Resumen
En este artículo se analiza una arista del proyecto de ley minera de 1908, acerca del impedimento para que las empresas extranjeras adquirieran minas en México, por lo que quedaban obligadas a constituirse bajo las leyes mexicanas. La propuesta alarmó al empresariado minero, integrado principalmente por estadounidenses y sus representantes en México, quienes protagonizaban un período de crecimiento económico y modernización de la minería, la actividad más dinámica de la economía mexicana de esa época. La discusión se enmarcó en un proceso caracterizado por el aumento gradual de la intervención pública en el mercado, como una vía para abordar dificultades asociadas con la inserción de México en los flujos económicos globales. La reforma fue rechazada, pero más tarde su contenido se incorporó en la Constitución de 1917, de tal manera que el debate exhibió la manera en que se configuró gradualmente la ruptura con el liberalismo del siglo XIX, en cuanto a los derechos de propiedad.
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