumo era posible controlarlos adecuadamente.[ 66 ]

Las autoridades continuaron en su empeño de poner orden en el consumo de bebidas embriagantes. En octubre de 1766 la Real Sala emitió un bando que permitía a las tabernas permanecer abiertas hasta las 9 de la noche.[ 67 ] En 1773 se prohibió por auto que las tabernas tuvieran otra puerta o comunicación hacia el interior[ 68 ] y en 1776 un nuevo bando pretendía exterminar el chinguirito, el tepache y demás bebidas prohibidas.[ 69 ]

El oidor Ladrón de Guevara, en su reglamento para alcaldes de cuarteles menores de noviembre de 1782, establecía con claridad que una de sus actividades debía ser la de hacer rondas para evitar los desórdenes en vinaterías y pulquerías, así como proceder contra las casas donde se vendía tepache y otras bebidas prohibidas.[ 70 ] Por estos medios y el de exhortar a la ínfima plebe a no malgastar su dinero:

se evitará su vergonzosa desnudez y la de sus mujeres e hijos, y se quitará de la vista el horroroso espectáculo de tantos hombres y mujeres cubiertos de inmundicia y convertidos por la bebida en vivientes troncos en medio de las calles, especialmente en las inmediaciones de las tabernas y pulquerías.[ 71 ]

Debido a la representación de 1771 que los párrocos de la ciudad de México hicieron al Concilio Cuarto Mexicano sobre los cadáveres de borrachos que se hallaban a menudo en las acequias, Carlos III emitió una cédula el 21 de octubre de 1775 que mandaba se resolviese este problema, así como los desórdenes que en días festivos causaban las tabernas y pulquerías.[ 72 ] En marzo de 1778 José de Gálvez, entonces ministro de Indias, dispuso que los alcaldes visitaran las pulquerías y tomaran las medidas necesarias "para evitar en ellas las embriagueces y demás desórdenes". Mandaba también que se formara una junta para estudiar la forma de remediar estos desórdenes y si era conveniente poner a las pulquerías en administración.[ 73 ] Se formó así el expediente, y el dictamen se encomendó a una junta formada por Miguel Calixto de Azedo, Cosme de Mier y Trespalacios, Simón Antonio de Mirafuentes y Eusebio Bentura Beleña.

El informe de esta junta sobre tabernas y pulquerías fue rendido el 27 de septiembre de 1784 al virrey Matías de Gálvez. Los puntos que contiene su expediente son tres: el primero, para resolver el problema que representaba para los curas enterrar los cadáveres de desconocidos que aparecían tirados por la ciudad; el segundo, sobre cómo podrían evitarse los desórdenes en los días festivos por estar abiertas las tabernas y pulquerías; el tercero, sobre la manera de acabar con los desórdenes que causaba la embriaguez. Éste es el que nos interesa en particular y el más importante del informe.

El tercer punto se subdivide a su vez en cuatro apartados, en el primero se trata de los desórdenes que causaba la embriaguez:

y cuán arraigada se halla este abominable vicio en sus moradores de la ínfima plebe. En el segundo, que son aquéllos consiguientes e inevitables subsistiendo las pulquerías y tabernas de esta capital en su actual situación, construcción y manejo. Se propondrán en el tercero los medios más oportunos de evitar o disminuir en lo posible estos daños. Y últimamente procurará demostrarse no sentirán alguno la Real Hacienda, cosecheros, tratantes ni consumidores del pulque y demás caldos de España.[ 74 ]

En la primera subdivisión se afirma que todas las autoridades consultadas sobre este asunto coincidieron en que la embriaguez causaba muchos y muy graves excesos, y en "hallarse ésta connaturalizada con todas las gentes de baja esfera de ambos sexos".[ 75 ] Es interesante ver que en opinión de los autores del informe, la capital había experimentado una mejora en sus costumbres. Esta mejoría se debía, entre otras causas, a la de "haberse familiarizado la división de esta ciudad en ocho cuarteles y creado treinta y dos alcaldes de barrio".[ 76 ]

La segunda subdivisión es la más extensa, ya que contiene ochenta párrafos. En ella se proponía, de entrada, que se reimprimieran las ordenanzas del pulque de 1753, así como que se elaboraran nuevas disposiciones dedicadas específicamente a sus cosecheros, tratantes, vendedores y compradores, para que no pudieran alegar ignorancia.[ 77 ] En aquellas ordenanzas se permitían treinta y seis pulquerías para la ciudad; al escribirse el informe existían cuarenta y cinco, de las que dieciocho se hallaban puentes adentro y veintisiete puentes afuera.[ 78 ] Se recordaban, además, las disposiciones para su establecimiento que contrastaban con su estado presente, habilitadas casi todas para hacer que se detuvieran en ellas los clientes por muchas horas,[ 79 ] dando motivo "para cuanto malo debe discurrirse de la oculta mezcla de hombres y mujeres a cual más lujuriosos, borrachos y sin la más mínima señal de cristianos, pues de esta lastimosa clase son casi todas las personas asistentes a las pulquerías".[ 80 ]

Se señalaba que la vigilancia de estos establecimientos era prácticamente imposible, y los encargados de ejercerla demasiado pocos.[ 81 ] Si el pulque no estuviera ya calificado de útil, y si las demás bebidas no fueran más nocivas y más fáciles de adquirir, propondrían su prohibición;[ 82 ] pero ya que se vendía debía procurarse se bebiera con templanza y sin confecciones perjudiciales a la salud.[ 83 ] Era imposible por el momento proceder contra los pulqueros, porque "son dueños de muchas pulquerías sujetos acaudalados y condecorados", que defendían siempre a sus agentes.[ 84 ] Como se tenía la mala costumbre de beber el pulque en cajetes de barro y de romper éstos al acabar de beber, y como entre los bebedores se sucedían a menudo pleitos y "quimeras", se herían y mataban con los tepalcates de los cajetes. [ 85 ] Por otra parte, no había sido posible evitar la reventa del pulque, ni el que se vendieran sus heces para hacer tepache.[ 86 ]

En cuanto a las tabernas, como por lo general eran menos amplias que las pulquerías, había en ellas menor concurrencia y menos excesos, aunque éstos fueran quizá peores, ya que a las tabernas asistían personas de todos los estados y a todas horas del día.[ 87 ] En las tabernas se hallaban prohibidos los juegos y, sin embargo, se jugaba en ellas:

Para conocerse cuántos desórdenes ocurrirán en las tabernas, basta saber se ponen éstas donde, cuando y como cada uno quiere, no teniendo ordenanza alguna para su manejo, cuya informalidad proviene de no haber gremio formal de taberneros.[ 88 ]

En 1784 había en México ciento noventa y cuatro tabernas, ciento cincuenta y ocho de ellas puentes adentro y treinta y seis puentes afuera; hallándose mal distribuidas las primeras y lejanas las segundas.[ 89 ] A los jueces les era difícil proceder contra los concurrentes que permanecían en ellas después de haber bebido, entre los que se suscitaban pleitos y "lascivas resultas", que ocasionaban heridos y muertos.[ 90 ]

Con setenta y siete párrafos cuenta la tercera subdivisión, dedicada a exponer los medios para corregir los abusos. Estos medios se reducían a seis puntos: las pulquerías debían quedar todas puentes adentro; reducidas a una sola pieza; no venderían pulque trasnochado; abrirían a las ocho de la mañana, y a la una de la tarde los días de guardar; no podía venderse pulque a una persona por más de dos reales, ni venderse las heces y los asientos; debía suministrarse en chacuales de guaje.[ 91 ] A continuación se fijaban las penas por contravenir estas disposiciones. Las tabernas también debían quedar puentes adentro, reducidas a una sola pieza; no podían vender comestibles; abrirían de siete de la mañana a nueve de la noche y los días de fiesta de nueve a nueve; no debían vender fiado ni recibir prendas; no podía haber en ellas juegos; sólo venderían "caldos" de España. Su número podía limitarse a ciento cincuenta.[ 92 ] También se fijaban las penas por su contravención las que, ciertamente, eran duras, pues se dispuso que fueran mayores que las ya establecidas, sobre todo para las mujeres que vendían tepache, quienes eran castigadas con más rigor que las que se emborrachaban.[ 93 ] Se proponía también que debían aumentarse los derechos al pulque así como el número de los encargados de la vigilancia, pues éstos eran insuficientes para llevarla a cabo. Madrid contaba con más personal para este trabajo, y "excede la plebe de México a la de Madrid cuando menos en tres partes".[ 94 ]

La cuarta subdivisión está destinada a demostrar que al aumentarse los derechos al pulque no resultaría en perjuicio del rey ni de los cosecheros; el aumento recaería en los consumidores, a quienes se les favorecía con esto porque así beberían menos. Las tabernas, reducidas a ciento cincuenta brindarían mayores provechos a los taberneros, a quienes correspondería en exclusiva el expendio de vinos y demás licores de España.[ 95 ] Proponía, además, que se arreglaran y organizaran los gremios, lo que redundaría en beneficio de la ciudad y de los agremiados. La junta concluía su extenso informe sugiriendo al virrey dispusiera:

se formase una sociedad de amigos del país en esta capital, y para las demás del reino donde hay prelados eclesiásticos, encargar a éstos que con sus cabildos, y los seculares con sus respectivos jefes, de común acuerdo propongan a vuestra excelencia cuantos efectos consideren más a propósito para semejantes utilísimos congresos en los que, a imitación de nuestra metrópoli, tratarán aquellos puntos y los demás que sucesivamente crean capaces de poner este gran reino sobre su auge de prosperidades en otras muchas que pueden proporcionar su presente nunca vista abundancia de labores de campo, de las minas y aumento de su comercio.

Esta abundancia se debía, en su opinión, a las provechosas providencias expedidas a partir de la visita de Gálvez en 1765, quien desde el Consejo de Indias había continuado preocupándose por el bienestar de estos reinos.[ 96 ]

Me he detenido en este informe no sólo por considerarlo una fuente espléndida de noticias sobre los problemas que causaba el consumo de bebidas embriagantes en la ciudad, sino porque las disposiciones que proponía aplicar para atajar el mal y erradicarlo ponen de relieve la ilustración, la capacidad, el interés y la dedicación de quienes lo presentaron. Estos problemas no debían ni podían resolverse aisladamente sino tomando en cuenta los demás que padecía la ciudad; sólo así se lograrían soluciones efectivas y perdurables.

Por el momento no se hizo nada de lo que en el informe se proponía. No era fácil implementar de inmediato propuestas que implicaran cambios profundos porque afectaban fuertes intereses creados. Sin embargo, el espíritu reformista de las autoridades metropolitanas de fines del siglo XVIII permitió que se respondiera afirmativamente a la petición del marqués de Branciforte de crear el ramo de aguardiente de caña en 1795, propuesta hecha por el visitador Gálvez treinta años antes. La real orden para su creación se dio el 19 de marzo de 1796 y su reglamento se publicó el 9 de diciembre de ese año.[ 97 ]

El reglamento, que en sus cuarenta y cinco artículos abarca detalladamente todas las disposiciones necesarias para el arreglo del nuevo ramo, permitía la elaboración del aguardiente a todo aquel que por su estado y empleo no le estuviera prohibido expresamente. Establecía además las condiciones en que debía fabricarse y venderse, así como los derechos que causaba y "como uno de los fines que tiene por objeto el real permiso para fabricar y vender el aguardiente es el de beneficiar a los pobres", se permitía fabricarlo en pequeñas cantidades.[ 98 ] Este artículo reconocía implícitamente el hecho, mencionado por Branciforte en su petición, de que muchas familias pobres y decentes subsistían de su fabricación.[ 99 ] Para no perjudicar al aguardiente de Castilla, se bajarían los derechos que causaba.[ 100 ] No se fijaba el precio del peninsular ni del chinguirito, sino que quedaba en absoluta libertad.[ 101 ] Aclaraba expresamente que el Juzgado de Bebidas Prohibidas continuaría ejerciendo sus funciones.[ 102 ]

A partir de la creación del nuevo ramo en realidad disminuyeron enormemente las actividades del primitivo juzgado y sus ingresos, y el virrey Azanza en su instrucción de 1800 a Marquina le hacía ver que no había ya razón de su existencia.[ 103 ] El nuevo ramo del aguardiente de caña y el ya establecido del pulque fueron de los que mayores ingresos proporcionaron a la Real Hacienda en la Nueva España.

Algunas de las proposiciones hechas por la comisión en 1784 alcanzarían a verse registradas en un reglamento veintiséis años después. El 5 de junio de 1810 la Real Audiencia Gobernadora publicó por bando un reglamento que pretendía ordenar la venta de licores y poner un freno a los que se emborracharan, pues las muchas providencias ordenadas por varios virreyes "para extinguir el abominable vicio de la embriaguez" habían producido muy poco efecto hasta el día.[ 104 ] Para lograr este fin señalaba haberse formado ya expediente, promovido por los curas de la capital, y haberse seguido los trámites necesarios.

El artículo primero daba plazo de dos meses para que quedaran "reducidas todas las vinaterías al centro de esta capital", y fijaba los límites de la demarcación que podían ocupar. El segundo precisaba que la venta de bebidas embriagantes, exceptuando el pulque, sólo se llevaría a cabo en las vinaterías, las fondas y los cafés, y no en otras tiendas y almuercerías. En el tercero se ordenaba que los mostradores quedaran inmediatos a las puertas y que nadie pudiera entrar en las vinaterías a beber. Las músicas, bailes y juegos dentro de ellas se prohibían en el artículo cuarto. El quinto registraba la prohibición de "toda composición dirigida a dar mayor vigor y fortaleza a los aguardientes y licores" no permitiéndose sino el agua natural para rebajarlos. Las vinaterías no podían abrir los domingos y días de fiesta antes de la una de la tarde, según el artículo sexto. En el séptimo se prohibía que se admitieran en ellas prendas. El octavo y noveno fijaban las penas para los contraventores de las disposiciones anteriores, y el décimo las referidas al varón que se hallare "tirado en el suelo sin poderse ir por sí solo a su casa, y al que aun pudiendo hacerlo está formando escándalo por efecto de su embriaguez, bien sea por provocación de obra, palabra o ademanes, o con proposiciones mal sonantes", así como a las mujeres que, "olvidadas del natural pudor de su sexo, se encontraren ebrias en los términos expresados". Ninguna vinatería gozaría de fuero si su dueño pertenecía al Regimiento de Comercio o a las milicias, según el artículo undécimo. Del duodécimo al decimoquinto se trataba sobre la sustanciación de las causas y quienes en ellas debían intervenir, y el decimosexto y último mandaba que fuera de México se pusieran las vinaterías en igual forma.[ 105 ]

Quisiera detenerme un poco en el artículo cuarto de este reglamento, porque de este problema hacen mención los vecinos de Santa Cruz y La Palma en su escrito al virrey. Juegos, bailes y cantos se daban muy fácilmente en los sitios donde se bebía. El permitirlos -o lo que es más, el provocarlos- era manera segura de atraer mayor concurrencia, y fue práctica seguida casi siempre por los encargados de estos lugares. Las repetidas prohibiciones de que en ellos los hubiera demuestran lo extendido de su costumbre. El espíritu del siglo, venido del otro lado del mar, en pocas actividades se manifestaba más abiertamente que en los cantos y en los bailes, en los que a menudo, según González Casanova, había "una ausencia total de sentimientos cristianos, una profanidad pura",[ 106 ] que se burlaba de todo y de todos.

Las disposiciones que establecía este bando de junio de 1810, dado tres meses antes de que estallara la insurrección de Hidalgo, pretendían reglamentar y controlar el consumo de bebidas embriagantes dentro de la capital y erradicar de ser posible la embriaguez a que eran tan dados muchos de sus habitantes.

Sin embargo, y para desgracia de sus autoridades no alcanzarían mayor éxito que las anteriores.

El estallido de la rebelión armada en septiembre de 1810 no afectó a la ciudad de México en forma muy directa, a pesar del serio peligro que corrió al acercarse Hidalgo con sus huestes a escasos kilómetros de la capital. La atención del virrey y demás autoridades se concentró por el momento en combatir militarmente a los insurrectos, hacerles frente en las diversas, poblaciones que amenazaban y desalojarlos de las que habían logrado ocupar. Mas a poco fue necesario prestar atención a lo que ocurría dentro de la capital.

Una vez presos los principales jefes del movimiento insurgente y cuando parecía que los grupos muy disminuidos de rebeldes que aún quedaban ya no representaban un peligro tan inmediato, se hizo patente que no todo se hallaba tranquilo en la ciudad de México. A fines de abril de 1811 se descubrió, una conspiración cuyo objeto era tomar preso al virrey y conseguir así lo que no se había logrado por la fuerza de las armas. Presos los conjurados y evitado el peligro, a principios de agosto de ese mismo año se vino en conocimiento de otra conspiración, igualmente dirigida a apoderarse del jefe supremo del virreinato.

La relativa suavidad mostrada por Venegas con los conspiradores de abril se trocó en declarada mano dura con los apresados en agosto, cuyos cabecillas sufrieron a poco la pena capital. En su proclama del día 6, dirigida a los habitantes de la ciudad de México, les ofrecía ejecutar la justicia por la que clamaban y así entresacar a los malvados de los buenos y virtuosos y castigar a aquéllos para que sirvieran de ejemplo, correspondiendo con ello al afecto y a la confianza que habían puesto en él.[ 107 ] Este ofrecimiento es el que los vecinos de Santa Cruz y La Palma le recordarían al año siguiente. Para llevar a cabo todo esto, el virrey Venegas anunció en la invitación que hacía para ayudar a mantenerla: "he resuelto establecer, como en efecto he establecido por ahora, previo voto consultivo del Real Acuerdo, una vigilante policía, porque no hay otro medio de conseguirlo".[ 108 ]

El reglamento para establecer la policía, fechado el 17 de agosto de 1811, va antecedido de una explicación dirigida a los habitantes de la ciudad sobre la obligación de todo gobierno de velar sobre la conducta de cada uno de sus súbditos, para discernir al bueno del malo y así poder premiar méritos y virtudes y castigar maldades y crímenes. Esto era mucho más necesario en un tiempo como el que corría, en que "el espíritu de inquietud y sedición", que se manifestaba entre unos cuantos, "pretende difundir su veneno por todos los miembros sanos del estado". Por ello se adoptaría "provisionalmente por el tiempo que las desgraciadas y críticas circunstancias lo exijan el siguiente Reglamento de policía".[ 109 ]

El capítulo primero señala que el virrey nombraría un superintendente de policía y tranquilidad pública, un diputado y dieciséis tenientes para los treinta y dos barrios o cuarteles.[ 110 ] El segundo contiene las obligaciones del superintendente: cuidar el sosiego y la tranquilidad públicos, vigilar quién entraba en la capital, dar pasaportes y evitar desórdenes. Su artículo número dos precisaba que el superintendente también debía cuidar que en las casas de juegos permitidos, en las vinaterías y pulquerías, no hubiera "reuniones numerosas, excesos ni alborotos", y el número diez señalaba que las rondas nocturnas debían "precaver o castigar todos los excesos en tabernas, pulquerías, etcétera".[ 111 ]

El artículo tres del capítulo quinto disponía que en el término de tres días cada teniente debía formar un padrón general de los habitantes de su tenencia: "Dicho padrón deberá comprender el nombre y apellido de cada individuo, su edad, calidad, naturaleza, estado, oficio y procedencia", fijaba el artículo cuatro.[ 112 ] Los siguientes artículos están destinados a precisar que los padrones debían quedar registrados en un libro, siguiendo el orden de calles y números, y llevar al final un índice de nombres y apellidos. Se extendería una papeleta por familia, donde quedarían registrados sus individuos. También se precisaba una serie de restricciones para los habitantes: no podían mudarse de barrio sin la papeleta, ni de casa sin dar aviso. No se aceptarían criados ni dependientes sin informarlo a la policía, ni alquilar casas a quien no tuviera papeleta. No se podía recibir huéspedes sin tener permiso. Los mesoneros y posaderos debían informar quiénes eran sus huéspedes. Nadie podía pasar dos noches fuera de su casa sin avisar, ni salir de la capital sin pasaporte.[ 113 ] Los padrones no se terminaron en el plazo fijado, pero como la junta de Policía "entendió que lo que se quería eran unos padrones exactos", como decía en su representación a Venegas del 25 de diciembre de 1811,[ 114 ] se tomó el tiempo necesario para elaborarlos con cuidado y resultaron así más precisos que los elaborados por los alcaldes menores.[ 115 ] El capítulo sexto contenía lo relativo a los pasaportes, indispensables para salir o entrar a cualquier ciudad,[ 116 ] y el séptimo se dedicaba a la vigilancia que se debía tener en las garitas.[ 117 ] El mismo día en que se fechó el reglamento, Venegas nombró a quienes debían desempeñar los empleos principales, quedando el oidor Pedro de la Puente como superintendente de la policía.[ 118 ] El reglamento, como expedido en tiempo de guerra, era prolijo y no sería fácil de poner en práctica, pero de lograrse su aplicación se alcanzaría un control riguroso nunca antes tenido sobre quienes habitaban la capital. El celo de Venegas por lograrlo le hizo quizá excederse en la concesión de atribuciones a la junta; el Ayuntamiento de México protestó de inmediato porque usurpaban algunas de sus funciones.

El 27 de septiembre, a mes y medio de la expedición de este reglamento y "con el importante objeto de precaver el abuso en tomar licores y extinguir el detestable vicio de la embriaguez", Venegas mandó se publicaran por bando dieciséis capítulos que debían observarse "por vía de adición al bando de 5 de junio del año próximo pasado",[ 119 ] y cinco advertencias para su mejor "inteligencia y combinación".[ 120 ]

En los nuevos capítulos se prohibía beber en las vinaterías y en las pulquerías; sólo podía hacerse a cuarenta varas de sus puertas. Los compradores debían llevar las bebidas a sus casas en sus propias botellas o vasijas. Las vinaterías quedarían donde las fijase el corregidor, sin sujetarse a la demarcación del 5 de junio. Era necesaria licencia del corregidor para poner una vinatería, y se debía acreditar y afianzar su principal en mil quinientos pesos para surtirla. No debían tener puerta excusada para vender en días y horas prohibidos. El corregidor calcularía cuántas vinaterías eran necesarias, y si hubiera de más debían cerrarse en un plazo de seis meses. Las que no tuvieran el principal de mil quinientos pesos se cerrarían en un mes. Los cafés debían quedar repartidos por el corregidor y contar con su licencia En ellos las bebidas sólo se venderían a quienes fueran a tomarlas allí, y debían cerrar a las diez de la noche. Igual disposición debían observar las fondas. Los dueños de pulquerías podían vender bebidas, pero sólo durante el horario permitido a las vinaterías. Se fijaban las penas a los contraventores y se precisaba que los dueños de los establecimientos debían responder por sus empleados. Las cafeterías, "que son donde principalmente concurre la gente plebeya, y por eso se distinguen de los cafés, como los zangarros actuales de las vinaterías", no podían vender bebidas embriagantes ni haber en ellas juegos ni músicas, y debían tener licencia del corregidor. Los borrachos sufrirían las penas personales impuestas por el bando de 1810 y otras pecuniarias que se fijaban en el de 1811.[ 121 ]

A tres días de publicado el bando, el superintendente de policía le hacía saber a Venegas que había sido mal recibido. Sus nuevas providencias no servirían para extinguir la embriaguez, pues unas eran "muy difíciles de ejecutar, otras nunca vistas en pueblo alguno por civilizado que esté, y todas poco conformes a los principios liberales admitidos generalmente en estas materias".[ 122 ]

La disposición de que quienes compraran bebidas acudieran con sus vasijas para tomarlas en sus casas era "de suma dificultad en un país cuya mayor parte de habitantes, o a lo menos mucha, no sólo no tiene esas casas ni vasijas, pero ni vestido, pues andan desnudos".[ 123 ] No debía exigírseles licencia ni afianzar el principal en mil quinientos pesos por ser "contra la justa libertad que debe haber en todo género de lícito comercio".[ 124 ] Al haber menos vinaterías no habría menos bebedores sino que se lograría que en lugar "de embriagarse en sitios públicos donde nada se puede fraguar que no se sepa y que no se vea, lo ejecuten en los secretos escondrijos de una accesoria u otro paraje remoto del centro de la población y de las observaciones de la justicia".[ 125 ] La representación de los vecinos de Santa Cruz y La Palma vino a probar cuán atinado era este parecer de Puente.

El gobierno solamente debía cuidar de que no se vendiera nada perjudicial a la salud y que no se engañara con pesas o medidas, así como dar algunas reglas de buen orden. Las penas y castigos no habían logrado extinguir la embriaguez; para acabar con ella era necesario averiguar primero su causa. Ésta era, en su opinión, la educación, la que debía mudarse para acabar con los malos hábitos de la gente plebeya. El gobierno debía ocuparse de hacerlo, así como de proporcionarle al pueblo otra diversión, ya que la única con que contaba era la de asistir a una taberna o a una pulquería. Al exponer todo esto lo hacía por cumplir con su obligación hacia "los habitantes de este pueblo, a los que tengo ya muchos motivos para apreciar".[ 126 ]

El superintendente no fue el único que se opuso al bando publicado por Venegas, pero sí quizá el de más peso. Las razones dadas en su extenso escrito, además de poner de relieve su amplitud de visión al entender el problema debieron haber influido en la decisión de Venegas para suspenderlo, lo que se llevó a cabo antes de que finalizara ese año.[ 127 ]

A pesar de que la Junta de Policía y Tranquilidad Pública trabajó activamente en el cumplimiento de sus obligaciones no se llegaron a aplicar todos los puntos que contenía el reglamento, como se ve por la representación que llevó a Venegas el 25 de diciembre de 1811. Uno de los motivos fue, sin duda, el que no era suficiente el número de sus tenientes, y para remediarlo se había pedido ya al virrey que los aumentara a treinta y dos, uno para cada cuartel.[ 128 ] Otro motivo de mayor importancia fue la situación misma de la ciudad, abierta por todos lados, cuyos enemigos se confundían con sus defensores, y donde se conspiraba para trastornarla. [ 129 ] Sin embargo, por su parte la junta "sabe muy bien que la obra maestra de la policía más consiste en precaver los delitos que en castigarlos o proporcionar que se castiguen; y que lo primero hace mucho más honor a un gobierno ilustrado y benéfico [...]. Meditando seriamente en este punto halla que la principal causa de todos los males políticos y morales consiste en la educación", pues sin ella no sirven leyes ni castigos. "Por esto, mientras que el mayor número no esté bien instruido de sus obligaciones para con Dios, el rey y sus conciudadanos, no se puede contar con la obediencia, sino cuando mucho con su esclavitud." Para remedio de esta situación la junta se hallaba dispuesta a ocuparse de resolver el problema de educar a sus habitantes.[ 130 ]

Alamán dice que este sistema de policía no fue practicable por complejo y a poco se desistió de su aplicación.[ 131 ] El mismo Pedro de la Puente, en febrero de 1812, se quejaba de que "muchas cosas acreditan en México la debilidad e insuficiencia de esta Comisión de Policía puesta aún a mi cargo; y mis deseos son como si no lo fueren".[ 132 ] Mas, a pesar de no haber logrado del todo su propósito, debe destacarse el interés de los miembros de la junta, sobre todo del superintendente, por imponer el orden en un momento tan crítico, y la claridad con que expusieron las causas últimas de los problemas a los que se enfrentaban.

Hacia finales de 1811, época en que la Junta de Policía envió a Venegas su representación, el movimiento insurgente había entrado en una nueva etapa. A partir de la prisión de Hidalgo no se volvería a repetir la concentración de grandes grupos de rebeldes. Por ese entonces la insurrección se manifestaba en brotes cada vez más numerosos, diseminados por un amplio territorio, más difíciles aún de hacerles frente que a la innumerable hueste de Hidalgo.

Para la ciudad de México este cambio vino a significar una enorme diferencia. Si las fuerzas de Hidalgo en un momento dado habían amenazado a la capital, el peligro desapareció en cuanto emprendieron la retirada. Un año después, al aumentar los brotes por todas partes, sobre todo cerca de la capital, "ésta iba quedando por todos lados circundada por la revolución, cortadas las comunicaciones con la costa y con los jefes que operaban en diversas direcciones, y reducida a sus propios recursos".[ 133 ]

Bustamante hace notar que por entonces "el virrey Venegas sólo tenía expedita su omnímoda autoridad dentro de la capital, y podía muy bien llamarse Virrey de México, pues desde las orillas se presentaban insurgentes en crecido número".[ 134 ]

La prohibición de volar papalotes del 26 de octubre de 1811, que recordaba disposiciones anteriores sobre esta "frívola diversión",[ 135 ] nos hace ver que para estas fechas la ciudad de México se hallaba rodeada de partidas enemigas. La prohibición se renovó debido a los accidentes causados por este "pueril entretenimiento", pero la Junta de Policía aclaraba en su representación: "A las desgracias que se experimentaron se agregaba el perjuicio de echarlos de noche encendidos, por manera que podían servir de guía o contraseña a los enemigos que estaban a la vista de la ciudad".[ 136 ]

No menos peligrosos que los rebeldes armados se mostraban los simpatizantes con que aquéllos contaban dentro de la capital, cuyo número iba aumentando cada vez más. Esto se debía, en parte, a que México "como todas las ciudades grandes abunda en gente ociosa, aspirante y afecta a novedades".[ 137 ] Influían también la fama que Morelos cobraba día a día por sus triunfos militares y la fortificación de Rayón en Zitácuaro. Todo esto hizo creer a muchos capitalinos que la victoria de la insurrección era inminente.

Los ánimos no se enfriaron a pesar de la derrota sufrida por Rayón en enero de 1812 a manos de Calleja. Morelos, triunfante en Tenancingo, pasó a Cuautla al mes siguiente, donde preparó su defensa. Durante los largos meses que resistió con éxito los ataques realistas fueron creciendo las esperanzas de sus partidarios. A ello se debió que por estas fechas salieran de la capital no pocos de estos simpatizantes, quienes habían decidido unirse al movimiento para hacer más rápido su triunfo. Por su parte, los que prefirieron quedarse dentro de la ciudad se organizaban cada vez mejor para brindar otro tipo de ayuda, también efectiva, como el envío de dinero, armas y, fundamentalmente, información sobre las decisiones del gobierno y el movimiento de sus tropas. En la mayoría de los casos las autoridades se mostraron incapaces de impedir la salida de quienes deseaban sumarse a los insurrectos y tampoco pudieron evitar, sino ocasionalmente, que desde la capital se auxiliara a la insurgencia.

Uno de los problemas más graves que planteaban las gavillas de insurrectos alrededor de la ciudad de México era, sin duda, su empeño en interceptar la entrada a ella de todo tipo de provisiones. La capital necesitaba para su sostenimiento del diario acarreo de verduras, semillas, animales, carbón y también, claro está, de pulque y aguardiente. Se organizaron convoyes para evitar la pérdida de tales efectos, pero esto sólo aminoró el problema. Nos dice Alamán que, hacia mayo de 1812,

por muchos días no entraron los pulques de los llanos de Apan, artículo de primera necesidad en México, ni carbón de Monte Alto, y las carnes y demás mantenimientos iban escaseando cada día más, siendo frecuentemente invadidos por molinos de donde se proveía de harinas, no habiendo seguridad en ninguno de los pueblos comarcanos.[ 138 ]

Es claro que esta dificultad en el abasto de bebidas, pero sobre todo de pulque, influyó definitivamente en la proliferación de las vinaterías y tepacherías clandestinas, principalmente en las zonas más populosas de la ciudad donde era menor la vigilancia. La facilidad con que es posible elaborar el tepache, al no necesitarse de un equipo especial, permitió que esta bebida fuera un sustituto temporal de las que normalmente se consumían, cuyo abasto no era ya ni regular ni suficiente.

Los "falsos nombres" de algunas de las tepacherías, vinaterías y tabernas disfrazadas de cafeterías, que denuncia el escrito del 12 de julio de 1812, son interesantes porque de alguna manera reflejan el ambiente en que se vivía por entonces en estos barrios. [ 139 ] Algunos de los nombres, como el de El Infiernito, Depósito de Tequesquite y el Paso de Lucifer, ponen de relieve ese espíritu de profanidad que desde mediados del siglo XVIII fue invadiendo todos los aspectos de la vida novohispana. Por su parte los nombres de Cuautla, Aculco, Zitácuaro, Calderón y Tenancingo muestran que las noticias de la guerra insurgente llegaban a todos los rincones de la capital.

No es posible averiguar si los dueños de estos establecimientos eran o no partidarios de la insurgencia. Nombres como Aculco o Calderón hacen suponer ciertas simpatías por la causa del gobierno, mientras que Cuautla, Zitácuaro y Tenango pueden significar tanto la conmemoración de una victoria realista como la celebración de los denodados esfuerzos insurgentes en la defensa de un punto determinado contra fuerzas superiores a las suyas. Pudieron haber influido en la selección de los nombres de estos lugares los "muchísimos desertores" que al igual que las "mujeres rameras" se refugiaban en ellos. Lo que sí queda claro es que para los habitantes de la capital la guerra insurgente era una realidad con la que se contaba, y que se preocupaban e interesaban por lo que sucedía en los campos de batalla.

Los vecinos de Santa Cruz y La Palma, en su representación a Venegas, dan los nombres de siete "casas de taberna" que, según se desprende del texto, se hallaban situadas en su barrio. Señalan incluso las calles y plazuelas donde se localizaban, pertenecientes todas a la zona de ambas parroquias. Sin embargo, en el documento en que el teniente de policía Manuel Francisco del Cerro[ 140 ] da razón de la ubicación de las cafeterías, vinaterías y tepacherías salta a la vista que algunas de ellas se encontraban por otros rumbos de la ciudad. Las llamadas El Infiernito, Cuautla, Aculco y Calderón quedaban dentro de los límites de la parroquia de la Santa Cruz. El teniente Del Cerro da razón de otra llamada Amilpas, en el límite entre ambas parroquias. Pero la llamada Depósito del Tequesquite se hallaba en la parroquia de Santa Catarina, la de nombre Zitácuaro en la de Santa María y la de Tenango en la de San Sebastián. Esto puede deberse a error de los vecinos, aunque sería de preguntarse el porqué denunciaban sitios tan alejados de su barrio. Quizá haya habido cafeterías, tepacherías y vinaterías en distintas zonas de la ciudad con los mismos nombres que las denunciadas, pero es difícil que el teniente Del Cerro haya registrado las más lejanas, olvidándose de las que eran objeto de una denuncia. De cualquier manera, lo que esto viene a demostrar es que el uso de nombres de batallas insurgentes para estos expendios de bebidas no estuvo restringido a una zona de la capital.

El teniente Del Cerro proponía en su informe que estas "casas de taberna" se cerraran, aunque en ellas no se trataban ni promovían "conversaciones relativas a la insurrección", debido a la situación en que se hallaban, "expuestas a turbar el buen orden y a fomentar los vicios de embriaguez y disolución". No he encontrado prueba de que hayan sido clausuradas, pero es probable que lo fueran. También es probable que cerradas éstas se abrieran otras. Era necesario satisfacer de alguna manera la "sed" de los capitalinos.

En la representación del 12 de junio de 1812 quedan recogidos algunos de los problemas que sufría la capital novohispana en ese entonces. Estos problemas no eran nuevos, sino que habían surgido desde el momento mismo en que se fundó la ciudad. El empeño de las autoridades por sujetar a sus numerosos habitantes a un control y a un orden que hiciera factible su gobierno, fue constante a lo largo de la vida colonial de la ciudad de México. También lo fue la preocupación de las autoridades por frenar y regular el consumo que en ella se hacía de bebidas embriagantes, consumo que dificultaba y entorpecía la difícil tarea de gobernarla.

Las disposiciones para hacer de México una ciudad ordenada y regular fueron numerosas y continuas, pero su misma abundancia viene a demostrar que no fueron del todo efectivas. La separación inicial de indígenas y españoles en dos áreas claramente delimitadas fue desapareciendo debido a que, para el estado de vida adoptado por los conquistadores, les era necesaria la presencia cercana del indígena. A estos dos grupos originales de pobladores se fueron agregando mestizos, negros, mulatos y castas, así como indígenas procedentes de diversas regiones, atraídos por la posibilidad de encontrar en la capital mejores medios de subsistencia o una mayor libertad de acción. No pocos de estos nuevos pobladores, al no hallar en ella fácil acomodo, se constituyeron en "vagamundos" que vivían dentro de la ciudad, pero carecían de un lugar fijo de residencia y se desplazaban de un lugar a otro.

A pesar de que en el siglo XVIII, al igual que lo que se hacía en Europa, las autoridades elaboraron numerosos planes para regularizar la ciudad y ordenar su crecimiento, subsistió de la separación original una zona central, ordenada y regular donde, en términos generales, residían quienes detentaban el poder y la riqueza; y otra en la periferia, desordenada e irregular, habitada en su inmensa mayoría por personas de escasos recursos, cuyo gobierno ofrecía muchísimas dificultades a las autoridades de la capital.

La falta de un control efectivo sobre los habitantes de amplias zonas de la ciudad de México influyó no poco en los problemas que presentaban regular y frenar el consumo que en ella se hacía de bebidas embriagantes. Las disposiciones de las autoridades civiles y eclesiásticas para conseguirlo fueron asimismo numerosas y continuas, tanto para reglamentar el uso de las bebidas permitidas como para erradicar el de las prohibidas, cuya reiteración hace ver también su poca eficacia.

La aparición del movimiento insurgente vino a agravar estos problemas. La población de la capital novohispana, de suyo difícil de gobernar, se vio aumentada por quienes buscaban en ella un refugio mientras durase la guerra, y también por aquellos que obligados a alistarse en el ejército realista, desertaban de sus filas y se acogían a ella por no poder regresar a sus lugares de origen. Un nuevo problema vinieron a plantear los partidarios de la insurgencia que desde dentro de la ciudad de México deseaban ayudar al movimiento. Las autoridades de la capital, y sobre todo el propio virrey, se vieron en la necesidad de tratar de aplicar nuevos y más rigurosos sistemas de control. Sin embargo del empeño que se puso en establecer esa nueva policía, sólo algunos puntos de su reglamento pudieron aplicarse. Hacia 1812 seguía vigente la opinión de Villarroel sobre la poca efectividad de las disposiciones de las autoridades; hasta entonces "nada ha bastado a poner en su debido orden a esta capital del Nuevo Mundo".[ 141 ]