LA JUNTA DE REPRESENTANTES
O CONSEJO DE LOS DEPARTAMENTOS, 1841-1843

Lucina Moreno Valle

El 8 de octubre de 1841, con el triunfo de las Bases de Tacubaya, se creó la Junta de Representantes o Consejo de los Departamentos que funcionó hasta el 31 de diciembre de 1843. A la fecha ha sido poco estudiada su integración y funcionamiento posterior, ya que la información que proporcionan todos los escritores que tratan los acontecimientos políticos desarrollados en ese lapso es bastante escueta en lo que se refiere a este cuerpo. El presente estudio aprovecha una lista de los integrantes de la junta que se formó como parte del apéndice al Catálogo de la Colección Lafragua de la Biblioteca Nacional de México que próximamente se publicará. Al reconstruir la nómina de los representantes nombrados por Santa Anna y los que fueron designados con posterioridad por las juntas departamentales se encontró el problema de las diferentes denominaciones de ese cuerpo y los materiales que resultaron de esa investigación dieron pie a estos comentarios que tratarán de ofrecer una visión más amplia del papel que desempeñó y de la actuación de sus integrantes.

La creación de la junta se encuentra esbozada en las proclamas y actas de los jefes de la revolución que estalló en Guadalajara el 8 de agosto de 1841; en esa fecha, el general Mariano Paredes y Arrillaga, con motivo del descontento de los comerciantes por la ley que estipulaba el 15% de gravamen sobre la introducción de efectos extranjeros, se pronunció contra el gobierno de Anastasio Bustamante y contra las leyes de 1836; sugería el cambio del Ejecutivo, que recaería en "un ciudadano que mereciese la confianza del supremo poder conservador facultado extraordinariamente",[ 1 ] y si bien tuvo acogida esta proposición, "los más cautos, los que conociendo bien al caudillo sabían cuáles eran sus opiniones, no vieron sino una dictadura militar más terrible que las leyes constitucionales".[ 2 ] Al pronunciamiento de Paredes siguió el del general Gabriel Valencia en la Ciudadela de México el 31 de agosto, que días más tarde (4 de septiembre) lanzaba una proclama desconociendo al Ejecutivo y proponiendo la reunión de "una junta del pueblo como en los antiguos comicios de Roma, para designar al ciudadano que haya de ejercer el Ejecutivo interinamente".[ 3 ] El 9 de septiembre el general Antonio López de Santa Anna, desde Perote, se manifestaba contra el gobierno y proponía la creación de uno "más fuerte y vigoroso" para salvar a la República.[ 4 ]

El descontento de los revolucionarios y sus metas de desconocer al gobierno e iniciar la "regeneración" de la República se plasmaron en las Bases de Tacubaya firmadas el 28 de septiembre por Santa Anna, Paredes y Valencia y por los jefes militares que los apoyaban.[ 5 ] Las Bases fueron ratificadas por los representantes del gobierno de Bustamante, que convencidos de la imposibilidad de sostener la administración firmaron los convenios de la Estanzuela el 6 de octubre, dando con ello fin a la fugaz revolución armada iniciada dos meses antes. La parte expositiva de las Bases declaraba que, agotados todos los recursos legales para mejorar el orden público, se habían visto precisados a tomar las armas puesto que "la mayoría inmensa de los departamentos y casi todo el ejército han manifestado enérgica y definitivamente que no quieren ni consienten la continuación de las cosas y de los hombres que, desde el año de 1836, han regido nuestros destinos"[ 6 ] y para suplir provisoriamente la falta de autoridades supremas "cuya augusta misión ha cesado por haberles retirado el pueblo sus poderes",[ 7 ] proponían el nombramiento provisional del Ejecutivo temporalmente revestido "del poder necesario para hacer el bien y evitar el mal en todos los ramos de la administración pública". La persona designada contaría "con las luces de un consejo, que nombrarán los departamentos para que en ningún tiempo ni en ninguna circunstancia dejen de tener las partes integrantes de la República la influencia que de derecho les pertenece en los negocios de Estado".[ 8 ] Al finalizar la exposición proclamaban la reconciliación de partidos y el olvido de los actos contrarrevolucionarios.

El texto de las Bases de Tacubaya que se refiere expresamente a la creación y funcionamiento de la junta se cita a continuación:

Con un somero análisis de las declaraciones de las Bases se nota que casi todo el ejército se instituye, por voluntad propia, en órgano "autorizado" para revocar las autoridades legítimamente constituidas y para depositar provisionalmente el poder supremo en su general en jefe, ya que éste nombraría a los integrantes del cuerpo que parcialmente sustituiría a la representación nacional. Esta junta implícitamente era el sucedáneo del Congreso, puesto que ella designaría al Ejecutivo y tomaría el juramento al presidente provisional, función privativa del Congreso, y aunque se especificaba que era un órgano consultivo, políticamente satisfacía las demandas de los que se oponían a una dictadura militar.

La junta se reunió el 9 de octubre con el nombre de junta de los representantes suplentes de los departamentos y, antes de proseguir con el estudio de su integración y actuación, resulta interesante transcribir la opinión de algunos escritores sobre el Plan de Tacubaya. Zamacois dice que,

pretender que [...] incluía en sus artículos la voluntad nacional, argüiría que el pueblo mexicano renunciaba a sus derechos, abdicaba su poder y sus garantías en un hombre que disponía de la fuerza, renuncia y abdicación que ha estado muy lejos de hacer.[ 10 ]

Arrangoiz se refiere en los siguientes términos al comentar la primera y segunda bases:

cesaban por voluntad de la nación, que en nada se había metido, presenciando impasible lo acontecido, como en todos los pronunciamientos o motines militares anteriores, los poderes llamados supremos y la junta nombrada ad hoc para que pusiera en manos de Santa Anna la dictadura que a él se había tomado, había de designar con entera libertad la persona, que debiera ejercerla.[ 11 ]

El representante español en México, Pedro Pascual de Oliver, en su informe al primer secretario del Despacho de Estado, escribe lo siguiente:

con arreglo a la 2a. de las bases debía procederse a la elección de presidente provisional de la República por medio de una Junta de Representantes de los departamentos que se tomarían de los naturales o vecinos de los mismos, que residiesen a la sazón en la capital. El general en jefe del ejército vencedor era quien debía hacer la designación de estos individuos, y siendo aquel general en jefe el mismo señor Santa Anna, autor de la revolución y hombre dotado de las prendas y de la influencia que he procurado explicar en despachos anteriores, poca duda podrá quedar sobre el resultado de las deliberaciones de la junta. Con efecto, el general don Antonio López de Santa Ana fue nombrado presidente provisional por 39 votos de 44.[ 12 ]

El tenor general de los comentarios sobre la creación de la junta y la elección del presidente es negativo en muchos casos y en otros sólo se encuentra la mención del hecho; otras alusiones son repeticiones más o menos literales de los comentarios de Carlos María de Bustamante en su Gabinete Mexicano.[ 13 ]

Se ha apuntado ya que la creación de la junta obedeció al deseo de satisfacer la carencia de una representación nacional que legalizara aparentemente la elección de Santa Anna como presidente provisional de la República, revestido de facultades extraordinarias; el texto de las Bases que se ha citado refleja claramente una contradicción, puesto que por un lado sostenía que la junta se creaba "para que en ningún tiempo ni en ninguna circunstancia dejen de tener las partes integrantes de la República la influencia que de derecho les pertenece en los negocios de Estado"; por otro, limitaba sus funciones a "abrir dictamen en todos los negocios para que fuere consultado por el Ejecutivo", contrariando con ello la idea de que tomaría parte y compartiría la responsabilidad del gobierno.

De los representantes nombrados por Santa Anna y que votaron por su elección, se debe decir que, adictos en su mayoría al general en jefe, algunos de ellos habían formado parte de la Legislatura que funcionó en 1841 hasta el triunfo de la revolución de Tacubaya, otros habían firmado y sostenido las Bases de Tacubaya y otros más representaban a las clases acomodadas e ilustradas de la capital. En la lista que aparece al final de estos comentarios se apuntaron datos que permiten un conocimiento más exacto de las personalidades que apoyaron desde 1841 hasta 1843 la política de Santa Anna.

El 9 de octubre de 1841, la junta de los representantes suplentes de los departamentos, sancionó la elección del presidente y el 10 recibió su juramento. [ 14 ] Como no se tenía una idea muy clara de sus funciones, en sesión de 12 de octubre nombró comisiones de su seno para que se encargaran de dictaminar sobre los siguientes ramos: relaciones exteriores, relaciones interiores, justicia, negocios eclesiásticos, guerra, marina, hacienda, industria, instrucción pública, libertad de imprenta, crédito público y policía. A partir de esa fecha se fueron incorporando poco a poco los representantes nombrados por los departamentos y se estudiaba el límite de sus facultades.[ 15 ] El 15 de octubre se recibió una comunicación del presidente donde expresaba su deseo de que "La junta abra dictamen y le consulte lo conveniente sobre los negocios que quedaron pendientes en el congreso y consejo de gobierno, exceptuando sólo los relativos a la constitución de la república en sus bases esenciales".[ 16 ]

Esta comunicación es confusa, puesto que al considerarlos sucesores del Congreso y del Consejo no les dejaba, sin embargo, la posibilidad de legislar efectivamente.

El 26 de octubre la junta aparece como "Junta de los Representantes de los departamentos", omitiéndose a partir de entonces su carácter de suplente; en ese lapso se ocupó de asuntos variados entre los que cabe destacar la elección del gobernador de Michoacán, el problema de los asaltantes en los caminos y el más importante según las Bases de Tacubaya : el que trataba de la convocatoria a elecciones del Congreso que se suponía, habría de constituir a la República ; los dictámenes sobre este asunto se presentaron al gobierno el 13 de noviembre y fue hasta el 10 de diciembre cuando Santa Anna expidió el decreto correspondiente. En diversas sesiones se ocuparon del regreso de religiosos carmelitas a México, de los concernientes a la adquisición de bienes raíces por extranjeros, peajes de caminos, fondos del Ayuntamiento de México, facultades de la Junta directiva del Banco de Avío para el fomento de la industria nacional, proyectos de colonización de Esteban Guenot, etcétera.[ 17 ]

El 5 de diciembre el nombre de la junta se cambió al de "Consejo de los Departamentos" con el que funcionó hasta su clausura en 31 de diciembre de 1843.[ 18 ]

La junta o consejo no era el único órgano consultivo del Ejecutivo; constantemente encargaba a particulares que dictaminaran sobre asuntos de importancia como el funcionamiento de la empresa de tabacos, el restablecimiento de tribunales especiales de minería y juntas de arbitrios.

Durante los ocho primeros meses de sesiones la variedad de asuntos que estudiaron en el Consejo refleja que funcionaban realmente como sustitutos del Congreso; al ocuparse de los presupuestos para el año de 1842 lo hacían con la conciencia de quien comparte la responsabilidad del gobierno; lo mismo ocurrió cuando, el 31 de diciembre de 1841, Sabás Sánchez Hidalgo propuso ocuparse de la desvinculación de la propiedad raíz de manos muertas o bienes eclesiásticos y cuando, días más tarde, se discutía la proposición de Mariano Tagle sobre el privilegio de abrir un canal de México a Chalco; la moneda de cobre, cuya falsificación amenazaba con una nueva revolución, también fue tema de estudio e interés para los representantes de los departamentos.[ 19 ]

Con la elección de los diputados que habrían de constituir el Congreso unicameral que funcionó del 10 de junio al 29 de diciembre de 1842, la importancia del Consejo fue decreciendo; muchos de sus integrantes fueron elegidos para el cargo de diputados propietarios o suplentes de varios departamentos, y aun cuando en ocasiones los suplentes reemplazaban a los que pedían licencia por este motivo, o por otros, el número de asistentes a las sesiones era cada vez menor. Los asuntos que trataban también fueron menos importantes; les quedaron consultas sobre legitimación de hijos naturales y solicitudes de indulto que les remitía la Secretaría de Guerra.

El Congreso fue disuelto por orden del presidente sustituto Nicolás Bravo, y en su lugar, se creó la Junta de Notables o Junta Nacional Legislativa que funcionó del 6 de enero al 12 de junio de 1843; la presencia de algunos representantes en esta junta resulta reveladora en algunos casos de la postura de apoyo al conservadurismo de Santa Anna en esa época, en otros, señala la influencia de ciertas personalidades que representaban fuerzas o grupos antagónicos cuya presencia en la Junta fortalecería al gobierno; muchos de ellos renunciaron al nombramiento, subrayando con ello su desacuerdo con el grupo en el poder.

El 12 de junio de 1843 la Junta de Notables entregó al general Santa Anna las Bases Constitutivas y de acuerdo con ellas se convocó a elecciones de un nuevo Congreso que quedó legítimamente constituido el 28 de diciembre de 1843; como las bases consideraron la existencia del Consejo de Gobierno, que suplía en cierto sentido al Consejo de los Departamentos, se procedió a la clausura de este cuerpo el 31 de diciembre de 1843.[ 20 ]

Durante los dos años y casi tres meses de su existencia sirvió de testigo a los juramentos presidenciales de Santa Anna (10 de octubre de 1841), Nicolás Bravo (26 de octubre de 1842) y Valentín Canalizo (4 de octubre de 1843), justificando con ello su papel de "representante de la voluntad general". La magnífica compilación de Los presidentes de México ante la nación 1821-1966 recoge los testimonios más importantes de la historia del Consejo de los Departamentos, incluyendo el discurso del ministro de Relaciones donde reconocía, en nombre del gobierno, el auxilio y la cooperación que le había brindado de acuerdo con las Bases de Tacubaya; incluye también la contestación del presidente del Consejo, Joaquín Ramírez España, que declara que

si bien sus miras no han sido otras desde su creación que las de procurar por todos los medios posibles que la grande nación mexicana conserve en el decurso de los siglos, la libertad e independencia que justamente le granjearon sus virtudes, no puede lisonjearse en los últimos instantes de su existencia, de haber, no ya acertado, pero ni ofrecídosele la ocasión de llenar objetos tan grandiosos; porque reducido en sus facultades por el triste imperio de las circunstancias, al estrecho y pasivo círculo de dictaminar únicamente en las cuestiones que se le proponían por el Ejecutivo, y careciendo aun de la apreciable prerrogativa de iniciar aquellas leyes que en su concepto pudieran ser necesarias para verlos realizados, ha tenido que ceñirse a dar su opinión cuando se le pedía [...]. Ninguna es, por lo mismo, o muy pequeña, la parte que le puede tocar en las glorias de su época, pero ninguna es igualmente la que lleva en la responsabilidad y censura que justa o injustamente puedan merecer los actos que en ella han pasado [...]. Simple espectador de los acontecimientos políticos ocurridos en este último bienio, ha visto cambiar de fases a la revolución, y toca al término final de sus tareas con el consuelo de que al poder discrecional va a suceder el que las Bases Orgánicas han establecido, y de cuyos buenos o malos resultados no tiene que dar cuenta el Consejo, pues que ninguna parte le ha cabido en las variaciones que experimentó el Poder Constituyente.[ 21 ]

El día de la clausura de sesiones, los representantes de los departamentos firmaron un manifiesto que se transcribe a continuación:

Manifiesto del Consejo de Representantes a los departamentos:

El Consejo de Representantes al terminar hoy la misión de confianza que le confirieron los departamentos en cumplimiento del artículo 9 del acta de Tacubaya, estima como un deber el de dar cuenta a la nación de la conducta que ha observado durante el periodo de la administración provisional a que fue adherido por efecto de los deseos más sinceros y de las esperanzas mejor fundadas en pro de la regeneración social y política, tan ansiada como enérgicamente exigida en el mes de septiembre de 1841.

Bajo de dos aspectos muy marcados en la historia de la importante revolución que se consuma, ha sido considerada la existencia del Consejo de Representantes; el uno como cuerpo electoral en momentos de una verdadera exigencia, y el otro como consultivo del gobierno provisional o transitorio, creado por las circunstancias de la época, para hacer efectivo el pacto más solemne que se viera al cabo de una lucha prolongada, en la que ninguna parcialidad, ninguna opinión dejaron de tener sus días de triunfo y de contradicciones, como acontece de ordinario a todos los pueblos que vacilan en los medios de constituirse de un modo razonable y conveniente, probada que les ha sido la imposibilidad de llegar a la perfección tan costosa como inútilmente buscada en las revueltas que ha tenido por objeto la resolución de este difícil problema.

El Consejo de Representantes comprendió muy bien que su organización fue el resultado preciso e indispensable de un pensamiento acogido con aplauso en las críticas circunstancias del movimiento político que tan rápidos progresos hizo en Guadalajara, hasta México, desde aquí hasta Perote, y desde allí a Tacubaya y la Estanzuela en los memorables días 4, 11 y 29 de septiembre, 6 y 9 de octubre de 1841, porque acordes los jefes que tomaron la iniciativa del programa, y los departamentos que lo aceptaron, en los medios de suplir el gobierno representativo mientras la República volvía a su estado normal, la idea tomó luego el carácter de uniformidad que justifica hasta cierto punto las revoluciones, estimándola como la única que se ofrecía más a propósito para evitar los riesgos a que se temió expuesta la nación, por la ausencia, aunque temporal, del poder del Legislativo. Los departamentos entenderán que su Consejo alude a la intervención que ellos, por medio de él, fueron llamados a ejercer en la administración; pero que limitada esta intervención al arbitrio del Ejecutivo y en todo el rigor prescrito en la base novena del acta de Tacubaya, el Consejo adoptó también sus límites en la prudencia con que se ha conducido durante su representación.

Con esta conducta, cuya calificación toca a la historia, el Consejo cree haber cooperado al restablecimiento de la paz pública, bajo cuyos auspicios todos los deseos de un porvenir halagüeño y todas las esperanzas de una mejora social pueden muy bien realizarse a la vez que ninguna de cuantas garantías se han dado a la nación dejen de respetarse o de ser obligatorias, en el sentido claro y expreso con que se han establecido.

Muy graves y de la más alta importancia son casi todas las providencias que con el carácter de legislativo ha dictado el Ejecutivo en veinte y siete meses que ha estado como suspenso el gobierno constitucional; pero no habiendo aun llegado el tiempo de juzgarlas por sus resultados, apenas pueden conocerse por el examen que se ha hecho de ellas, las más veces con la mira de rectificarlas por medio del convencimiento. Esta quiescencia, ora sea de parte de la nación, ora de las autoridades que no la han interrumpido, está muy lejos de confundirse con la condición del vilipendio; porque no siendo efecto de una tolerancia servil, sino el de la esperanza que prepara el reinado de los principios bajo un régimen basado en la experiencia, pueden muy bien considerarse como el deseo constante de que la nación acabe de constituirse, sin olvidar ninguno de cuantos sucesos han atrasado su carrera civil y política. Una nueva era viene con el primer día del año 844; el poder discrecional llega a su término, y el jefe de la República, el gobierno de la época, va a presentar el testimonio más solemne de su respetuosa adhesión al sistema popular y representativo.

Verdad es que el Consejo no tendrá parte en el aplauso con que la opinión juzgue los actos de la administración provisional; pero tampoco merecerá la censura respecto de los que, con razón o sin ella, repruebe; porque habiéndosele circunscrito, según ha indicado ya, los negocios para cuya resolución ha sido consultado, no le queda al disolverse ni aun la satisfacción de comparecer ante la posteridad en clase de cuerpo iniciador. Él, sin embargo, se lisonjea, y de la mayor buena fe, con el desarrollo de los grandes proyectos que se han adoptado en pro de la industria y del comercio nacional, con la protección dispensada a las artes, y sobre todo, con el impulso que se ha dado a la instrucción pública. Participa además del placer, o si le es permitido decirlo, del honor de pertenecer a la época en que Yucatán ha vuelto a formar un vínculo de familia con México, por medio del pacto que afirma su reincorporación a la República ; y en fin, si le cabe parte en el sacrificio a que las penurias del erario lo han obligado, es porque los consejeros han pospuesto su interés individual, al deber de conservar un cuerpo, que sea cual fuere el título con que haya de considerarse en la grande escena política que termina, ha sido como la condición del programa de 841, tan fecundo en resultados, que la mayor previsión de entonces no era posible calcularse, al menos en todos los pormenores con que el gobierno ha ofrecido presentarlo, el día que cambie su poder discrecional, por el que la nación ha consentido dejarle en las Bases Orgánicas, que al cabo de muchas dificultades y de no pocos riesgos, se estiman debidamente como el principio de una fusión entre los partidos y las opiniones que durante diez años han alejado la paz pública. ¡Que la nación sea siempre feliz! ¡Que su poder, su respetabilidad y sus leyes le hagan en todos tiempos digna de sostener en el gran mundo el puesto que con tanta gloria conquistó en la independencia! He aquí los votos que el Consejo de Representantes le consagra en el último día de sus sesiones.

México, diciembre 31 de 1843. Joaquín Ramírez de España, representante por el departamento de Puebla, presidente. Andrés Castillero, José María Mata, representantes por el departamento de Californias. Fernando Larrainzar, representante del departamento de Chiapas, Matías Royuela, representante por el departamento de Coahuila. Pedro Fernández del Castillo, Casimiro Liceaga, representantes por el departamento de Guanajuato. Gabriel Sagaceta, representante por el departamento de México. Ignacio de la Barrera, Miguel Garibay, representantes por el departamento de Michoacán. Francisco Antonio Llano, Bernardo Guimbarda, representantes por el departamento de Nuevo León. Rafael Sarracino, representante por el departamento de Nuevo México. Vicente Manero Embides, representante por el departamento de Oaxaca. José Ignacio Durán, representante por el departamento de Puebla. Joaquín Díaz y Torres, José María Rojas, representantes por el departamento de Querétaro. Filomeno Oseguera, representante por el departamento de Sinaloa. Pedro García Conde, representante por el departamento de Sonora. Ignacio Martínez, representante por el departamento de Tabasco. Juan Martínez de la Garza y Flores, Manuel del Carmen Ortega, representantes por el departamento de Veracruz. Andrés Quintana Roo, representante por el departamento de Yucatán. Marcos Esparza, representante por el departamento de Zacatecas. Vicente Chico Sein, representante por el departamento de San Luis Potosí, secretario. Mariano Moreda, representante por el departamento de Oaxaca, secretario.

Sólo queda añadir que la nómina de los representantes que aparece a continuación se ha ordenado alfabéticamente, anotando el departamento que representaron, su calidad de propietario o suplente, si fue nombrado por Santa Anna o por la Junta Departamental correspondiente, fecha de juramento, registro de renuncia, y como datos complementarios, el nombre de la persona a quien sustituyó, si firmó las Bases de Tacubaya, si fue miembro de la Legislatura de 1841, del Congreso de 1842 y de la Junta de Notables de 1843.